23 abril, 2014

Las nuevas autoridades tendrán frente a sí retos importantes en las diferentes esferas, entre ellas, la ambiental. En esta son especialmente destacables los de carácter legislativo. Si bien es cierto que los proyectos pendientes de aprobación son numerosos y se han dado pasos trascendentales con la votación de la Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, aún permanecen iniciativas relevantes en la agenda del primer poder de la República. Entre ellas, se pueden citar las siguientes:

La pesca de arrastre. El proyecto de Ley para el Ejercicio Sostenible de la Pesca Semiindustrial Camaronera pretende autorizar nuevamente a este tipo de pesca el uso de la técnica del arrastre. La Sala Constitucional, mediante el voto 10540-2013, determinó que el arrastre violentaba el derecho a un ambiente sano, a la vida y a la salud, entre otros, pero a la vez mantuvo abierta la posibilidad de otorgar permisos para utilizar esta técnica no selectiva, a condición de que se contara con tecnología apropiada que disminuyera significativamente la captura incidental de especies. Además de valorar en qué medida este proyecto responde adecuadamente a los requerimientos establecidos por el fallo de la Sala, la Asamblea deberá decidir si es conveniente continuar del todo con esta práctica, debido a sus efectos comprobados en otras especies y los ecosistemas marinos, sin perder de vista los impactos sociales derivados de la prohibición y las medidas apropiadas para hacerles frente.

Maltrato animal. El proyecto de Ley contra el Maltrato Animal llega en un buen momento, debido a varios factores: la publicación de una comprensiva reforma legislativa sobre vida silvestre, el año pasado; el incremento en la promulgación de normas en este campo; el respaldo brindado por un panel de la Organización Mundial del Comercio a las restricciones comerciales impuestas ante la cruel práctica de la caza de focas en Canadá; y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que consideró contrario a las disposiciones de la Convención Ballenera Internacional y sus decisiones el Programa de Investigación de Ballenas japonés, que permitía su caza y consumo. Asimismo, el voto de la Sala No. 46-20-2012 (prohibición de la denominada “pamplonada”.) reafirma que el bienestar animal es parte del derecho a un ambiente y se encuentra tutelado constitucionalmente.

Geotermia. Durante el ejercicio legislativo anterior se verificaron avances en el proyecto de ley que permitiría la geotermia en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, partiendo del uso de la figura de la desafectación de una porción de sus terrenos para destinarlos a tal propósito. No obstante, las modificaciones introducidas al proyecto de ley podrían ser reevaluadas por los nuevos legisladores, lo cual incluiría considerar otras alternativas legales (como un nuevo uso dentro del Parque) o bien descartar del todo la posibilidad de que la geotermia se realice dentro de áreas protegidas.

Moratoria a transgénicos. Una iniciativa presentada a finales del año pasado, la cual pretende instaurar una moratoria a la liberación al campo y cultivo de los llamados “organismos genéticamente modificados” o “transgénicos”, permitiendo solo su uso confinado –mientras no exista certeza y consenso científico y social sobre su impacto–. El análisis de este proyecto debería pasar por una lectura cuidadosa de su contenido e implicaciones, los cuales transcienden temas ambientales o de salud, y poseen aristas relacionadas con la innovación, la ciencia y la tecnología, y los ejes estratégicos del modelo de desarrollo nacional.

Ocupación del territorio. La ley No 9073 del 2012 estableció una “moratoria” de dos años a los desalojos y demoliciones en áreas tales como la zona marítimo-terrestre (ZMT) y el Patrimonio Natural del Estado. Dentro del plazo citado se deben formular y aprobar leyes para regularizar –bajo ciertas condiciones– algunas de estas ocupaciones o, de lo contrario, proceder al correspondiente desalojo. Tres proyectos pretendían responder –solo parcialmente– a este llamado (Territorios Comunitarios Costeros, Declaratoria de Ciudades Litorales y Regularización de Construcciones en la ZMT), pero presentaron transgresiones a la Constitución, debidamente señaladas en consultas legislativas facultativas. Recientemente, la aprobación de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur resuelve –a su manera– la situación particular de un sitio, pero los demás focos de problemas de ocupación irregular continúan sin abordarse. Aunque ciertos proyectos (especialmente, el de Ciudades Litorales) han avanzado en su trámite legislativo, resta la discusión y aprobación de una nueva normativa, que resulta crítica para hacer frente a una problemática social y ambiental.

Recurso hídrico. La aprobación del proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico constituye un componente de gran valor de una agenda más amplia que incluye la constitucionalización del derecho humano al agua y al saneamiento y otros aspectos (como su declaratoria de dominio público), materia en la cual se alcanzó un consenso (mas no unanimidad) en la anterior Asamblea. Avanzar en este aspecto es imprescindible para poner al país en consonancia con las tendencias modernas de constitucionalizar el derecho humano al agua. Otras iniciativas como el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Asadas resultan igualmente relevantes.

Cambio climático. Recientemente, países de la región como México (2012) o Guatemala (2013) han comenzado a abordar el tema del cambio climático mediante la emisión de leyes marco. Aquí se ha aprobado en primer debate un proyecto de ley sobre cambio climático. En caso de no resultar finalmente votado en segundo debate, sería recomendable revisar si esta propuesta corresponde a la normativa que requerimos en un área tan crítica para el desarrollo nacional (y no solo para el ambiente), si resulta suficientemente comprensiva y si ha sido objeto de un proceso de consulta como el que merece este tipo de legislación. Estas son solo algunas de las múltiples y urgentes decisiones ambientales del país, y que están en manos de la Asamblea Legislativa.