EscucharEn relación con el artículo intitulado “Refinería china: urge exterminar ese leonino negocio”, del diputado Ottón Solís, publicado en la página 28 A de la edición del pasado 15 de julio, deseo manifestar lo siguiente:
No es correcto afirmar que la relación que existe entre Recope y CNPCI deba ser terminada, por cuanto es el único proyecto de índole real y con efectos prácticos capaz de devolver a Recope su capacidad de refinación y de gran beneficio para el país y, en particular, para los ciudadanos limonenses.
No lleva razón el señor Solís al afirmar que los negocios se han desarrollado de una manera ventajosa para China. Debe tomarse muy en cuenta que todas las empresas de capital chino que participan en los estudios son empresas públicas de la República Popular China, es decir, empresas estatales que han adoptado formas de organización de persona jurídica, al igual que lo ha hecho Recope y otras empresas nacionales como Racsa, ICE, etc.
En segundo lugar tampoco es cierto afirmar que a WorleyParsons, una empresa de renombre mundial, con ranquin de número 1 en el mundo, se le hayan prometido $60 millones para etapas posteriores, pues el mismo contrato en las cláusulas del dueño lo evitan. Más aún, no solo WorleyParsons, sino también otras empresas, como, por ejemplo, Honeywell (empresa estadounidense) y Técnicas Unidas (empresa Española), han validado los estudios cuestionados. De tal forma que, hasta ahora, en el proyecto no se ha contado únicamente con uno, sino, más bien, con varios asesores y especialistas técnicos de la más alta calidad y de renombre mundial.
Sí es cierto que se ha decidido cuestionar judicialmente las decisiones de la Contraloría General de la República (CGR), pero esto se debe a que esas recomendaciones son actos administrativos como cualquier otro, no gozan de ningún régimen de privilegio. Es más, se ha detectado que esas recomendaciones de la CGR adolecen de patologías jurídicas y técnicas graves que constituyen ilegalidades tanto en su fundamentación como en la desaplicación de leyes especiales que son de orden público. ¿Cuál es el problema de que los jueces sean quienes determinen la verdad real?
Es un hecho totalmente falso que, para la interposición de la demanda en contra de la Contraloría General de la República, se haya contratado a algún abogado, por cuanto es Recope, representado mediante litigantes que pertenecen a su propia Dirección Jurídica, el que interpuso la demanda. Lo pagado a abogados por conceptos de administración pública y asesoría penal-empresarial es menor al monto que falsamente indica el señor Solís, y no tiene nada que ver con la demanda de Recope en contra de la CGR, sino por otros procesos ante la CGR, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y la propia administración de Soresco.
El verdadero propósito de estas demandas es demostrar que la Contraloría General de la República está equivocada, que los análisis que realizó son parcializados y, además, fueron efectuados por personal carente de las competencias de expertís técnico necesario para referirse a asuntos relativos a la industria petrolera.
A diferencia de los detractores del proyecto, quienes lo defendemos hemos demostrado, por medio de datos de corte objetivo, los beneficios y perjuicios que trae el proyecto al país y nos hemos limitado a la objetividad, no como los opositores, que han utilizado especies calumniosas e infundadas. Las manifestaciones del señor Solís favorecen a las empresas transnacionales que le venden combustibles a Recope, dejando una ganancia a esas empresas extranjeras de más de $400 millones anuales, pagados por los costarricenses, en comparación con el Proyecto de Refinería, en que el pago por arrendamiento sería menor y dejando un ingreso social para el país y la zona de limón de ¢6.000 millones, es decir, con los ingresos se pueden construir cuatro refinerías iguales.
Es cierto que el Joint Venture Agreement , o acuerdo de empresa conjunta, es la norma básica que rige la relación entre Recope y CNPCI. Ahora bien, también es cierto que las partes acordaron que los estudios previos fueran realizados por un tercero; sin embargo, y esto es un hecho demostrable, consta que el mismo señor Bruno Estagno y José León Desanti acordaron, de forma conjunta con los representantes de CNPCI, que fuera la empresa HQCEC la que realizará dichos estudios. Esta empresa es externa a todas las partes. .
También es cierto que la sección 5.5 del A.E.C. habla de la supervisión a través de una empresa supervisora independiente, pero no se debe tratar de confundir a los costarricenses, porque aún no se ha llegado a la etapa de ejecución del proyecto, contrato IPC, donde se cumple con la independencia citada.
Es un hecho cierto, y empíricamente comprobable, que las traducciones que se realizaron del acuerdo de empresa conjunta no cumplen a cabalidad con la ley Nº 8142, Ley de Traducciones. Ese hecho es relevante porque las traducciones fueron realizadas de manera parcial e incorrecta y la CGR lo sabe. Esto sí es importante porque, en derecho universal, existe el principio de buena fe en los negocios, de forma tal que no se puede poner en un texto algo diferente y en su “traducción otra”, en demérito de una de las partes. Por lo tanto, el contrato con HQCEC para realizar el estudio está a derecho.
Debe ser claro y quedar patente que no es la intención de ninguna empresa china demandar al Estado costarricense, pero tampoco aceptar pérdidas por actuaciones erradas de entes costarricenses. Sin embargo, si debe quedar bien establecido que tanto CNPCI como Recope han invertido la misma cantidad de dinero en el proyecto.
Le pregunto al señor Ottón Solís Fallas: ¿es que, acaso, entonces la política de Costa Rica de inversión, pretende frustrar toda la inversión extranjera y, en especial, la de la República de China?; ¿no es un deber primario de todo Gobierno la generación de empleo y bienestar de sus ciudadanos?; ¿no le importa al señor Solís que se despidan trabajadores por errores, difamaciones e impericia de algunos funcionarios y detractores?; ¿por qué no preguntarse e investigar cuál es el interés real de seguir comprando combustibles a compañías extranjeras y quiénes son los beneficiados con esta práctica?
No es cierto que no se vaya a continuar con el proyecto, el cual es transparente y beneficioso para el país. Un ejemplo: generaría más de 800 empleos directos.
Por otra parte, se debe señalar que diputados de la zona de Limón, con una verdadera conciencia social, sin intereses político-económicos y trabajando fuerte para dar al ciudadano limonense verdaderas y reales oportunidades de bienestar, apoyan el proyecto, y así lo han manifestado doña Maureen Clarke, doña Epsy Campbell, don Gerardo Vargas y don Danny Heiling.
Por último, don Ottón, ¿por qué no denunció a la contralora cuando refrendó el contrato con OAS, acto administrativo que le generó al país una pérdida real, cierta y verdadera, de más de $37 millones? ¿Acaso la ética no es de aplicación uniforme?
Todavía tiene tiempo para que usted lo haga.
