27 abril, 2015

Es muy fácil desprestigiar por los medios y con los medios. Entiendo lo difícil que resulta poder desmentir, varios días después, la publicación bien maquillada, pero mal sustentada, de una investigación periodística presentada con gran énfasis en primera página y con juicios de valor en tres páginas interiores en La Nación del pasado 20 de abril. Aun así, escribo este artículo en defensa de mi reputación y por el respeto a mis amigos y familia.

En los últimos 27 años, desde el sector privado y el sector público, he trabajado en el desarrollo de las telecomunicaciones. Ingresé al Viceministerio de Telecomunicaciones en el 2009, de modo que cuando el señor presidente me solicitó, hace un año, que asumiera como recargo el Viceministerio de Telecomunicaciones del Micitt acepté honrado por sentirme preparado y por precederme una carrera con mucha experiencia en este campo.

Estaba claro para todos y, por supuesto establecido y consecuentemente revisado legalmente, que siendo yo director de Espectro Radioeléctrico no existía incompatibilidad alguna para aceptar el Viceministerio como recargo. De modo que no es cierto que existía un conflicto de intereses por ejercer una doble función y, por tanto, carece de sentido la conclusión periodística de que yo “afrontaba un dilema”. Ese dilema solo se produjo en la elaboración de La Nación .

Ahora bien, tal y como sostuve públicamente cuando presenté mi renuncia el viernes 10 de abril, la divergencia con la exministra obedeció a mi criterio técnico respecto del establecimiento de la tarifa de Internet por descarga. Mi tesis, que sostengo hoy, era que el modelo tarifario resultaba procedente. La iniciativa de la Sutel pretendía solventar una situación de orden técnico y constituye una práctica utilizada por prácticamente todos los operadores del mundo, y esa fue la recomendación que di en su momento, y advertí que tendría que ser analizada desde la perspectiva económica y, sobre todo legal, debido a la vigencia de los contratos de los usuarios. Al menos el periodista Lara debió haberse tomado la molestia de consignar las afirmaciones que al respecto y por escrito proporcioné a los medios el 10 de abril.

No hubo conflicto de intereses. El supuesto conflicto de intereses que el periodista se plantea como hipótesis para su investigación, tampoco consigue demostrarlo sencillamente porque nunca existió. Como única prueba documental de su indagatoria, el señor Lara presenta un oficio dirigido el 29 de setiembre del 2014 al vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Telecomunicación, en la que le curso solicitud para que “como parte del proceso participativo que hemos llevado adelante alrededor de este tema (en referencia a la preparación del Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones) y en aras de tomar en cuenta a todos los actores interesados” deseábamos “solicitar un espacio en agenda para presentar a su institución los avances en la formulación del nuevo Plan”.

Esta nota, de acuerdo con el reportero, es la prueba de mi conflicto de intereses. Juzgará el lector si una carta enviada a la Cámara de Tecnologías de Información y Telecomunicación, que con exacto formato y en misma fecha envié también a la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la Cámara de Infocomunicaciones, a la Academia de Ciencias y a otros entes más, puede devenir en un conflicto de intereses, más aún cuando dicha nota se consigna copia a la exministra, en el marco de la transparencia que siempre me ha caracterizado.

Es absurdo siquiera considerar que el envío de una solicitud para una audiencia a un ente empresarial con el que el Viceministerio debía sostener una relación fluida y permanente de obligada comunicación puede considerarse un conflicto de intereses según los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República. Pero el periodista de La Nación, lejos de dilucidar ese aspecto con expertos en la materia, como pudo haberlo hecho, integra en su reportaje simplemente un recuadro con normativa del ente contralor sin explicación alguna; lo cual, al parecer, pretende probar sin argumentar, que efectivamente podía haber un conflicto de intereses, a todas luces inexistente.

Muchas personas accedemos a la función pública y al desempeño profesional en general con nuestros principios éticos y valores como marcos de referencia. Así lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Protejo mi reputación con firmeza.

Renuncié por una omisión. Acepté con mi renuncia al cargo que cometí una omisión severa al no haber leído el borrador del anteproyecto para la nueva ley de radio y televisión, del cual tampoco soy su autor.

En el reposo de estos días, entiendo también que me cabe algún grado de responsabilidad porque cuando fui informado de las delicadas implicaciones de ese documento, por parte de don Ignacio Santos, no ejercí la presión suficiente para que fuera retirado de circulación.

Ese fue mi error y por ello presenté al presidente Solís Rivera mi dimisión como viceministro de Telecomunicaciones, y tampoco continúe en el cargo de director de Espectro Radioeléctrico. Tal como lo dije en ese momento, salí con la frente en alto, dispuesto a todo análisis y discusión de altura. Sin embargo, rechazo y denuncio categóricamente y con vehemencia el linchamiento mediático y los intentos de desprestigio moral no solo absolutamente injustificados, sino, además, carentes de interés público.

Allan Ruiz Madrigal

Exviceministro de Telecomunicaciones

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