Cualquier investigación sobre lo que se enseña en las universidades públicas las fortalece

 8 noviembre, 2016

En las décadas de 1970 y 1980, las universidades públicas, en particular la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), fueron constantemente acusadas de practicar, de manera sistemática, el adoctrinamiento comunista.

Al hacer posteriormente un balance de esas acusaciones, con base en las experiencias de distintos colegas y amigos que fueron estudiantes en esa época y en las mías propias, resulta que el tal adoctrinamiento nunca existió.

Ciertamente, algunos profesores podían privilegiar la enseñanza de teorías y conceptos marxistas, pero eran los menos, y aun en estos casos, el marxismo era estudiado junto con otras corrientes teóricas.

De todos los profesores que tuve en la UCR, solo dos impartieron cursos predominantemente marxistas en términos de sus perspectivas, pero en ambas asignaturas los estudiantes teníamos plena libertad para escoger los enfoques teóricos y metodológicos para las investigaciones, trabajos y exámenes que debíamos realizar.

No podía ser de otra forma en una institución como la UCR donde los programas de los cursos eran y son revisados, antes del inicio de cada semestre, por comisiones de profesores donde participan personas de diversa formación académica y con preferencias políticas e ideológicas muy diferentes.

Fantasmas. Pese a que la Guerra Fría ya casi se enfrió completamente, sus fantasmas todavía pueden ser revividos de vez en cuando para tratar de sembrar miedos entre la población, ya sea porque un partido como el Frente Amplio logra un resultado electoral mejor de lo previsto o porque en una institución como la UCR existe una cátedra llamada Ibn Khaldun, coordinada, entre otros, por Roberto Marín Guzmán, uno de los más reconocidos historiadores costarricenses de la actualidad.

Evidentemente, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) tienen todo el derecho de investigar esa cátedra a partir de la denuncia interpuesta por la exvicepresidenta de esa organización política, Clara Lieberman (si lo hacen, tal vez encuentren tantos islamistas radicales en las aulas universitarias como comunistas revolucionarios hubo otrora). Además, la denuncia de Lieberman, al llamar por ampliar aún más los contenidos, podría ser atendida por los coordinadores de la cátedra al organizar un ciclo de conferencias sobre la influencia política, económica y cultural que las distintas comunidades de inmigrantes del Medio Oriente han tenido y tienen en la Centroamérica actual.

Autonomía. La denuncia presentada por Lieberman a los diputados del PLN ha llevado a algunos académicos a rechazar que la cátedra antes referida sea investigada porque eso implicaría una violación de la autonomía universitaria.

Investigar cualquier aspecto académico, administrativo o político de la UCR, incluidos los contenidos de los cursos o cátedras que dicha institución imparte, no viola la autonomía universitaria. Tal violación solo se configuraría en el momento en que una instancia externa trate de modificar el gobierno universitario, de cambiar su organización administrativa, de variar sus políticas, de definir lo que se investiga o de imponer lo que se enseña.

En vez de rechazar indagaciones de este tipo, la UCR debe darles siempre la bienvenida: exponerse al escrutinio público, independientemente de las razones que lo fundamenten, es una obligación constante y permanente de las universidades públicas.

La autonomía universitaria no es un escudo para que la sociedad costarricense no pueda ver lo que ocurre dentro de tales universidades ni un fundamento de inmunidad para quienes las dirigen (aunque a veces algunos la utilicen con estas intenciones).

Según el voto 1313-93 de la Sala IV, la autonomía universitaria se refiere, en lo fundamental, a “la libertad de cátedra (artículo 87 de la Carta Política), que se puede entender como la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien, en el sentido de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas en lo interno de la institución, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento”.

Lejos de lesionar la autonomía universitaria, cualquier investigación sobre lo que se enseña en las universidades públicas las fortalece, muy al contrario de los que a menudo invocan esa autonomía para esparcir miedos, vendar ojos y amordazar bocas.

El autor es historiador.