Opinión

Un acuerdo nacional sobre transporte público

Actualizado el 23 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Un acuerdo nacional sobre transporte público

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La Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) asumió el compromiso de seguir contribuyendo a la modernización y mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público por autobús. Así lo hace saber a las autoridades, a los futuros gobernantes y a los usuarios. En la actual coyuntura que vive el país, consideramos importante compartir algunas reflexiones y preocupaciones.

Sin planificación urbana. El crecimiento incontrolado de las ciudades trae consigo el aumento generalizado del parque automotor, provocando congestión, pérdida de horas productivas, alta contaminación ambiental y sónica, y la degradación irreversible del estado de bienestar de los habitantes.

El vehículo privado, en comparación con el uso masivo de autobuses, triplica el consumo de energía y de emisiones de gas de efecto invernadero.

La carencia de una política pública integral de transporte por autobús que convoque a todos los sectores con los que hay influencia recíproca, junto con la existencia de vacíos legales, las nulas instancias efectivas de coordinación y control y la superposición de funciones, obliga al CTP-MOPT, como rectores del sector, a comprometerse con el Conavi y el Cosevi en la formulación de medidas alternas, coordinadas con los municipios del país, para desalentar el uso del transporte particular y priorizar el del transporte masivo, incluyendo carriles exclusivos para buses en las principales cabeceras de provincia, si se quiere beneficiar efectivamente a la población.

Falta de conductores de autobús. El transporte público necesita conductores, y esto exige tomar decisiones inmediatas. En lugar de emitir decretos por inopia de conductores de autobús, el Gobierno debería girar directrices al INA para la creación de escuelas de conductores, y, en convenios con los concesionarios, el país puede ofrecer su propia mano de obra capacitada. Canabus, con el apoyo del INA y otras instituciones, está ejecutando distintos programas de capacitación, sensibilización y acreditación de conductores.

Inversiones en flota. No hay claridad en los alcances de la política de carbono-neutralidad, y su impacto en las inversiones en flota preocupa al empresario a nivel nacional. La Aresep y el Minaet no han definido cómo implantarán los cambios tecnológicos en los motores de la flota de transporte público vigente, ni cómo reconocerán el costo de la reconversión tecnológica en el valor del autobús dentro del modelo tarifario, tal como lo hacen con la conservación de bosques, cuyo incentivo es el cambio a tecnologías más amigables con el ambiente. Con ello, el sector podrá responder a la política de carbono-neutralidad.

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Sin embargo, contrariamente a esta aspiración-país, la propuesta del nuevo modelo tarifario de la Aresep no posibilita la inversión en nuevas tecnologías.

Legislación obsoleta. Para que la inversión pública y privada destinada al transporte por autobús se otorgue de modo eficiente y sin corrupción, hay que garantizar una regulación integral que convoque a todas las instituciones interesadas, incluyendo al Cnree y al Conapam. Las leyes deben concatenarse para vincular los entes rectores: CTP, Aresep y Minaet.

Transparencia. Hay que definir con claridad las competencias del ente rector (CTP) y del regulador (Aresep). La ausencia de planificación, coordinación, control y fiscalización del sistema exige la aplicación real de la ley 8220 de Simplificación de Trámites y su Reglamento.

El Gobierno Digital debe ser realidad, y que las sesiones de las juntas directivas del sector sean publicadas por Internet, a fin de que la rendición de cuentas y la participación ciudadana cumplan su cometido.

Cobro electrónico. Canabus impulsa este proyecto porque transparenta la acción empresarial; sin embargo, es necesario que las autoridades definan los sistemas y normas técnicas que garanticen su éxito.

Regulación. Las autoridades han permitido y tolerado el crecimiento sin límite de ofertas diferenciadas de servicios de transporte: porteadores, piratas, transporte de estudiantes, trabaja-dores, turismo nacional y taxis colectivos, lo cual ha contribuido a agravar la inequidad y la competencia desleal en contra del transporte regulado por autobús. Asociado a esto, fuerzas políticas interesadas impiden culminar la modernización del transporte público.

Un servicio no planificado conlleva a la anarquía. Es necesario un acuerdo nacional para construir, desde el ente rector, una política pública con la participación de las empresas concesionarias, los usuarios, los gremios y el ente regulador, todos como agentes legítimos de la actividad.

El transporte público por autobús debe seguir siendo el motor de desarrollo de la economía nacional.

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