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Al ministro Herrero

Pensionados del Magisterio somos los únicos obligados a cotizar tras pensionarnos

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Recientemente, se cometió la injusticia de suspender el pago de la pensión a las personas mayores de 100 años porque, desde la lógica del Ministerio de Hacienda, se consideró que debían estar muertas. Hoy, próxima a cumplir 95 años, no solo quiero decirle al ministro que estoy viva, sino que sigo activa en mis luchas por construir una sociedad más justa e inclusiva. En el imaginario social, el envejecimiento es sinónimo de enfermedad, capacidades disminuidas y, por ende, de aislamiento, inutilidad y olvido. Además de invisibilizarnos, se nos acusa de presionar con nuestras pensiones el Presupuesto Nacional, y ser causantes de la crisis de instituciones que como la CCSS deben destinar recursos a cuidar nuestra salud y procurarnos mejor calidad de vida. Se nos culpa por seguir viviendo y se callan convenientemente todos los aportes que hicimos, y seguimos haciendo, al desarrollo económico, social y moral del país. Desde esa óptica mentirosa y degradante de nuestra condición de sujetos sociales, se orquestan atropellos como el ocurrido con los pensionados del Magisterio Nacional, a quienes se nos robó las cotizaciones que por tantos años hicimos a nuestro fondo de pensión, por la mala administración que hizo de nuestros dineros el bipartidismo gobernante. Desde la promulgación de la Ley 7531 del 10 de julio de 1995 y sus reformas, se nos impuso una serie de condiciones sumamente gravosas que afectan negativamente nuestra calidad de vida, y violentan el art. 33 de la Constitución Política, que establece como, derecho fundamental, el principio de igualdad ante la ley. Somos el único grupo de trabajadores del sector público que está obligado a seguir cotizando para la pensión, ¡aun después de habernos pensionado! En la Asamblea Legislativa y desde su ministerio, con el beneplácito de la presidenta, se inventan estrategias perversas para que en la Asamblea Legislativa no se aprueben las modificaciones propuestas al expediente 17402, que solo busca reparar, en alguna medida, la gran injusticia cometida contra el sector docente en 1995. Mientras siga vigente la Ley 7531, nuestro derecho humano a la participación plena, con autonomía y dignidad, en todos los espacios sociales, se vuelve ilusorio. Por eso le exijo, a usted, señor ministro, y a todas aquellas personas que ocupan posiciones de poder, que impulsen la aprobación inmediata del expediente 17402. El bienestar de las personas adultas mayores debe ser un imperativo político prioritario, como condición necesaria para el bienestar de la sociedad en su conjunto.








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