15 abril, 2015

No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice un viejo adagio popular tico. Esta es la realidad que Costa Rica está viviendo debido al gasto destinado a salarios y beneficios de funcionarios del sector público, lo cual está haciendo explotar al fisco, como La Nación lo mostró en un reportaje y, posteriormente, en un editorial sobre el tema.

El gasto en prebendas para empleados públicos y otras transferencias con cargo a la billetera de todos los costarricenses está fuera de control, y lejos de vislumbrarse una solución, las medidas adoptadas en el último año tienden a agravar el panorama.

Esta no es una denuncia reciente ni tampoco una visión parcializada de un sector de la sociedad, como algunos quieren hacerlo parecer.

El reciente informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina, del 2015, titulado Laberinto , incluye un capítulo sobre la situación fiscal de los países. En él, la desproporción en los salarios públicos y otras transferencias en Costa Rica salta a la vista.

Según el informe del BID, en el periodo contemplado entre el 2007 y el 2014, Costa Rica fue el país de América Latina que más incrementó el gasto en sueldos y salarios públicos como proporción del PIB, casi un 4%. Esa cifra representa cerca del 90% del déficit fiscal actual.

En ese mismo periodo, Panamá más bien redujo el peso de los salarios públicos como porcentaje del PIB en casi un 1%.

Brasil y Uruguay, con gobiernos socialistas, incrementaron los salarios públicos apenas en un 1% del PIB. Perú, cuyo auge económico en los últimos años es notorio, aumentó los salarios en menos del 1% del PIB.

¿Qué ha hecho Costa Rica en generación de riqueza para permitirse el lujo de aumentar este rango en casi cuatro veces más que los principales países de América Latina? ¡Nada!

Transferencias. El problema no se queda en los salarios públicos. Se extiende a las transferencias y subsidios, las cuales en su mayoría van dirigidas al pago de pensiones inmerecidas y a complementar el pago de otros beneficios del mismo sector público.

Sobre este último punto, el informe del BID también saca a la luz los abusos en Costa Rica. Estas transferencias crecieron en más de un 4% como proporción del PIB, en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2014.

En el mismo lapso, Brasil aumentó sus transferencias en menos de un 1% del PIB. Panamá las redujo en un medio por ciento, lo mismo que Honduras; y Nicaragua las mantuvo en el mismo nivel. Colombia las incrementó en menos del 2%.

La pregunta se repite: ¿Qué lotería nos hemos ganado para darnos estos lujos?

En su mayoría, estas transferencias representan una vergüenza nacional porque el Estado toma dinero incluso de las familias más pobres del país, para dárselo a quienes no siempre lo necesitan.

En el informe del BID que he citado, se evidencia la mala calidad del gasto público en Costa Rica. El país logra el dudoso honor de que el 87% de sus transferencias condicionadas, en teoría destinadas a los más pobres, van a dar a personas que no son pobres extremos.

Mientras tanto, solo un 23% de las familias que están en extrema pobreza reciben este tipo de ayuda pública. Ningún otro país de América Latina alcanza esa desproporción y falta de solidaridad social.

Como consecuencia de todo lo anterior, no hay fondos para la inversión. Según el informe del BID, en el periodo citado, Costa Rica incrementó la inversión pública apenas en un medio por ciento del PIB.

Panamá la incrementó en un 6% –qué envidia–; Perú y México, en más del 3%.

Todo lo anterior hace más grande el clamor nacional contra un nuevo proyecto de impuestos.

Cualquiera que lo impulse debe tener primero el valor para explicarle al país cómo acabar con esta hemorragia de recursos públicos.

El autor es economista.

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