En los datos más recientes, no se observa mejoría en los resultados de las cuentas fiscales. No obstante, los esfuerzos de la nueva administración por contener los gastos y aumentar la recaudación, los datos correspondientes al primer trimestre de este año muestran un incremento en el faltante o déficit con respecto al mismo periodo del año pasado.
Si bien los ingresos totales aumentaron en casi ¢117.000 millones, los gastos totales crecieron en casi ¢152.000 millones (un 12%) durante los primeros tres meses de este año. El faltante total en las finanzas del Gobierno central durante este periodo aumentó en poco más de 35.000 millones (un 9%).
Un análisis pormenorizado de las cifras fiscales del primer trimestre de este año muestra crecimientos muy altos en las tres partidas que mayor peso tienen dentro de los gastos totales del Gobierno: remuneraciones, transferencias corrientes e intereses de la deuda.
El rubro de remuneraciones (sueldos, salarios y cargas sociales), que representó el 40% de los gastos totales durante ese periodo, aumentó poco más de ¢56.000 millones (un 11%) en comparación con el primer trimestre del 2014.
Las transferencias corrientes, que representaron el 37% de los gastos totales y que incluyen giros por pensiones con cargo al presupuesto nacional, a las universidades publicas y a los distintos programas sociales, entre otros rubros, crecieron casi ¢43.000 millones (un 9%).
La otra partida de peso que mostró un crecimiento elevado fue la de los intereses de la deuda, que se dispararon en casi ¢31.000 millones (un 20%). Estas tres partidas –remuneraciones, transferencias corrientes e intereses sobre la deuda– crecieron a tasas muy por encima de lo que fue el ritmo de la inflación. Esta última, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), fue de solo un 3,05% durante los doce meses hasta marzo pasado.
Por el lado de los ingresos, llaman la atención, por una parte, el significativo incremento en la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta y utilidades, que subió en más de 53.000 millones (un 22%), y donde influyó la retención o adelanto del 2% que deben hacer las empresas que reciben pagos con tarjetas.
También resulta llamativo, por otro lado, el muy bajo crecimiento en los ingresos por concepto del impuesto sobre las ventas, que subió en menos de ¢13.000 millones (un 4%). Esto último pareciera responder a la merma de la actividad que ha tenido la economía, en su conjunto, durante el último año. En el primer trimestre del 2015, estos dos impuestos, renta y ventas, representaron casi dos tercios de los ingresos totales recaudados por Hacienda.
En ausencia de medidas correctivas, las proyecciones oficiales continúan ubicando el faltante total proyectado o déficit del Gobierno central, para este año, en un monto equivalente a cerca de 6% del PIB.
En el marco de un escenario “pasivo” como este, en los años siguientes se anticipa que el déficit seria todavía mayor.
Una serie consecutiva de déficits elevados en los próximos años tendría impacto en muchas variables, incluidas las calificaciones crediticias del Gobierno y sus empresas, el nivel de las tasas de interés, la inflación y, muy posiblemente, también el tipo de cambio y el crecimiento económico. Representarían esos déficits, sin lugar a dudas, un gran riesgo para el normal desempeño futuro de nuestra economía.
Cumplido el primer año de la actual administración, Hacienda ha informado acerca de la lista de medidas administrativas y de iniciativas legales que llegaran al Congreso para ordenar las finanzas del Gobierno central.
Estas medidas administrativas y proyectos de ley abordarían la problemática del desequilibrio en las cuentas fiscales desde sus distintos ángulos. Eso, según mi criterio, debe aplaudirse.
Si bien en lo personal coincido con la conveniencia de modernizar las leyes que tienen que ver con los principales impuestos (ventas y renta) creo que el primer paso de todo este ejercicio de Hacienda y el Congreso debería ser, mediante unas pocas reglas fiscales, sellar el hueco del barril sin fondo del gasto público y fijar las pautas generales para el manejo de las finanzas del Gobierno en el futuro.
Dos posibles reglas serían que se fije un tope al crecimiento de los gastos que no son intereses o inversión (gastos corrientes) y que se limite el tamaño de los faltantes o déficits permitidos.
Ojalá todos, en adelante, hablemos de este ejercicio como “el debate o reforma fiscal” y no “el debate o la reforma tributaria”, ya que este ejercicio significa mucho más que hablar solo de aumentar impuestos.
Alberto Franco es economista de Ecoanálisis.