21 agosto, 2014

En su comentario del 15 de agosto en este periódico, el señor Roberto Castro, jerarca de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, aprovechó este espacio para hacer, una vez más, serias acusaciones infundadas contra la industria tabacalera legítimamente establecida en el país. Al referirse a una supuesta evasión de impuestos en la fabricación de cigarrillos, el señor Castro ataca al único fabricante de cigarrillos en el país, Tabacalera Costarricense, S. A., al indicar que “la evasión fiscal sobre la producción e importación de cigarrillos se ha menospreciado”.

El señor Castro no aporta ninguna información que soporte estas acusaciones y se limita a hacer un uso irresponsable de un espacio serio de opinión con fines poco claros. El señor Castro tiene la obligación constitucional, legal y moral de dirigir estas acusaciones a las respectivas autoridades, aportando las pruebas del caso, o retractarse públicamente.

El único argumento que utiliza el señor Castro para acompañar sus acusaciones es que nuestra obligación tributaria “está calculada con base en una declaración jurada de los mismos fabricantes e importadores del producto”. Desde principios de la década de los 90, el sistema tributario costarricense está basado en el principio de “autodeterminación de las obligaciones tributarias”, lo cual significa que todo contribuyente, de cualquier tipo de impuesto, grande o pequeño, persona física o jurídica, nacional o regional, tiene la obligación de autodeclarar y pagar los impuestos. Este no es un privilegio de la industria tabacalera, como irresponsablemente pretende hacerlo ver el señor Castro.

La actividad de Tabacalera Costarricense está sujeta al pago de múltiples tributos, incluyendo impuesto sobre la renta, impuesto de patentes, impuesto general sobre las ventas, impuesto a favor del Instituto de Desarrollo Rural, impuesto selectivo de consumo, impuesto específico a los productos de tabaco e impuesto mínimo a los cigarrillos. En el cumplimiento de todas estas obligaciones, Tabacalera Costarricense es vigilada por la Dirección de Grandes Contribuyentes, la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Belén.

Por otra parte, a lo largo del año, Tabacalera Costarricense resuelve múltiples consultas de dichas entidades, prepara una multiplicidad de reportes y atiende procesos de auditoría. Todas estas son medidas de control que esas entidades consideran satisfactorias, y en ningún momento se han señalado incumplimientos o errores en el cálculo de los impuestos. En el año 2013, Tabacalera Costarricense, S. A., y su distribuidora Mendiola y Compañía, S. A., pagaron más de ¢50.000 millones en impuestos.

Tabacalera Costarricense S. A. tiene más de 80 años en el país y genera en la actualidad casi 400 puestos de trabajo calificados. En el año 2012 concentramos nuestra producción en Costa Rica, duplicando su volumen, que ahora se vende en toda Centroamérica.

Curiosamente, el señor Castro no parece haber tomado un rol público activo en la lucha contra el contrabando de cigarrillos a través de las fronteras, ni tampoco parece haber exigido públicamente acciones enérgicas de las autoridades para decomisar cigarrillos ilegales, a pesar de que el artículo 33 de la Ley General para el Control del Tabaco, No. 9028, autoriza al Ministerio de Salud a hacerlo. Euromonitor, una reconocida firma inglesa, estima que un 22,3% de los cigarrillos consumidos en Costa Rica durante el año 2013 eran de procedencia ilegal. Es decir, que, de acuerdo con esta estimación, cada día se consumieron alrededor de 1.350.000 cigarrillos de contrabando, lo que equivale al ingreso al país de un contenedor de 40 pies cargado de cigarrillos de contrabando cada semana, o una evasión fiscal de, por lo menos, $36 millones en impuestos a los cigarrillos.

El señor Castro debería unirse al esfuerzo que realiza el Ministerio de Seguridad en perseguir al vasto sector informal e ilegal, que abiertamente viola todo el marco jurídico vigente en el país y elude las onerosas obligaciones fiscales impuestas a los cigarrillos, en lugar de dedicarse a atacar irresponsablemente, y sin ningún fundamento, a la industria legítimamente establecida. Pedimos al Ministerio de Salud que tome cartas en el asunto y se pronuncie sobre estas acusaciones.

Leopoldo Sanz, director de Asuntos Corporativos, Tabacalera Costarricense, S. A.