EscucharHace un par de meses, la Sutel dio a conocer que el ingreso por servicios de telecomunicaciones representa el 3% del producto interno bruto (PIB).
Es positivo. Esto permite tener en Costa Rica un modelo de desarrollo apegado a las nuevas tecnologías de la información (TI) que buscan facilitar la conexión.
Por otra parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su estudio para el nuevo modelo tarifario de agua, calculó que entre 1993 y el 2012 los servicios de agua y saneamiento pesaron únicamente un 0,3% en el PIB.
Se destina más a generar e invertir en tecnología de información. Históricamente, el agua ha sido la Cenicienta de los recursos o el subvalorado commodities (se dice que es el commodity del futuro), como se quiera ver. Podemos vivir sin teléfono móvil, pero nadie puede vivir sin agua.
No le quitemos méritos a la telefonía móvil y a la Internet de hoy, modelo exitoso que permite desde saber la salud de un familiar en instantes hasta reencontrarnos con viejos amigos en las redes sociales o leer noticias. Esta es una nueva necesidad social en la era de la información, tal como Manuel Castells, ha apuntado.
Pero, el agua pasa inadvertida para la economía de los costarricenses comparada con las TIC. En un ejercicio realizado por el INEC, la Aresep y el Laboratorio Nacional de Aguas determinaron que el precio promedio por un metro cúbico de agua en Costa Rica es de ¢556.
El dato es risible comparado con el precio de medio litro de agua embotellada en el mercado que es de ¢550. Mil litros de agua potable se obtienen por la cañería por solo ¢556. El precio de la vida.
¿En qué estamos dispuestos a pagar? El Instituto de Estudios sobre Población (Idespo) de la Universidad Nacional ha estudiado el tema, usando variables de medición ecocéntricas, como la metodología Dunlap-Van Liere (nuevo paradigma ambiental de 1978), que demuestran que cuanto más es el compromiso requerido para asuntos ambientales, menos compromiso hay.
Algunos ciudadanos no están dispuestos a poner más dinero. Además, exigen agua 24/7/365 y a menor precio. Claro está que los operadores de agua también deben invertir para garantizar el abastecimiento según el Reglamento de Prestación de Servicios de la Aresep.
Al comprar el modelo más moderno de un smartphone, no se escatima, así sean ¢3.000 de aumento en el plan mensual. Pero subir ¢100 por metro cúbico de agua es calificado como una amenaza a las finanzas de un hogar de cuatro personas, cuyo consumo oscila entre los 20 y los 25 m3, donde cada uno tiene un teléfono inteligente. Claro está, no es la constante en el país.
Hay personas que no pueden pagar más por un servicio de agua, necesitan subsidios y no tienen el mismo acceso a la tecnología. Por esta razón el agua tiene un costo. Porque es necesaria la inversión. Hay un costo para el país, un costo social, e incluso un costo político que desata temores. No es un bien para lucrar, pero tampoco puede quedar desprovisto de la mejor infraestructura posible.
La discusión en la Asamblea Legislativa de la Ley de Aguas se enfrasca en la dimensión y definición del agua en sí y sobre su costo económico. Debe pasar al plano de soluciones y acciones, con esta propuesta leal o con los cambios que mejor se ajusten al bienestar social. Es urgente la actualización de la ley.
Las casi 1.500 Asadas y acueductos rurales viven de los pocos recursos propios, donaciones y el apoyo del AyA; las mismas Asadas claman por recursos.
También urge garantizar la continuidad del agua potable de cara a los fenómenos de variabilidad climática que ya sufrimos.
El agua es un derecho regido por los principios de cobertura, calidad y cantidad para satisfacer las necesidades de cada persona. El agua no puede ser un bien para comercialización y, por el contrario, tal como señala GWP en la declaración de San Salvador, “las acciones deben garantizar el acceso al agua potable a los pueblos”.
El país tiene una deuda histórica con el medioambiente en la cuestión de las aguas residuales, el atraso en saneamiento nos costó caer 50 puestos en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale.
Con las reformas necesarias, la revisión de los artículos 29 y 30 (áreas de protección y violación del artículo 50 de la Constitución) así como el transitorio XI (ocupación en zonas de protección), la ley debe seguir su rumbo, sea su aprobación, reforma o archivo.
Pero las decisiones deben tomarse pronto porque se está haciendo tarde para reaccionar.
El autor es comunicador social en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia e investigador sobre recurso hídrico, Programa Estado de la Nación.
