Opinión

Una casa de cristal

Actualizado el 09 de mayo de 2014 a las 12:00 am

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Una casa de cristal

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Extracto del discurso del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera

Vivimos un momento histórico extraordinario: la decepción de muchos costarricenses con sus gobernantes, con la política tradicional y sus estratagemas, se ha traducido en una resonante demanda de cambio, en una poderosa marejada que ha barrido a las viejas formas de administrar el poder. Ese cambio creador y fresco, la primavera política que ha hecho florecer al país con ilusión, no se ha expresado con violencia o espíritu de revancha, sino por medio de una renovada adhesión de nuestro pueblo a la democracia y al compromiso de remozarla y profundizarla.

En ese contexto, tomo debida nota de que mi elección representa ese clamor. Es un clamor que exige un cambio profundo en la forma en que el país se gobierna y administra. Es un clamor que pide verdad y luz en los procesos de toma de decisiones. Es un clamor que no quiere dádivas, sino empleos decentes; que no espera milagros, sino el eficiente manejo de los asuntos públicos; que no persigue otro sueño que aquel que alguna vez nos convocara y que nuevamente debe convertirse en la estrella que nos guíe: el de “construir una sociedad de oportunidades crecientes para el mayor número”.

Unidad y diálogo. Despojados de todo dogmatismo y práctica sectaria, y desterrando cualquier clase de revanchismo partidario, dialogaremos con todos los grupos políticos, fuerzas productivas, movimientos, poblaciones y sectores sociales que estén dispuestos a impulsar la transformación del país con espíritu ecuménico, tolerante y respetuoso de la diversidad que caracteriza a la sociedad costarricense de nuestros días.

Esta voluntad no nace solo de nuestras más profundas convicciones personales. También refleja, como lo demuestra la composición de nuestra Asamblea Legislativa, la voluntad del soberano de que sus representantes dialoguen y construyan acuerdos, pues no existe en nuestro Parlamento una mayoría automática. Por respeto a ese soberano y en atención a su mandato, tanto las instituciones del Estado como las organizaciones gremiales, los colectivos, las poblaciones y movimientos, debemos –con lucidez y firmeza– contribuir, de forma creativa y permanente, a superar las contradicciones que han impedido que Costa Rica cambie de lugar, estancándola.

La principal de esas contradicciones es, sin duda, la producida por una economía sustentada en un modelo que genera crecimiento, pero que, al mismo tiempo y paradójicamente, concentra la riqueza en pocas manos, creando condiciones de desigualdad y pobreza ajenas a la visión de bienestar que por décadas orientó a las políticas públicas de nuestro país. Pero esa contradicción perversa que queremos desterrar no es la única que nos agobia. También lo hace otra que no siempre –como argumentan algunos– se deriva de la primera. Me refiero a la falta de voluntad para negociar de buena fe, superando los miedos del pasado reciente, escuchándonos con respeto y colocando el bien común por encima de los intereses particulares o gremiales.

Sí creo indispensable que, con un espíritu generoso y lúcido, comprendiendo como comprendemos la situación actual que nos agobia, los grupos de poder –los oficiales y los fácticos– acometamos un esfuerzo renovado por colocar nuestras demandas en un lienzo cuyo marco no sea otro que el pabellón tricolor de Costa Rica.

Transparencia, signo de los tiempos. Superar ese estado de cosas demanda un diálogo fecundo basado en la transparencia. Requiere argumentaciones fundadas en información objetiva, no en el dogma ni en el mito, una información que debe ser clara y actualizada. Pero ese diálogo, incluso bajo las mejores circunstancias, no dará resultado si quienes lo emprendan no están dispuestos y dispuestas a transigir, a mirar hacia el futuro con una mirada trascendente que supere el interés corto, la reivindicación pequeña o la tentación de jugar con una lógica de “suma cero”.

Por esa razón y en aras de contribuir a ese proceso, haremos un gobierno transparente que, desde hoy, se compromete a rendir cuentas de todos sus actos en forma puntual, precisa y oportuna. En esta nueva Administración, el pueblo tendrá la posibilidad de escrutar, día a día, nuestras acciones, así como de señalar y censurar nuestras omisiones, para exigir las rectificaciones que correspondan.

Para ese propósito se cuenta con recursos tecnológicos cuya aplicación generalizada será una prioridad de mi Administración. No hay razón alguna para que el país no pueda aprovechar esos instrumentos que tanto pueden ayudarle a hacer transparentes los procesos de toma de decisiones y a promover la eficiencia del aparato estatal. Deseo que el Gobierno –empezando por el propio Despacho presidencial– funcione como una gran vitrina o “casa de cristal” , que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el Estado.

Combate contra la corrupción. La Constitución exige someter a la Administración “a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.

El respeto a este mandato constitucional marcará el principio del cambio que el pueblo reclamó en las urnas, pues tan corrupto es quien roba descaradamente los recursos del Estado como cómplice suyo quien no los administra con dedicación, eficiencia y respeto por los más necesitados.

La corrupción está carcomiendo nuestra democracia y está quebrando las finanzas públicas. El nuevo Gobierno la combatirá sin desmayo. No solo por razones éticas y económicas, que muy caro cuesta financiar a un Estado degradado por la corrupción y la ineficiencia. También, y principalmente, lo hará porque, cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones y consideran indignos a sus gobernantes, la democracia se hunde, la democracia se pierde y fenece.

Por eso afirmo que llegó la hora de acabar con la impunidad, la irresponsabilidad y la arbitrariedad de quienes, desde el sector público, la prohíjen. Y llegó la hora, también, de acabar con la complicidad de quienes, desde el ámbito privado, pretendan amasar fortunas con negocios ruinosos para el resto de la sociedad en connivencia con los primeros.

Para que la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo del erario público sea exitosa, no puede ser librada únicamente desde el Gobierno. Corresponde también a la sociedad civil, apoyada por los órganos de fiscalización y por los medios de comunicación, vigilar y evaluar la forma en que los funcionarios públicos cumplamos nuestros deberes.

Crecer y distribuir la riqueza. La nueva Administración no dará tregua a la evasión tributaria en todas sus manifestaciones. Esto resulta obligado por razones tanto éticas como prácticas.

El déficit fiscal que heredamos, cercano al 6% del PIB, pone en grave riesgo la estabilidad de la Hacienda Pública. Esto obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a actuar con absoluta responsabilidad. Tendremos que ser capaces de alcanzar, de aquí a dos años como máximo, los acuerdos necesarios para resolver este desafío, quizá el más grande que tengamos –después de la erradicación de la pobreza extrema– como familia nacional.

En la tarea por equilibrar y estabilizar las finanzas públicas no podemos quedarnos cortos, pues ya estamos llegando tarde.

A la par de los esfuerzos por contener el agravamiento de la crisis fiscal, emprenderemos de inmediato la lucha por incrementar la producción nacional y combatir las desigualdades sociales, que, como sabemos, afectan más a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con discapacidad, poblaciones con las cuales he adquirido un compromiso especial tanto en lo económico y productivo como en la consecución de un entorno libre de acoso, violencia y marginación. Ello conlleva rescatar al sector agropecuario, al cual renuevo nuestro empeño de apoyarlo y promoverlo como no se hizo en las últimas tres décadas, por medio de políticas públicas que faciliten el financiamiento, la producción y la comercialización de bienes, fruto de los afanes de las mujeres y hombres de nuestros campos.

La recuperación y la ampliación de las infraestructuras públicas, el esfuerzo que haremos por reducir las tarifas eléctricas, el impulso a la banca de desarrollo y otros programas orientados a incrementar la productividad y mejorar la competitividad del empresariado nacional, el apoyo a la industria turística y al desarrollo local, la continuación de la política de atracción de inversiones, aunada a la reactivación de la economía interna, el desarrollo del Pacto Ambiental con las presentes y futuras generaciones y la promoción de una producción nacional con crecientes grados de valor agregado son, todos, compromisos que asumimos con clara conciencia de que el país está obligado a ganar la batalla contra el desempleo, objetivo sin el cual será imposible terminar de manera perdurable con la exclusión y la pobreza.

Admitir que, en nuestro país, la solidaridad social se resquebrajó gravemente en los últimos años a consecuencia de políticas económicas que modernizaron el aparato productivo nacional, pero fraccionaron la sociedad, es fácil. Difícil e imperdonable sería no revertirlas a favor de quienes sufren mayores privaciones.

Haremos todo lo posible para elevar la inversión en educación pública, según la disposición constitucional, del 7,2% actual al 8% del PIB en los próximos cuatro años. Con ello fortaleceremos la mejor herramienta de movilidad y progreso social de que disponemos desde hace más de siglo y medio. Economizar en educación sale muy caro. La historia enseña que esta es la mejor inversión que cualquier país pueda realizar y, más todavía, el nuestro, que se ufana de ser uno en el que existen “más maestros que soldados”, aunque les maltrate.

También resulta estratégico asegurar la estabilidad financiera y el mejoramiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, tarea prioritaria de esta nueva Administración.

Los retos del futuro. Los retos que tenemos por delante son enormes, pero el país podrá enfrentarlos con éxito, porque en nuestro pueblo subsisten grandes reservas de virtud y coraje.

Hoy, los costarricenses demandan que llevemos el ejercicio democrático a cumbres mayores: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, bienestar de nuestros hermanos menores los animales, libertad de conciencia, defensa del ambiente y respeto a los derechos de las minorías.

Pasar de la democracia formal a la democracia real. Esa es la consigna de nuestro pueblo; ese, el espíritu de nuestros tiempos.

Seré profundamente respetuoso de la independencia de la Asamblea Legislativa. Dialogaré por igual con todas y todos los diputados de las diferentes formaciones políticas, cada vez que resulte necesario. De todas y todos ellos, especialmente de las y los del Partido Acción Ciudadana que me eligió presidente de la República, espero una actitud constructiva, rigurosa, firme, vigilante y fiscalizadora sobre los demás poderes del Estado, empezando por el Ejecutivo que presido. También a ellos y a ellas exigiremos igual mesura, pues la representación popular no admite desatinos.

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