Opinión

La burocracia en contra de la democracia

Actualizado el 12 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

El sistema está colapsado, y ello beneficia a criminales con título

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La burocracia en contra de la democracia

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De un día para otro, usted puede amanecer sin casa, sin finca o sin lote. Con la complicidad de un abogado, le falsifican su firma, hacen una venta fraudulenta y traspasan cualquier bien inmueble.

Para que usted recupere lo que es suyo, es posible que transcurran años y deba invertir cientos de miles de colones en gastos legales; además, debe tener altísimas dosis de tolerancia del cinismo y una enorme paciencia para no caer en la tentación de ejercer justicia por propia mano al verse despojado de lo que es suyo, ganado con trabajo honrado.

Mientras los meses trascurren, el dueño verdadero se ve imposibilitado de disponer de su propiedad y debe pasar por la humillación de tener que demostrar, ante un sinnúmero de instancias, que le pertenece lo que le pertenece.

Pruebas grafoscópicas, toma de huellas digitales, interrogatorios por agentes del OIJ, fiscales y demás, son parte del suplicio al que la “justicia” somete a la víctima, mientras quienes planearon el fraude presentan recurso tras recurso para perder tiempo.

Laberinto registral. El fraude registral, por la cantidad de coludidos para estafar y por la acción u omisión de instituciones del Estado, inflinge un grave daño moral a la sociedad y erosiona la confianza en la ley y la justicia. Toda presa es válida: desde el lote de cien metros cuadrados hasta las fincas de cientos de hectáreas.

Una vez localizado el objetivo, el infaltable notario hará el traspaso al falso dueño y otro “colega”, al supuesto comprador, quien, de buena fe, si lo es, procederá al disfrute o explotación del bien; si no lo es, hipotecará o venderá a otro y a otro y a otro para encadenar una serie de posibles ofendidos a los que será necesario notificar antes de tener la muy buena suerte de que el asunto se eleve a juicio.

En esta etapa, el Registro Público funciona como un tren bala: en un lapso de 72 horas, generalmente entre viernes y martes, se cambia al dueño de la propiedad y se inscriben hipotecas o lo que corresponda, anotando el bien, para que parezca que el estafador es el dueño.

Una vez puesta la demanda por el ofendido, el Ministerio Público debe pelear no solo contra una mafia organizada que utiliza toda clase de herramientas para entrabar el proceso, sino contra la cantidad de denuncias que recibe por delitos similares, así como con jueces que “patean la bola” y permiten el abuso del sistema por abogados que no conocen límites.

Impunidad. El sistema está colapsado, y ello beneficia a criminales con título que, un día sí y otro también, consiguen suspender audiencias, indagatorias o juicios. Cuando se les pruebe la adquisición fraudulenta, dirán ser “terceros de buena fe”, que no sabían nada, sometiendo a los estafados a una nueva humillación: la de experimentar en carne propia que en Costa Rica la impunidad no es exclusiva de los políticos.

El Juzgado Notarial solo sirve para acumular causas, y quienes usan su protocolo como arma de destrucción masiva de la confianza republicana, lo saben.

Los juicios por fraude registral duran no menos de cuatro años. La Sala Constitucional, conocedora de que este es uno de los delitos más frecuentes, no falla desde hace tiempo un recurso planteado por quienes, parece, no buscan defender derechos constitucionales, sino dilatar procesos.

La justicia pronta y cumplida es un mito, y la presunción de inocencia, establecida para defenderse de la arbitrariedad, es utilizada como patente de impunidad por quienes usan el sistema en su beneficio.

Aun cuando el Organismo de Investigación Judicial pruebe sin duda la falsedad del poder que originó el fraude, especialistas en el arte de las “conducta ilícitas” logran seguir dando largas a los procesos, en espera del mínimo descuido para robar.

Para que el Registro Público garantice que los bienes inmuebles no serán traspasados de forma fraudulenta, se nos obliga a pagar servicios de vigilancia que nos notifiquen de cualquier movimiento extraño, los cuales no pueden llevarse a cabo sin la participación de notarios que actúan como crimen organizado.

Coinciden los nombres de abogados, supuestos compradores de buena fe y testigos, en las distintas partes del país en que se cometen estos delitos.

En no pocos casos son exfuncionarios que conocen las debilidades del sistema y cuentan con amigos dentro.

La República es una promesa de confianza en la institucionalidad, pues se entiende que esta prevalece sobre los individuos. Sin embargo, la institucionalidad se ahoga ante los embates de quienes no conocen límites.

Si la confianza en el sistema se pierde, esto será la ley del sálvese quien pueda. ¿O es que la idea última es que perdamos tanto la fe en el sistema que tomemos la justicia por propia mano?

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