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La aspiraciónde todo abogado

Actualizado el 25 de octubre de 2012 a las 12:00 am

En muchos casoses preferibleuna solución negociada del conflicto

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Una función esencial del ejercicio de la abogacía es procurar la solución del conflicto social o individual, según sea el caso. En esa línea, le debe ser inherente fomentar la “cultura de paz”, provocando que los ciudadanos en conflicto puedan lograr acuerdos convenientes de manera negociada.

Así lo propugna el artículo 22 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, que al respecto dice: “Es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar litigios o conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones extraprocesales”.

Igualmente, el artículo 11 de la Ley de Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social impone a los abogados el deber de informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos alternos para solucionar sus disputas.

Es evidente que nuestro país se ha vuelto cada vez más litigioso, los Tribunales de Justicia están saturados por miles de procesos de diversa naturaleza, muchos de ellos relacionados con situaciones que otrora habrían sido resueltos entre los interesados de manera conversada.

Como abogado litigante, quiero reconocer que ningún caso me ha producido más satisfacción profesional que aquellos que han concluido con un arreglo extrajudicial. Pero no se trata solo de la satisfacción profesional que otorga ver a dos personas reconciliadas; se trata de ser conscientes de que en un caso bien o mal llevado siempre hay un ganador y un perdedor, mientras que en un caso negociado siempre hay dos ganadores.

Mi experiencia profesional es en materia penal, y aun en esta, donde se ventilan los asuntos más gravosos y en algunos casos hasta repugnantes para la sociedad, el legislador ha reconocido de manera expresa, en el artículo 7 del Código Procesal Penal, que es un deber de los Tribunales resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes.

Para ello se han regulado diversos mecanismos procesales que permiten, en determinados supuestos, la solución negociada de las causas. Por otra parte, en tratándose de temas patrimoniales disponibles, la solución negociada del conflicto es un derecho recogido expresamente por el artículo 2 de la Ley RAC antes mencionada.

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Recientemente, me comentaron sobre una escena vivida ante un tribunal penal, en el cual las partes, luego de lograr un acuerdo, terminaron abrazadas de manera sentida: esa y no otra debería ser la aspiración de todo abogado.

En mi propia experiencia, entre otros, me viene a la memoria un asunto que atendí profesionalmente, donde había varios procesos penales relacionados con la misma problemática patrimonial. Ganamos el primer caso en primera instancia y mis clientes, aunque satisfechos, no estaban del todo conformes, porque el conflicto persistía y debíamos seguir adelante con los demás procesos relacionados. Finalmente, logramos un arreglo integral con la contraparte y fue el único momento en que pude ver a mis clientes visiblemente contentos e igualmente a la contraparte, con abrazos incluidos, pues como me dijo luego uno de mis clientes: “(...) con esto finalmente logramos la paz después de tantos años de pleito”.

Los litigios son altamente desgastantes para las partes y la mayoría de los ciudadanos no lo saben cuando deciden entrar a un proceso judicial. Es nuestro deber como abogados advertirlo y ofrecer otras opciones alternas para la solución del conflicto. Pienso que solamente se debe litigar cuando es estrictamente necesario hacerlo.

Mi declaración no es una invitación a ser timoratos o a permitir que nos ultrajen; no nos confundamos. Frente a la injusticia perversa o pretensiones abusivas e intransigentes, deberemos litigar de manera firme y contundente.

Además, es claro que habrá asuntos en los cuales existe un interés público o particular gravemente comprometido, donde no podrá existir una solución negociada ni la Ley lo permite. Sin embargo, pienso que en aquellos casos donde la legislación permite una solución negociada al problema es un desperdicio no intentarlo con convicción, imponiéndose aquel viejo adagio que dice que en la mayoría de las ocasiones “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”.

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