11 julio, 2015

En la propuesta sobre urbanismo y fraccionamiento, nos presentan un supuesto modelo de la caña dulce: “Mi casita, una milpa y buenos bueyes”. Finalmente, los ricos van a darles a los pobres parte de sus propiedades para el uso de todos; la justicia social va a ser una realidad, gracias a la diosa Gaia y a sus conocimientos urbanísticos.

Un reglamento no puede cambiar la ley. El legislador nunca estuvo interesado en limitar libertades por medio de la regulación urbanística, habiendo derogado ya una ley de propiedad horizontal y adoptando otra que ha concedido potestades a la planificacion urbana y a la propiedad en condominio, tal como existe actualmente en su ámbito, y, por ende, no puede modificarse vía reglamento.

Las tesis que defiende esta posición presupone un concepto de propiedad que cada vez viene a menos. Su esfuerzo por el sueño de la casa propia se ve menoscabado, no solo porque el Estado, en vez de “ayudarlo” como se concebía en los 70, 80 y 90, está haciendo propuestas para más bien quitarle parte de su terreno, por “el bien de todos”.

“Áreas de todos”. La defensa a ultranza de algunos sectores de esta posición se vuelve bastante sospechosa. Ahora lo que usted ahorra o se endeuda, se supone que tendrá que ceder un porcentaje para que se construyan parques o áreas verdes, que al final quedan descuidadas y se convierten en búnkeres o criaderos de dengue, porque, señores, todos sabemos que aquí no se le da mantenimiento a las supuestas áreas de todos.

“Queremos una ciudad bonita para todos”. Con este reglamento se pretende que los terrenos o propiedades del país sean no construibles, y solo el INVU o la Municipalidad, tendrían potestad para variar esta condición. Esto desestimula la producción nacional, en todos los ámbitos: comercial, industrial, turístico y laboral, y complica a una familia el acceso a vivienda propia.

Así propuesto, atenta contra el principio de inviolabilidad de la propiedad privada (art. 45 de la Constitución).

En verdad, ¿todas estas áreas que nos pretenden quitar a los ciudadanos (porque los desarrolladores no van a perder) van a generar un beneficio para todos?

Incrementar los anchos de las calles para los nuevos desarrollos repercute en un incremento del orden de un 30 a un 40% del costo directo de construcción, además de aumentar en otro 30% a 40% el área adicional requerida.

¿Será que nos pueden dejar de hablar de deidades y despejar de una vez por todas nuestras dudas? Nadie sabe qué es lo que funciona mal en la normativa actual, ni se menciona qué es lo que se pretende fortalecer, ni siquiera el INVU sabe para qué quiere hacer el reglamento, que está carente de contenido y se aprovecha para seguir una ruta de fortalecimiento de sistemas antidemocráticos, que pretenden limitar libertades consolidadas y exprimir un poco más el bolsillo del ciudadano.

¿A quién le van a regalar la propiedad que a usted tanto le costó comprar? ¿Por qué le van a decir cómo tiene que construir su casa y si puede poner una tapia o no? ¿Por qué quieren limitar que las familias tengan seguridad? ¿Por qué el gobierno progresista quiere regresar a discutir temas que están superados?

Decisión ciudadana. A todas luces, como país, debemos exigirle al Gobierno que favorezca a los ciudadanos, y en este proceso es necesaria la discusión.

No se trata de oponerse en forma terca al Gobierno o al reglamento; sino de ver qué es lo que el pueblo necesita y brindarle opciones serias, no absurdos mecanismos que no tienen oposición verdadera y están llenos de dosis de populismo y demagogia, unidos a intolerancia y prepotencia solo comparables a la de países con tendencias totalitarias, pero nunca a la conducta de verdaderos costarricenses.

Natiuska Traña Porras es abogada.