Opinión

Un cambio de paradigma para la pesca en Costa Rica

Actualizado el 27 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Un cambio de paradigma para la pesca en Costa Rica

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Son bienes de dominio público el recurso forestal, el minero, la vida silvestre, el agua, la biodiversidad, la zona marítimo terrestre y los manglares. En todos estos casos existen valoraciones científico técnicas previas al otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, etc., que son materializadas mediante instrumentos (planes reguladores, planes de manejo, evaluaciones de impacto ambiental, entre otros), los cuales a su vez definen qué, cómo, cuándo y dónde se puede realizar una actividad productiva en concreto.

¿Por qué no ha ocurrido algo similar cuando se trata de dar acceso a los recursos pesqueros? Algunos señalarán como la causa una institucionalidad débil, otros referirán un marco jurídico con inconsistencias, la ausencia de información científica, la falta de interés político en la materia, un conflicto de intereses público-privado en la toma de decisiones, etc. Lo cierto del caso es que el artículo 103 de la Ley de Pesca y Acuicultura dispone que el otorgamiento de licencias de pesca está condicionado a la disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate, y que este otorgamiento debe estar debidamente fundamentado en el resultado de estudios técnicos. No obstante, en la práctica esto no se ha venido cumpliendo, pues en la última década, el acceso a los recursos pesqueros en Costa Rica se ha caracterizado por la informalidad, la ausencia de criterio científico técnico y una escasa fiscalización, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos.

En este sentido, si el Estado y sus instituciones no son capaces de identificar y predecir los efectos que producirá en el ambiente una actividad pesquera específica, y el efecto acumulado de ellas, de manera que se establezcan de previo las regulaciones y medidas de mitigación requeridas para evitar un daño ambiental no deseado, deberían abstenerse de otorgar o renovar un permiso, una licencia, o cualesquier otra autorización administrativa que se pretenda otorgar sobre estos recursos marinos, que son de todos los costarricenses. Un razonamiento similar podría aplicarse ante la falta de capacidad institucional para fiscalizar, controlar y vigilar el correcto cumplimiento de dichas regulaciones y medidas.

Un antecedente reciente. En agosto de 2013, la Sala Constitucional, mediante la sentencia No.10540-2013, declaró inconstitucionales los artículos de la Ley No. 8436 de Pesca y Acuicultura que facultaban al Incopesca para el otorgamiento de licencias para la captura del camarón con redes de arrastre por considerarla un arte de pesca insostenible. Dicha resolución marca un nuevo norte en la política nacional pesquera del país, reivindicando el concepto de que el recurso marino es patrimonio de todos los costarricenses.

La Sala evoca los principios ambientales que cimientan la protección de los recursos naturales y la biodiversidad en nuestro ordenamiento jurídico, como el principio de sostenibilidad en el uso de los recursos, el principio de pesca responsable, el principio precautorio o in dubio pro natura, el principio de interés público ambiental, el principio de integración, etc. Todos estos principios conducen hacia una actividad pesquera selectiva y responsable con las generaciones presentes y futuras, a prevenir el daño ambiental y a la necesidad de contar con sustento científico técnico que garantice que el aprovechamiento pesquero que se autorice no pone en riesgo la preservación del ambiente marino.

A partir del análisis del arrastre de camarón, la Sala Constitucional pone en evidencia el retraso que tiene el país, y sus instituciones, en adoptar los principios de sostenibilidad más fundamentales en el manejo pesquero.

Es claro que los esquemas tradicionales de acceso al recurso pesquero deben cambiar. Urge generar criterio científico técnico y estadística pesquera que permitan desarrollar, a corto plazo, un nuevo sistema de licencias de pesca que garantice el acceso democrático a los recursos pesqueros. La definición apropiada de regulaciones y la toma de decisiones de manejo oportunas no viene a ser más que el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Este cambio de paradigma deberá conducir al país, entre otras cosas, a que la autorización de una actividad pesquera en específico no pueda darse en menoscabo desproporcionado de otras pesquerías, ni poniendo en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

En síntesis. El gran reto del país en materia pesquera es lograr que los principios del derecho ambiental, ampliamente desarrollados y reconocidos por la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo, se materialicen en los procedimientos para el acceso a los recursos, en las medidas de ordenación pesquera y en los programas de fiscalización y vigilancia, de manera que se alcance un nivel normativo de protección ambiental preventivo, similar al que existe hoy en Costa Rica para accesar a otros bienes ambientales, como el agua, el recurso minero, el recurso forestal, la biodiversidad, etc. Urge el fortalecimiento del Incopesca, del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, y del Servicio Nacional de Guardacostas, los cuales actualmente hacen esfuerzos por revertir esta situación.

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