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El estado actual de los casos ante la CIJ

Actualizado el 05 de mayo de 2013 a las 12:00 am

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El estado actual de los casos ante la CIJ - 1
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El estado actual de los casos ante la CIJ - 1

En semanas recientes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha venido tomando decisiones importantes en el marco de los dos casos que actualmente enfrentan a Costa Rica y Nicaragua, es decir, los casos por la ocupación y daño a isla Portillos, y el caso por el camino fronterizo. Por ser un tema de interés para todos los costarricenses, es oportuno hacer una breve explicación de lo que está pasando, con el fin de que los lectores se puedan formar una opinión mejor informada.

Las pretensiones de Nicaragua. El 8 de agosto de 2012 Nicaragua presentó su contramemoria para el caso de isla Portillos, incluyendo al final 4 demandas reconvencionales (contrademandas) y una petición de unión de ese caso con el del camino fronterizo. Las 4 contrademandas eran: a) supuestos daños por el camino fronterizo; b) pretensión de libre navegación nicaraguense en el río Colorado; c) pretensión de que Costa Rica había perdido cualquier derecho sobre la bahía de San Juan del Norte (que según el artículo IV del Cañas-Jerez es co-propiedad de Costa Rica); y d) una acusación (desde luego infundada) de que Costa Rica había violado las medidas provisionales que la CIJ dictó el 8 de marzo de 2011 en el caso por isla Portillos. Estas contrademandas, así como la solicitud de unión de los casos, se discutieron en conjunto mediante una ronda escrita breve, que terminó el 30 de enero de 2013 y fueron resueltos, respectivamente, el 17 de abril (unión de los casos) y 18 de abril (contrademandas) y esos mismos días fueron notificadas ambas partes.

La CIJ hizo pública la decisión de unir los casos mediante un comunicado de prensa del 23 de abril, y por otro del 1 de mayo la decisión de denegar las contrademandas. La CIJ decidió que al unir los dos casos la primera contrademanda no procedía; la segunda y tercera contrademandas fueron rechazadas por ser inadmisibles en el proceso y, sobre la cuarta contrademanda, la CIJ consideró que esos alegatos se podían discutir en el contexto del caso actual, por lo que también la deniega.

No existe el supuesto daño en el San Juan. Nicaragua también había pedido a la CIJ desde el 19 de diciembre de 2012 que dictara medidas provisionales proprio motu (por iniciativa propia) en contra de Costa Rica por la construcción de la ruta fronteriza. Luego de darle la oportunidad a Costa Rica para referirse a esta solicitud, el 11 de marzo de 2013 la Corte comunicó a las partes que no encontraba mérito para imponerlas. Llama la atención que Nicaragua haya escogido hacerlo de esta forma tímida y poco ortodoxa, en vez de usar el procedimiento usual que implica una audiencia oral formal, como Costa Rica lo hizo cuando las pidió por la ocupación nicaraguense de isla Portillos. Tal vez Nicaragua sabía que si lo hacía corría el riesgo de que Costa Rica demostrara desde el inicio que no existe el supuesto daño al río San Juan que han venido alegando. Habida cuenta el carácter inusual del pedido nicaraguense, que no exigía el procedimiento habitual para indicar o no medidas provisionales (audiencias y providencia de la Corte), no hubo comunicado de prensa de la Corte al respecto.

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Balance objetivo de los resultados. Si bien algunos comentaristas pro Nicaragua han querido ver la unión de los casos como un gran triunfo para Nicaragua, lo cierto es que es una medida meramente procesal, que no tiene implicaciones para el fondo de los casos. Su única consecuencia práctica es que se celebrará una sola audiencia oral para ventilar ambos casos de manera conjunta, los cuales se resolverán en una única sentencia. Para fundamentar esta decisión, la CIJ consideró que tendría un efecto de economía procesal en cuanto hay identidad de las partes, de algunas circunstancias y normativa invocadas, así como proximidad geográfica, por lo que podía ser más conveniente discutir todo de manera conjunta. En su comunicado de prensa, la CIJ dijo que la unión de los casos no atrasaría la resolución final de ambos asuntos.

La unión de los casos no tiene incidencia sobre el fondo de los temas, ya que todos los temas alegados por ambas partes deben igualmente discutirse por aparte y, sobre todo, fundamentarse en hechos probados. Asimismo, en la medida que algunas normas de derecho invocadas por Costa Rica en el caso de isla Portillos puedan ser similares a normas invocadas por Nicaragua en caso de la ruta fronteriza, no hace diferencia alguna si la aplicación de dichas normas se discute en casos aparte o en el mismo caso. Al final de cuentas, les corresponde a los jueces de la CIJ decidir si los hechos alegados por las partes son ciertos o no, y si la interpretación y aplicación que las partes le dan a las normas es correcta o no a la luz de esos hechos que se puedan demostrar, y en eso radicará el resultado final.

Hago este señalamiento porque algunos comentaristas que apoyan a Nicaragua han venido afirmando por diferentes medios que la unión de los casos conlleva “seriecísimas consecuencias” para Costa Rica, tratando de exagerar el efecto real de dicha medida, y de paso alarmar innecesariamente a los costarricenses o generar dudas infundadas sobre cómo están evolucionando los casos.

Las contrademandas nicaraguenses que la Corte rechazó sí tienen que ver con el fondo de los casos, pues en efecto se pretendía introducir temas nuevos, que buscaban seguir cercenando derechos soberanos costarricenses. Estos temas –demanda de libre navegación en el río Colorado y pérdida de derechos en la bahía común de San Juan del Norte– de paso sirven para evidenciar la política oficial de Nicaragua de desconocer el régimen fronterizo establecido desde 1858, lo cual confirma que Costa Rica enfrenta amenazas reales a su integridad territorial.

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La agenda de algunos. No puedo concluir este artículo sin una referencia a un hecho que nos invita a reflexión. El pasado 25 de abril se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica un foro organizado para discutir los supuestos efectos ambientales del camino fronterizo, con una perspectiva transfronteriza. Como era previsible, los resultados de ese foro fueron reproducidos de inmediato en la prensa nicaraguense en un artículo titulado “La Trocha violó toda la normativa ambiental costarricense”, donde se citan las ponencias de los panelistas.

Un foro contra Costa Rica. Uno de los panelistas y organizadores del evento hizo varias afirmaciones públicas que ensalzan las posiciones de Nicaragua, entre ellas que “han quedado demostradas las falencias del país [Costa Rica] en relación a mitigar y prevenir cualquier daño en relación al Río San Juan”(Fuente: crhoy.com 28/04/2013). Esta afirmación, que objetivamente ayuda a Nicaragua, desde luego es falsa y no se apoya en fundamento científico alguno, pues no existe el daño al río San Juan que Nicaragua alega. Sin embargo, llama la atención sobre cuál fue la intención de organizar un evento de esta naturaleza y justo en este momento, prácticamente un año después de que los aspectos ambientales de la ruta fronteriza fueron ampliamente discutidos luego de las denuncias por aparentes actos de corrupción que se hicieron a principios de mayo de 2012.

Le pregunta obligada es: ¿A quién sirve reflotar este tema ahora? Es necesario que los costarricenses sepan también que el 11 de febrero de 2013 ese mismo comentarista escribió a un sitio de discusión internacional especializado en fronteras internacionales, al cual tienen acceso jueces de la CIJ, sugiriendo –desde luego de manera equivocada– que Costa Rica había violado los procedimientos de la CIJ.

El derecho de cualquier persona a diferir de las acciones del Gobierno es legítimo y respetable, pero eso es una cosa, y otra enteramente distinta es hacer una cruzada que objetivamente solo sirve para colaborar con nuestros adversarios y debilitar al país. Como dije, esto debe llamar a la reflexión.

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