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El autosabotaje de Perú

Actualizado el 11 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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SAN MARCOS – Perú es famoso en todo el mundo por ser la cuna de la civilización incaica y por su exquisita cocina. Pero hay otra característica de la que también puede alardear: es una de las economías de más rápido crecimiento de Latinoamérica, con un incremento interanual del PIB del 4,8% en el primer trimestre del 2014. Sin embargo, la prosperidad de Perú a largo plazo no está garantizada.

De hecho, el crecimiento económico de Perú (que depende en gran medida de la exportación de materias primas e hidrocarburos) ya se viene frenando respecto de las tasas anuales de entre 5,5% y 6,9% que registró en los últimos tres años. Y, a pesar de que el Gobierno reconoce la necesidad de encarar reformas que alienten el crecimiento, su enfoque de la cuestión es completamente errado.

En concreto, el presidente, Ollanta Humala, obtuvo hace poco aval legislativo para una serie de medidas “realistas”, con el fin de reducir un exceso de burocracia que presuntamente traba la inversión en industrias extractivas; precisamente, las industrias de las que la economía necesita volverse más independiente. La nueva ley menoscaba seriamente la capacidad del Estado peruano para regular el uso de la tierra, fijar normas de calidad ambiental y poner freno mediante evaluaciones de impacto ambiental a los abusos corporativos.

El Gobierno peruano se enfrenta ahora a un serio problema. Además de disminuir la credibilidad internacional de Perú como “líder climático” (imagen que algunos miembros del Gobierno tratan de cultivar), la ley pone en riesgo el entorno natural de Perú y sus perspectivas de crecimiento económico.

El Gobierno de Perú no solo no hizo lo que había que hacer, sino que trabajó activamente en contra de los intereses del país a largo plazo. En momentos en que todo el mundo necesita regular más estrictamente el uso de la tierra, la “reforma” de Humala elimina normas de zonificación.

Además, conforme a la nueva ley, los gobiernos subnacionales ya no podrán tomar decisiones que limiten las inversiones por motivos de protección ambiental (decisiones que se basaban en estrictas normas técnicas y el trabajo de expertos altamente calificados). En vez de eso, la última palabra la tendrá una autoridad nacional, es decir, un organismo político. Todo esto deja a Perú más vulnerable a abusos corporativos que provoquen daños ambientales.

Por si fuera poco, la nueva ley es un retroceso respecto de la legislación previa, ya que su aplicación puede traer una reducción de sanciones para los transgresores e, incluso, permitirles operar impunemente por tres años. Para las empresas mineras y productoras de gas y petróleo, que ya le echaron el ojo a las abundantes reservas debajo de la pluviselva del Amazonas y de la plataforma continental del Pacífico, es una buena noticia. Pero, para las comunidades indígenas, es el comienzo de un nuevo capítulo de expolio, pobreza y conflicto. Y, para todos los peruanos, supone la pérdida de una oportunidad incalculable de poner al país en una senda de desarrollo más sostenible.

El problema no es que el Gobierno apoye a las empresas, ya que para cualquier plan de reforma económica es fundamental tomar medidas que refuercen el crecimiento y el desarrollo económico. Pero permitir operar impunemente a empresas con un mal historial ambiental no es la solución. Un país con una legislación hecha a medida para beneficiar a unos pocos, a costa del interés público, no puede obtener prosperidad inclusiva a largo plazo y se expone a la inestabilidad social.

La nueva ley no es la única política cuestionable del Gobierno peruano. El mes pasado, el Congreso también redujo el poder de supervisión ambiental del Gobierno, con el argumento de que, de ese modo, la tasa de crecimiento económico aumentará entre un 1,5% y un 3%. El Gobierno impulsó el tratamiento de la iniciativa en poco menos de dos semanas, con apenas un remedo de consulta pública y sin dar tiempo a un debate público razonado. Dada la fuerte oposición de organismos sociales, partidos políticos, las Naciones Unidas e, incluso, algunos intereses empresariales, la conducta del Gobierno fue a la vez comprensible e imperdonable.

De hecho, más de 100 organizaciones rechazaron el paquete antes de su aprobación y demandaron normas ambientales más restrictivas y una fiscalización más estricta de su cumplimiento.

Estas organizaciones saben que Perú necesita con urgencia una nueva visión económica orientada al futuro y centrada en reducir la dependencia de Perú de las industrias extractivas, que ya tienen los días contados. Y un buen modo de empezar sería fomentar la inversión en industrias ecológicas, algo que, como demostró hace poco el Banco Mundial con uso de sólidos modelos teóricos, no restringe el crecimiento económico.

En setiembre, Humala viajará a Nueva York para explicar las acciones “decididas y ambiciosas” de Perú para detener la crisis climática mundial. En diciembre, Perú será sede de la próxima ronda de negociaciones climáticas de la ONU, en la que Gobiernos de todo el mundo se reunirán en Lima, en busca de un acuerdo integral que permita una transición del uso de combustibles fósiles, sumamente nocivo para el medioambiente, a soluciones energéticas no contaminantes.

Las últimas acciones de Perú menoscaban seriamente, y para perjuicio de todos, su capacidad de actuar como líder climático internacional. Solo con una nueva estrategia basada en la diversificación económica y la inversión en energías renovables, podrá Perú alcanzar una prosperidad estable, inclusiva y duradera, y contribuir realmente a aliviar el cambio climático.

César Gamboa es director ejecutivo de la organización no gubernamental peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. © Project Syndicate.

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