Un buen gobierno

Un buen gobierno debe ser competitivo y estratégico, con capacidad de invertir eficientemente sus recursos y con poder de cambio e innovación con visión hacia el futuro y con responsabilidades compartidas entre los ciudadanos y la administración.

El gobierno de Costa Rica tiene pocos de los atributos necesarios para lograr buenos resultados. Nuestro gobierno es solo una tercera parte del sector público, con una carga de actividades en continuo crecimiento, donde se ha perdido el control y donde la atomicidad de más de 300 instituciones y miles de leyes y reglamentos está paralizando el desarrollo.

Hemos creado un sector publico gigantesco, con una deuda que se ha duplicado en los últimos ocho años y cuyo costo lo tendremos que pagar irreversiblemente.

Nuestra realidad es la de un gobierno sin capacidad de negociación política con la Asamblea Legislativa para buscar medidas correctivas a los disparadores del gasto público, que ha generado una falta de confianza en el sector privado y financiero, al no encontrar soluciones a los apremiantes problemas estructurales de nuestra economía. Hoy, más de 240.000 costarricenses buscan trabajo, pero, debido a la carencia de capacidades desarrolladas, hay una disparidad preocupante entre la oferta y la demanda. Esta situación significa mayor desempleo y una informalidad que aumenta año con año, hasta situarse en un 44%.

Debemos hacer importantes reformas en nuestro modelo de Estado para romper con las apatías culturales, económicas, administrativas y políticas. No podemos seguir con un Estado que dure más de 40 años para construir una carretera tan estratégica como la de San Carlos.

Tenemos más de $450 millones del BID sin utilizar desde el 2014. La inoperancia, la tramitomanía y la ineficiencia en la gestión encarece todas las obras hasta en un 40%, del costo original proyectado.

No podemos continuar. Es importante que, en paralelo con el ataque al grave problema fiscal, analicemos cómo un país de tan solo 4,8 millones de habitantes tiene 18 ministerios y más de 80 órganos adscritos, 33 instituciones autónomas, 22 empresas públicas, 45 entes públicos no estatales, 11 instituciones semiautónomas, 5 universidades públicas, 81 municipios, empresas municipales, decenas de consejos de distrito y otras figuras muy creativas que hemos inventado.

Definitivamente, estamos ante una gran cantidad de instituciones con una estructura rígida, costosa, poco eficiente, con múltiples funciones duplicadas y que en su gran mayoría no cumplen sus labores estratégicas para el nuevo modelo de desarrollo de Costa Rica, que exige la globalización y una sociedad incluyente.

Lo peor de este Estado automatizado es la duplicación y la falta de gobernabilidad. Veamos el caso del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), que tiene a cargo siete museos, un centro de música, un centro de cine, cuatro teatros, un Consejo de la Persona Joven, el Archivo Nacional, el Sinart y la Editorial Costa Rica.

Con casos para análisis como el Teatro Popular Mélico Salazar que tiene en su junta directiva siete miembros, donde el ministro preside y el resto de sus seis miembros directores corresponden a directores de cinematografía, lírica, danza, teatro, Sinfónica Nacional y Juvenil.

¿Cómo se puede administrar un teatro con esta representación? ¿Cómo se podrá desarrollar un programa con esta estructura administrativa? ¿Quién es el responsable de los resultados? ¿Cómo fijar políticas a mediano plazo? ¿Quién es el especialista en administración pública y planeamiento?

Pero no solo es el MCJ el que vive esta extraña forma de administrar. En casi todas las instituciones del Gobierno y entes adscritos hay nombramientos que corresponden a los colegios profesionales, los rectores de las universidades públicas, las organizaciones gremiales de empresarios, la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (Unire), fundaciones, gremios profesionales, cooperativas, asociaciones, sindicatos y decenas de organizaciones civiles. ¿Podrán los ministros establecer prioridades? ¿Qué pasará con los intereses particulares de cada gremio?

Aparte del problema de una estructura administrativa compleja, está el aspecto de costos porque cada una de estas cientos de instituciones debe tener departamento legal, archivo, planificación, proveeduría, presupuesto, cómputo, recursos humanos, archivo, prensa, auditoría y servicios generales.

Con centenas de edificios alquilados a lo largo y ancho de Costa Rica se duplican los gastos de seguridad, recepción, mantenimiento y áreas comunes. Con el agravante de la pérdida de tiempo para los ciudadanos que tienen que estar trasladándose por todo el país.

Por lo tanto, hay una multiplicación y duplicación de puestos, costos operativos crecientes, alquileres, inversiones y servicios duplicados con una estructura compleja que afecta la competitividad del país y las finanzas publicas.

Otro caso patético es el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que posee diferentes edificaciones en entidades con estructuras administrativas complejas, como Setena, Biología y Minas, Agua, Autoridad Forestal, Hidrocarburos, Digeca y Tribunal Ambiental. Todos estos órganos adscritos, como en el caso de Setena, que tiene en su estructura directiva al Minae, al ICE, al AyA, al MAG, al Conare, al MOPT y a Salud.

¿Quién gobierna una institución tan importante como Setena? ¿Cómo se puede agilizar una institución que recibe miles de expedientes todos los años y no cuenta con los recursos humanos y físicos necesarios? ¿Quién le fija a Setena las pautas para que le dé prioridad a los grandes proyectos, en especial a los de alto impacto y a los de infraestructura? ¿Cómo podemos agilizar una institución que debe analizar el impacto de una casa de habitación de más de 500 metros cuadrados? ¿A qué horas se van a analizar todos los planes reguladores de las decenas de municipalidades?

Permisos. Es solo cuando analizamos esta compleja estructura que hemos creado, que caemos en la cuenta de que para dar un permiso de construcción están involucrados Setena, INTA, Senara, AyA, Salud, CNE, MOPT, INVU, Aviación Civil, Museo Nacional y otras instituciones.

¿Acaso saldremos de este embrollo con soluciones fáciles o decretos donde un presidente de la República debe firmar para cortar dos árboles que están paralizando una obra vial de millones de dólares y de alta prioridad?

Debemos buscar soluciones integrales para no seguir en este viacrucis. Esta maraña de leyes y decretos tiene paralizados el desarrollo, el empleo y la inversión.

Nada hacemos con hablar de Banca para el Desarrollo y apoyo a las pymes si no cambiamos esta complejidad de trámites que, al final, significa más papeles, más burocracia y más corrupción.

Competitividad. Nuestra competitividad depende, en gran parte, de que tengamos un Estado con una estructura organizativa que nos permita mayor gobernabilidad.

No podemos mejorar nuestra competitividad si no podemos construir infraestructuras, lograr estabilidad macroeconómica, buena salud, una educación de calidad y pertinente, un mercado laboral flexible y eficiente e innovación.

Nuestro mayor reto para volver a soñar con un crecimiento inclusivo es hacer esa transformación en nuestro Estado para conseguir que nos cueste menos y que sea más eficiente.

Una mayor eficiencia y gobernabilidad nos exige modificar la estructura de tanto órgano desconcentrado, ordenando la conformación de las juntas administrativas para que el Gobierno tenga autoridad y que no haya feudos.

La productividad nos reclama fusionar y cerrar instituciones que ya no son operativas. Deberemos ser muy selectivos al escoger los directivos de todas las instituciones.

Todos los puestos claves deben ser ejercidos por personas con experiencia, aptitud, honestidad y capacidad para que cuiden que los recursos de cada institución sean invertidos en proyectos prioritarios y que vigilen los costos operativos de cada institución de acuerdo con las realidades financieras del país.

El autor es ingeniero.