EscucharPese al clamor generalizado para que se reactive la obra pública y la economía, La Nación arremete en su editorial del 27 de agosto contra el ICE, en un inexplicable afán por frenar la salida del país del bache de más de 30 años en infraestructura.
Bien conoce el editorialista que el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de procurar el mayor bienestar a sus habitantes y que, para cumplir, resulta un imperativo la colaboración entre el poder central y las instituciones públicas, así como el aprovechamiento del conocimiento y la pericia técnica de otros entes.
En ese marco de Estado unitario, es que el Poder Ejecutivo pide apoyo al ICE, por su capacidad técnica y profesional en la construcción de grandes proyectos, que le han dado una sólida experiencia en campos como gestión ambiental y social, supervisión y construcción de obras civiles, desarrollo de esquemas financieros innovadores, sofisticados procesos licitatorios internacionales, administración de contratos y alta gerencia de proyectos, entre otras áreas.
Solo para dimensionar su tarea, cito cuatro datos. El Instituto, a hoy, ha levantado 1.321 kilómetros de líneas de transmisión, 56 subestaciones eléctricas, 111 kilómetros de túneles y ventanas de acceso y 230 kilómetros en carreteras.
Como parte del Estado, el ICE procura respaldar al sector público en el desarrollo de infraestructura en las distintas áreas en que, por su competencia, se ha especializado, como lo señala el pronunciamiento de la Procuraduría del 4 de agosto. De ninguna manera se pretende invadir competencias ajenas a las otorgadas en su ley de creación.
En las conclusiones del documento, se aclara que el ICE tiene autorizado suscribir acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de colaboración con entes públicos o privados, nacionales o extranjeros.
Todas las obras de infraestructura eléctrica construidas por el ICE, desde su creación hace 66 años, han sido diseñadas y ejecutadas dentro del plazo requerido y a costos competitivos. Es en ese rango de especialidad y con recurso humano propio –conscientes de que el interés público está por encima del particular– que el ICE aspira a apoyar al Estado en el impulso de obra pública.
Reconocimiento mundial. Aprovechar esa experiencia es parte de la responsabilidad del Estado en cuanto a la optimización de los recursos para impulsar la obra pública, tan venida a menos desde que los Programas de Ajuste Estructural (PAE) empezaron hace más de 30 años el desmantelamiento de las instituciones.
Recientemente, durante el Congreso de Ingeniería y de Arquitectura del CFIA, se resaltó el papel visionario del ICE al concretar esquemas innovadores de financiamiento para materializar sus proyectos dadas las limitaciones a la inversión y el endeudamiento propios, impuestas en la década de 1990.
Para no detener la obra de infraestructura eléctrica y asegurar la calidad y cobertura casi total del servicio, como lo manda la ley, el ICE promueve la participación privada en generación con esquemas no convencionales de financiamiento, como BOO, BOT, fideicomisos de titularización, arrendamientos con opción de compra, líneas de crédito con banca para el desarrollo, fideicomisos mixtos, etc.
Estas modalidades han contribuido al crecimiento de la participación privada en la generación eléctrica. Pero, al mismo tiempo, han generado un incremento en los costos por la compra de electricidad a generadores privados. Tanto, que estos subieron un 58% este año, al pasar de ¢62.425 millones en el 2014 a un estimado de ¢103.840 millones. Un incremento que no reconoció la Aresep y por el cual tuvimos que solicitar un reajuste tarifario para enfrentar ese pago.
Falacias. Los argumentos presentados en el artículo están alejados de la verdad y no contribuyen a un debate beneficioso ni objetivo de la reactivación de la economía. El editorial carece de solidez al:
1. Obviar el éxito del modelo solidario impulsado por el ICE, elogiado mundialmente por la calidad y la composición de la matriz eléctrica renovable y sostenible, así como por la cobertura de casi el 100% de los hogares.
2. Inducir al error de que existe un problema energético sin ningún tipo de sustento.
3. Ignorar la urgencia que tiene el país por encontrar soluciones viables y oportunas para la crisis en infraestructura.
4. Asegurar que ampliar el rango de acción del ICE en beneficio colectivo será proporcional a descuidar electricidad y telecomunicaciones.
5. Afirmar que este apoyo al Estado “consiste en estimular el gigantismo”. Al hacerlo, el editorialista oculta que el ICE tiene una población laboral especial de proyectos, que no forma parte de la planilla fija ni cuenta con beneficios especiales.
6. Acusar al ICE de ineficiente y ocultar lo que está haciendo y seguirá haciendo esta administración en la optimización operativa. Por ejemplo, se mantiene una estrategia de contención y reducción de la planilla, que ha bajado en más de un 10,2% en cuatro años; se disminuyó en un 23% el pago de horas extra en el último año; y se ha alcanzado, en este 2015, un ahorro acumulado de más de ¢9.600 millones en alquileres, remates de propiedades y seguridad institucional.
7. Desconocer que casi el 90% de las plantas eléctricas cuentan con certificaciones internacionales de calidad, ambiente y salud y seguridad ocupacional.
Para concluir, llama la atención que el editorial no reconozca ni siquiera uno solo de los logros del ICE, que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo social y económico del país.
Y que, en un afán absurdo, La Nación bloquee el asunto de fondo: la urgencia de la reactivación de la infraestructura y la responsabilidad del Ejecutivo, como parte de un Estado unitario, de solventar las necesidades básicas de sus habitantes.
Carlos Manuel Obregón es presidente ejecutivo del ICE.
