Un nuevo instituto de control para la marihuana es innecesario y oneroso para el Estado

 19 mayo, 2015

Actualmente se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley que permitiría el uso de la marihuana con fines terapéuticos.

Más allá de la polémica que ha suscitado el proyecto, existe un aspecto que se plantea en el texto y que amerita especial preocupación, dada la coyuntura política, económica y social por la que cursa nuestro país.

En el artículo 9 de dicha iniciativa se estipula la creación del Instituto de Investigación, Regulación y Control de Cannabis y Cáñamo, como un órgano adscrito al Ministerio de Salud, con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, que tendría a su cargo exclusivo la realización de todas las investigaciones y el otorgamiento de licencias y permisos para la comercialización de las plantas cannabis y cáñamo.

Además, los artículos 11 y 12 le le otorgan una serie de competencias y atribuciones.

La creación de este instituto ha sido cuestionada. La Contraloría General de la República, por ejemplo, manifestó su preocupación sobre los costos que conllevará para el erario.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, señala que la creación de otro ente estatal es cuestionable, pues las instituciones con personalidad jurídica instrumental implican un crecimiento desordenado de la administración pública, tienen una incidencia en el gasto y generan problemas respecto a la delimitación de responsabilidades, evaluación de resultados, rendición de cuentas y duplicidad de funciones.

Siguiendo esta misma tesitura, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria indicó en su momento que un eventual Instituto de Investigación, Regulación y Control de Cannabis y Cáñamo, con personalidad jurídica instrumental, trae consigo una serie de inconvenientes dentro de la estructura administrativa del Estado: desorganización, riesgo e ineficiencia, así como de ser sujeto de acciones de corrupción y una difícil fiscalización, entre otros.

Los institutos de este tipo son ejemplo de dispersión, que crea inseguridad jurídica, debilita el control político y produce duplicidad de funciones y exceso de gasto.

Financiamiento. La Dirección General de Presupuesto Nacional considera que el proyecto repite los inconvenientes de la práctica legislativa de crear nuevas obligaciones sin señalar la fuente de financiamiento con la que debería contar el Poder Ejecutivo para sufragar los nuevos gastos, con lo cual se incumple lo que dice el artículo 179 de la Constitución Política.

La aprobación de este proyecto implicaría la demanda de mayor cantidad de recursos públicos para atender la nueva estructura orgánica del instituto en cuestión. El proyecto es contraproducente: agravaría el problema del gasto gubernamental, del déficit fiscal y, por ende, el endeudamiento público.

La creación supone también serios inconvenientes de índole presupuestaria, de control y fiscalización, así como de duplicidad de funciones.

Por otra parte, resulta innecesario, pues ya existen instituciones con potestades de investigación y fiscalización como lo son el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Salud y las universidades públicas. Debería aprovecharse la institucionalidad del país y la experiencia y conocimiento de estas entidades, en lugar de crear una nueva.

La última palabra respecto a la aprobación de este proyecto de ley la tienen los diputados, quienes deberán reflexionar sobre todos los aspectos antes señalados, pues su decisión podría tener consecuencias nefastas para las finanzas públicas.

La autora es abogada del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia