En materia de derechos humanos, Costa Rica es un país de luces y sombras

 18 mayo, 2015

Desde hace 60 años, Naciones Unidas viene celebrando cada cinco años el congreso mundial más importante sobre prevención del delito y justicia penal. Recientemente se celebró del 12 al 19 de abril el décimo tercer congreso sobre esta materia en la ciudad de Doha, Catar, en el Medio Oriente.

El tema principal de este 13.° encuentro fue “La integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas, para abordar los problemas sociales y económicos y promover el Estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como la participación pública”.

Ante un tema tan amplio y complejo, para poder ser tratado por más de 100 delegaciones miembros del sistema de Naciones Unidas y cerca de 3.000 participantes, fue necesaria la división y concretización en cuatro temas sustantivos: 1) Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias de prevención del delito y la justicia penal. 2) Cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional. 3) Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar nuevas formas de delincuencia transnacional. 4) participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.

La importancia de este tipo de congresos radica principalmente en que se constata la preocupación a escala mundial de determinados aspectos referentes al delito en un enfoque de intervención y prevención. Además, en estos encuentros se elabora lo que podríamos denominar como la política criminal en el mundo. El delito es un fenómeno generalizado a escala internacional, solo que se manifiesta en diferentes niveles nacionales y regionales. Además, existen enormes diferencias de enfoques, de cómo afrontar y prevenir el delito; así como la eficacia e imparcialidad de los sistemas de justicia penal de cada país.

Vínculo con el desarrollo. Hay argumentos convincentes, según Naciones Unidas, que respaldan la conclusión de que el delito y la justicia penal están estrechamente ligados al desarrollo. Por esto también está comprobado que en los países de menores ingresos los ciudadanos están expuestos a las más graves amenazas a su seguridad y bienestar; particularmente por las formas de delitos violentos (homicidios dolosos, robos con violencia y violaciones), lo anterior es evidenciable en nuestra región latinoamericana y particularmente en Centroamérica.

No por casualidad la seguridad ciudadana es la principal demanda y preocupación de casi todos los ciudadanos de países latinoamericanos. Somos una de las regiones más violentas del mundo; pero también una de las más desiguales.

En Europa, los homicidios dolosos ocurren en una media entre 2 y 4 por cada 100.000 habitantes. Del año 2008 al 2011, según Naciones Unidas, en algunos países como Honduras, la tasa de homicidios más alta de la región ha llegado a 91,6 por cada 100.000 habitantes; en El Salvador fue de un 70,2 y en Guatemala llegó a 38,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Lo anterior pese a tener en nuestra región centroamericana uno de los porcentajes más altos de personas privadas de libertad, lo que evidencia el error en las estrategias puramente represivas sin programas preventivos, ya que tenemos más presos, pero también más delitos.

Estado de nuestro país. Costa Rica no tiene las tasas más altas de homicidios, pero tampoco está al nivel de los países europeos, ni de muchos países asiáticos o de Oceanía. Diez es el promedio en los últimos años de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cantidad que preocupa y que viene en aumento.

En materia de derechos humanos, Costa Rica es un país de luces y sombras. Existen importantes y positivos esfuerzos para fortalecer el marco legal e institucional; sin embargo, el problema radica en la vigencia e implementación de estos derechos. Falta armonizar el marco legal con la política pública, es decir, verdaderos mecanismos para garantizar la efectiva vigencia de estos derechos fundamentales.

Tan solo un par de ejemplos. Existe un sinnúmero de legislación, desde constitucional hasta reglamentaria, que garantiza el acceso a servicios de salud y a la educación. Sin embargo, la mortalidad infantil de niños indígenas es dos veces más alta que el promedio nacional y su analfabetismo es seis veces superior al promedio nacional.

Lo mismo podríamos afirmar sobre los fines de las penas en adultos y en personas menores de edad; los objetivos rehabilitadores y educativos están garantizados en el marco legal nacional; no obstante, las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria, pero sobre todo la falta de programas de reinserción social para la población penitenciaria, vuelven ineficaz ese marco legal. Sin duda, las condiciones penitenciarias de nuestra población penal constituye el lado más oscuro en materia de derechos humanos.

Pero por qué es tan importante el delito y, sobre todo, su prevención, lo dijo muy bien el secretario general de Naciones Unidas el día de la inauguración del Congreso: “Las actividades delictivas socavan la autoridad del Estado, ya que fomentan la corrupción y causan daños a la economía legítima. Esto tiene repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos, en particular de los pobres, las mujeres y los niños. La existencia de sistemas de justicia penal eficaces y el respeto del Estado de derecho son esenciales para lograr el desarrollo sostenible”.

Costa Rica tiene importantes materias pendientes aún sin aprobar en derechos humanos y en justicia penal. El acervo del sistema de Naciones Unidas es una fuente obligada para el Estado si realmente quiere garantizar la efectiva vigencia de su marco legal.

(*) El autor es abogado