Opinión

La autorregulación ambiental

Actualizado el 26 de abril de 2017 a las 10:50 pm

Cada día son más las empresas en busca de obtener certificaciones ambientales

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Las medidas para conseguir el desarrollo sostenible están constituidas por una amplia gama. Históricamente, los enfoques se han limitado a los denominados "mecanismos de comando y control", basados en prohibiciones y restricciones impuestas por la legislación y sus respectivas sanciones en caso de transgresión. Esta estrategia ha tenido un impacto limitado debido a las dificultades para hacer cumplir las normas ambientales, tanto de manera preventiva (mediante el control por la vía de permisos y autorizaciones) como para fiscalizar el desempeño de las diferentes actividades domésticas y, sobre todo, empresariales.

Recientemente, ha tomado particular fuerza el fomento y uso de los mecanismos económicos o de mercado, así como la denominada "autorregulación" o "regulación voluntaria". A pesar de que para cierto sector ambientalista el empleo de mecanismos de autorregulación y mercado son inaceptables, estos constituyen un abordaje complementario a la regulación ambiental tradicional basada en la estrategia de comando y control y cuya importancia aumenta aceleradamente.

Mayor conciencia. Cada día son más las empresas en busca de obtener certificaciones ambientales (de la más diversa naturaleza), ISO 14001 y carbono neutralidad, entre otras, o bien, que desarrollan programas de responsabilidad social empresarial y producción más limpia, o que se adhirieren a iniciativas que requieren cumplir con buenas prácticas ambientales y sociales, incluido reportar a la sociedad y a sus empleados el desempeño ambiental de la organización.

Adicionalmente, se espera que los consumidores y compradores prefiramos o paguemos más por aquellos bienes o servicios producidos en armonía con el ambiente y, consecuentemente, las empresas podrán obtener ingresos adicionales, ganar mercado, mejorar su imagen pública, disminuir costos de seguros y otros gastos, e incluso incrementar el valor de sus acciones.

No obstante, quienes pretenden utilizar este tipo de mecanismos para mejorar su desempeño ambiental –ciudadanos y empresas– han contado con pocos incentivos directos (además de las motivaciones éticas o personales) que los apoyen.

Los incentivos existentes en el país se han concentrado en las exoneraciones de impuestos a determinados equipos e insumos (especialmente en el área agropecuaria y de energía) o a ciertos bienes inmuebles, además de esquemas como el pago por servicios ambientales en sus diferentes modalidades y declaraciones genéricas de ofrecer capacitación o asesoría.

Figuras poco utilizadas. Existen otras figuras poco utilizadas. Así, el Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental establece que será posible reconocer u homologar, para efectos de obtener autorizaciones, planes de gestión ambiental voluntarios.

En sentido congruente, las guías voluntarias de la construcción, aprobadas por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena), permiten a quien se acoja a ellas disminuir la significancia ambiental de su proyecto y, de esta manera, eventualmente, debería estar sujeto a instrumentos de gestión ambiental menos complejos y onerosos.

Algunas leyes y decretos disponen que debe preferirse o fomentarse, en igualdad de condiciones, productos certificados en las compras estatales, en atención al concepto de compras verdes o de compras sostenibles, como ocurre en materia forestal y en el caso de la agricultura orgánica.

De igual forma, el certificado de sostenibilidad turística pretende otorgar un reconocimiento a quienes se adhieran voluntariamente a determinados lineamientos ambientales y sociales previstos en un manual y, en contrapartida, el ICT se obliga a promover, de manera diferenciada, o a dar prioridad en capacitación y apoyo a quienes ostenten el certificado.

Finalmente, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de tarifas menores a quienes lleven a cabo una buena gestión de los residuos sólidos que generan.

Tareas pendientes. No obstante, aún queda camino por recorrer. Por ejemplo, podría establecerse un sistema más expedito para dar las autorizaciones a quienes cuenten con ciertas certificaciones, mediante la simplificación de trámites y la reducción de tiempos de respuesta; ampliar –cuando lo permita le legislación– los plazos de estas; y fijar tarifas, cánones o primas reducidos bajo supuestos específicos que demuestren un adecuado comportamiento ambiental –sujeto a medidas razonables de verificación–, entre otros.

Muchas de estas medidas no requerirían erogaciones fiscales y serían relativamente sencillas de ejecutar.

Lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la mejora continúa del desempeño ambiental de empresas y personas.

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