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Los atributos de la República

Actualizado el 27 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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La Asamblea Legislativa ha avanzado en la reforma del artículo 1.º de la Constitución, al punto de aprobarla en primera legislatura. Es previsible que la reforma sea un hecho a comienzos de la siguiente.

Dicho artículo postula que Costa Rica es una república “democrática, libre e independiente”. Estos atributos están reunidos en el quicio mismo de la Constitución, como el eje en que reposa la estructura de nuestra organización política. La enmienda agrega otros dos: la república es también “multiétnica y pluricultural”.

La propuesta de reforma data del 2008. El procedimiento cristaliza una potestad exclusiva de la Asamblea: introducirse en un texto, la Constitución –destinado a la perennidad y la pervivencia–, para enmendarlo. Esto debiera sobrecoger al legislador consciente de lo que hace, transitorio como es su oficio.

Asumir la diversidad. La enmienda es tanto más importante porque inserta dos principios en el contexto de una disposición definitoria esencial; principios, y no simples reglas de derecho, por lo común más mudables. Se trata de principios jurídicos que se apoyan en el dato ineludible de la realidad social y cultural, que abandonan el discurso de una supuesta y presuntuosa homogeneidad, asumen la diversidad y predican que es desde esta que se construye la unidad política y el régimen de derecho. En este sentido, la reforma enriquece la Constitución porque materializa la idea de que este texto normativo es el espacio de la inclusión política y social.

Cuando sumo mi voto como legislador a la decisión irreversible de enmendar el artículo 1.º, no pierdo de vista la enorme importancia del ejercicio de esta potestad legislativa para el rediseño y el pautado social. No obstante, no me ufano por eso. Pienso que, en perspectiva temporal, la tarea del legislador es limitada y relativamente modesta. Los principios jurídicos que ahora se reconocen en la Constitución irradiarán al resto del ordenamiento con imprevisible influjo en el sentido y matices de sus disposiciones. A causa de la reforma, sobrevendrá, espero, una onda de mutación y concreción constitucional que, para regocijo de algunos, como yo mismo, quizá nos depare el marco jurídico de una convivencia más tolerante, más respetuosa de la diversidad y la diferencia, menos aherrojada por prejuicios y dogmas, más amigable con la dignidad humana.

Pero la tarea de llevar a la práctica la mutación y la concreción constitucional ya no irá de la mano del legislador, sino de la del juez, que es quien a fin de cuentas interpreta y aplica el ordenamiento, quien dice qué es el derecho. La reforma constitucional a base de principios potencia las facultades del juez y magnifica el impacto de su función en la configuración social. Supongo que esto sucede especialmente con el juez constitucional. Esto ya se verá.

Me permito una observación final. La propuesta de reforma constitucional dice que muchos países latinoamericanos han enmendado sus constituciones para reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de sus sociedades. Así es, y los ejemplos abundan. En algunos casos, este fenómeno se inscribe en lo que hay quienes llaman “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, caracterizado por la adopción de textos que enhebran las dos partes en que por lo general se dividen las constituciones: la relacionada con la organización del poder, y la destinada a la declaración de derechos, instituyendo por un lado mecanismos para empoderar la figura presidencial y su entorno (asegurando, por ejemplo, un continuismo casi carente de obstáculos, implantando instrumentos de dominio de los poderes Legislativo y Judicial, y de invasión del ámbito de las libertades públicas), y reconociendo por otro lado principios y derechos fundamentales pasibles de ser tutelados por medios populares o populistas.

Evidentemente, la intencionalidad de nuestra propia reforma constitucional discurre por otros cauces, inscrita como está en el contexto de una Constitución desprovista de elementos autoritarios.

El autor es diputado del Partido Liberación Naciona (PLN).

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