Opinión

Un acuerdo de gobernabilidad

Actualizado el 22 de mayo de 2014 a las 12:00 am

Opinión

Un acuerdo de gobernabilidad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Me permito aclarar algunos conceptos esbozados en el editorial de este periódico, el pasado 15 de mayo, en relación con la participación de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en las negociaciones sobre el tema de las reformas al Código Procesal Laboral y la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa del pasado 1 de mayo.

En las pasadas elecciones, los costarricenses optaron por elegir un Parlamento conformado por nueve fracciones. Por eso, propiciamos la conformación de un Directorio multipartidista para impulsar un entorno de gobernabilidad que contribuyera a lograr equilibrios de poder y de diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

En el artículo “Entre líneas”, del pasado domingo 30 de marzo, don Armando González analizaba al PUSC como el gran elector del Directorio legislativo y abordaba el tema en cuestión: “El ganador de las elecciones merece la oportunidad de gobernar sin amarras innecesarias, y los perdedores deben abandonar la consigna de la oposición por la oposición misma para buscar espacios de entendimiento que favorezcan al país”. Lamentablemente, otras fracciones se inclinaron por conformar lo que se denominó un “bloque de oposición” que impidió la consecución de un gran consenso legislativo.

Con respecto al tema que el editorial entra a analizar, en el mismo artículo de don Armando se señalaba: “La solución del dilema del gran elector podría estar en manos del PLN. La insistencia de los liberacionistas en obtener el control del Congreso impulsa al PAC hacia el terreno del Frente Amplio, fortalece la capacidad de negociación de este último”. En el curso de estas conversaciones llegó a nuestro conocimiento la solicitud del Frente Amplio al PAC de que, en el futuro Gobierno, se levantara el veto sobre tres proyectos, entre ellos la reforma procesal laboral. Nuestra posición en todos los casos de los vetos, pero específicamente en relación al derecho de huelga en los servicios esenciales, fue muy clara desde el inicio y así lo consignó el periódico La Nación en su edición del 26 de abril: “Ortiz advirtió de que, de aceptar Solís anular los vetos, podrían no apoyar al PAC para el Directorio”. Esta posición no ha variado y, por eso casualmente, trabajamos en un texto sustitutivo que aclare y defina este punto medular.

Fuerza moderadora. Nuestra visión del papel de la fracción socialcristiana ha sido concebida como fuerza moderadora y promotora del bien común, para facilitar puntos de encuentro en los grandes temas nacionales. Por eso, ante la posible coyuntura de un PAC políticamente aislado en el Congreso, solo con el apoyo del Frente Amplio, y ante la posibilidad de que el Gobierno levantara el veto, decidimos abrir un diálogo con ambos partidos. Las conversaciones dieron como resultado un acuerdo para elaborar un proyecto de ley que viniera a definir el concepto de servicios públicos esenciales, en línea con sentencias de la Sala Constitucional y los convenios internacionales suscritos con la OIT. Incluso, en temas no contemplados en el veto abrimos la posibilidad de diálogo, que, esperamos, permitirá modernizar la legislación laboral de una forma equitativa y facilitar que tanto patronos como trabajadores obtengan una justicia pronta y cumplida, y no como ahora, donde no es extraño que un litigio se extienda por más de seis o siete años.

Nuestra posición nunca podrá entenderse como aceptación del derecho a la huelga en servicios esenciales. El plazo de un año parte del hecho de que los socialcristianos valoramos positivamente la reforma y tenemos claro que el texto sustitutivo es solo para modificar cuatro artículos, razón por la cual hemos conversado con los partidos políticos y sectores sociales, percibiendo en ellos una buena disposición para lograrlo, pues simplemente hay que respetar el Estado de derecho, por la jurisprudencia ya citada. Confiamos en que la Asamblea Legislativa sabrá comprender la necesidad que tiene nuestro país de aprobar esta reforma laboral, por lo que nos parece un plazo razonable para lograrlo.

Aun cuando el Gobierno no se ha comprometido a levantar el veto en un año, ya que el acuerdo del PAC con el Frente Amplio solo señala que el Poder Ejecutivo considerará y estudiará la posibilidad de levantar el veto, estamos claros en que avanzar en la modernización de las relaciones obrero-patronales es una causa socialcristiana desde los años cuarenta.

  • Comparta este artículo
Opinión

Un acuerdo de gobernabilidad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota