Opinión

2015, un año clave

Actualizado el 24 de enero de 2015 a las 12:00 am

Opinión

2015, un año clave

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Es importante que el Congreso y la Sala Constitucional resuelvan sobre los alcances del decreto ejecutivo del pasado 12 de diciembre y la vigencia del Código Procesal Laboral (CPL).

La entrada en vigor del CPL tiene preocupantes consecuencias para nuestra seguridad jurídica, al legitimarse el retiro de un veto impugnado. Además, las disposiciones de dicho Código, respecto a las huelgas tanto en el sector privado como en el público, afectarán negativamente la inversión nacional y extranjera, y, en consecuencia, la generación de empleo.

La confianza empresarial está seriamente afectada, pues no está claro cuál va a ser el rumbo del Gobierno en materia laboral y fiscal. La gravedad del CPL consiste no solo en la legalización de las convenciones colectivas y diferentes figuras de contratación del sector público, sino también en el hecho de flexibilizar su celebración en el sector privado, con una pequeñísima representación porcentual de los trabajadores. Legalizar las convenciones es disparar más el gasto público y el grave déficit fiscal, debido a los mayores privilegios salariales para un sector de trabajadores que, en promedio, ganan el doble que los del sector privado.

Causas del veto. Con los artículos vetados por doña Laura Chinchilla, se pretendía que los servicios públicos esenciales no se vieran afectados por una huelga, y que las autoridades de las instituciones pudieran contratar a personal temporal, a fin de continuar brindando esos servicios. ¿Qué va a pasar ahora con los servicios esenciales para la ciudadanía en los hospitales, seguridad, aeropuertos, puertos, Recope, ICE, AyA y otras instituciones claves? ¿No estaremos acaso sujetos todos los costarricenses a los caprichos ¿l para poder seguir dando los caprichosos, hospitales, ICE, AyA, Polictratar a personal temporal para poder seguir dando los ¿l para poder seguir dando los caprichosos, hospitales, ICE, AyA, Polictratar a personal temporal para poder seguir dando los de los sindicatos? ¿Qué pasará con sus demandas injustificadas? ¿No era acaso el momento propicio para que el Gobierno hiciera reformas sustanciales de los pluses abusivos y definiera un salario único? ¿Qué pasará con el movimiento solidarista, que tantos beneficios económicos y sociales ha traído a la clase trabajadora costarricense?

En caso de legitimarse la validez del retiro del veto, todos los costarricenses estaríamos claros de que el Poder Ejecutivo puede actuar con criterios de conveniencia y políticos, sin importar el orden jurídico. De hecho, los artículos 9, 11 y 125 de la Constitución establecen claramente los límites que tiene el Ejecutivo para retirar un veto, y deben respetarse.

Asamblea Legislativa. Desde el veto de doña Laura Chinchilla, la Asamblea Legislativa no ha avanzado para cambiar el CPL, gracias a los portillos reglamentarios legislativos usados por el Frente Amplio (FA). Lo cierto es que no ha existido la voluntad política y el acuerdo para una solución democrática en el Congreso. No ha existido y tampoco la va haber en el futuro inmediato. Al aceptar levantar este veto, el gobierno de Luis Guillermo Solís sabía del alto riesgo y costo.

Ahora estamos contra el tiempo y el FA va a ser el ganador, pues ningún partido de oposición logrará rescatar este importante proyecto, con grandes beneficios en el campo laboral, salvo que la Sala Constitucional lo rechace. Esto nos debe llamar a reflexión, especialmente en momentos tan difíciles en el campo social y fiscal. No podemos seguir arriesgando el futuro social de Costa Rica, ni gobernar para una minoría privilegiada. Costa Rica merece algo distinto. El PAC no debería haber negociado con el FA respecto al levantamiento del veto, solo para tratar de lograr el Directorio del Congreso el próximo 1.° de mayo, que, de hecho, está en peligro de perder.

Finanzas públicas. Los números del Presupuesto Nacional del 2015 son de terror. Después de una rica discusión en la Comisión de Hacendarios del Congreso, el Presupuesto Nacional se aprobó con 27 legisladores a favor y 22 en contra. La responsabilidad y austeridad fiscal, que siempre fue bandera del PAC, se acabó. Solo su fundador y líder, Otón Solís, en compañía de la diputada Epsy Campbell, fue consistente con esos valores.

El jefe de la fracción del PUSC, Rafael Ortiz, se contentó con el compromiso del Gobierno de reducir en ¢97.000 millones un presupuesto de ¢7,9 billones. Otros diputados se sumaron también al Gobierno, por no tener claras las graves consecuencias de este abultado presupuesto, con un déficit de un 6,5% del PIB. Se trata del déficit más alto de los últimos 25 años.

En este año 2015, solo en remuneraciones, gastaremos ¢2,3 billones; en transferencias, ¢2,2 billones; en suministros, ¢79.000 millones; en alquileres, ¢32.000 millones; en pensiones, ¢790.000 millones y, en el servicio a la deuda, ¢2,7 billones. Es importante señalar que el 72,5% del presupuesto está destinado a gastos, y el resto, a amortizar la deuda. El presupuesto se va a financiar con bonos del Gobierno, que estrujarán el crédito del sector productivo, con el agravante de que es muy posible que los intereses en el exterior suban. El 42,8% de las partidas se financiarán con endeudamiento. Pero, ante todo, es claro que, con un crecimiento del 19% en los gastos, el deterioro de las finanzas públicas será irreversible.

Encrucijada. No es fácil la situación fiscal del 2015. Si no hay voluntad para reducir el gasto público, seguiremos alimentando las graves brechas sociales. Va a ser difícil para el Gobierno aprobar nuevos impuestos antes de demostrar responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. No es ni será responsabilidad del Banco Central el velar y mejorar el nivel de empleo. Las tendencias fiscales son “insostenibles” y es posible que nuestra deuda pública aumente más, superando el 50% del PIB en este año. Una deuda pública que crece como una bola de nieve. El Fondo Monetario Internacional nos está exigiendo reducir el déficit al 4% del PIB, aprobando el IVA y la renta mundial en este año. Pero nada va a ser sencillo para el Gobierno, si no cambia de rumbo.

Claridad. El Gobierno debe tener claro hacia adónde se va a dirigir. Si va a seguir con el FA y la expansión de los gastos y el apoyo a los sindicatos, o si se va a dedicar a crear confianza en el sector productivo para generar más inversión y empleo. No puede haber dos discursos.

No está Costa Rica para continuar con la irresponsabilidad de aumentar los gastos en un 19%. No podemos seguir autorizando gastos por ¢40.000 millones en consultorías, ¢17.300 millones en viajes, ¢29.000 millones en suplencias, ¢4.000 millones en protocolo, y ¢61.000 millones en dedicación exclusiva y transferencias millonarias a otras instituciones, donde un conserje gana más de ¢1 millón al mes y los promedios salariales están fuera de lo racional.

Debemos acabar con esta piñata en el gasto público, pues el Fondo Monetario Internacional, los organismos financieros y las calificadoras de riesgo nos lo van a cobrar. Reflexionemos y busquemos una solución integral dentro de un gran pacto social. La fiesta debe acabarse antes de caer en una grave crisis. Luchemos unidos por una sociedad más inclusiva y próspera. Estamos a tiempo de corregir. Lo importante es Costa Rica. Otra crisis financiera causaría una mayor brecha social, más desempleo y un deterioro de nuestra paz.

El CPL y el problema fiscal son dos de los mayores problemas a resolver en este 2015, un año clave para buscar una solución más integral y justa.

  • Comparta este artículo
Opinión

2015, un año clave

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota