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Sí aplicamos el tope a las pensiones

Actualizado el 09 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Sí aplicamos el tope a las pensiones

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En información publicada por La Nación el 6 de agosto, se informa equivocadamente que los topes a las pensiones del régimen de Hacienda, establecidos en la ley 7858 de diciembre del año 1998, se aplicarán por primera vez a partir de setiembre de este año.

Las Administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda aplicaron dicha ley a todos los derechos jubilatorios de quienes se acogieron a su pensión a partir del 2006 y cuyos regímenes eran afectados por la ley 7858. Lo que sí es cierto es que, pese a que la ley fue aprobada en diciembre de 1998, no se aplicó a quienes se acogieron a sus pensiones durante los períodos 1998-2002 y 2002-2006. Las razones de por qué no se hizo efectiva dicha normativa antes del 2006 las desconocemos, y les corresponde dar explicaciones a quienes estuvieron al frente del Ministerio de Trabajo durante esos ocho años.

A la par del cumplimiento que durante ambos períodos de gobierno se le dio a la ley 7858, para quienes se acogían a su pensión, se elaboraron también consultas en torno a la posibilidad de hacer retroactiva la aplicación de la ley, es decir, extender sus efectos a quienes se habían pensionado antes de 1998 y a quienes, por omisión, se les dejó de aplicar entre 1998 y 2002, cuando ya estaba vigente la ley.

Diversas consultas ante la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Trabajo indicaron que, con fundamento en la abundante jurisprudencia constitucional, el monto de la pensión debía ser el que, con fundamento en la ley, se había otorgado originalmente al jubilado, e igualmente llamaron la atención sobre el principio de irretroactividad de la ley.

Dicho criterio fue reiterado, al menos, en tres ocasiones: junio del 2006, setiembre del 2008 y junio del 2010

Sobre la base de dichos criterios, nos preocupa que, pese al anuncio que hace el actual ministro de Trabajo, existan dificultades legales y constitucionales para corregir lo que en su primer período como ministro de Trabajo (1998-2002) no aplicó.

Lo que sí resulta tranquilizador es que la actual Administración se compromete a continuar con la aplicación de la ley 7858 que durante nuestras respectivas Administraciones sí decidimos aplicar, y que permitió evitar que se volviera a autorizar pensiones de lujo.

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