Opinión

Una aclaración necesaria

Actualizado el 11 de junio de 2014 a las 12:00 am

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Respecto a la nota publicada el pasado martes 3 de junio por el periodista Aarón Sequeira, debo aclarar –por respeto a los costarricenses y a los lectores de La Nación , en particular– : que no es verdad que el Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC) me haya sancionado porque yo “ocultara, antes de ser designado como candidato a diputado, una acusación por peculado y falsificación de documentos”, como erróneamente lo informó este periódico.

Al contrario, con base en “la prueba admitida y que consta en el expediente”, dicho Tribunal determinó que yo cumplí con todos los requisitos que se me fijaron para ser candidato a diputado por el PAC , “y que los hechos que salieron a la luz pública después de la ratificación de su postulación por la Asamblea Nacional, se refieren a la existencia de un proceso judicial, el cual finalizó en una conciliación de fecha ya prescrita”.

Bajo esa perspectiva, el Tribunal concluyó que “Víctor Hugo Morales Zapata, en caso de haber cumplido, como efectivamente lo hizo, con los requisitos reglamentarios para su postulación arriba señalados, no tenía la obligación desde el punto de vista ético de informar, junto con los atestados que adjuntó a su postulación, la existencia del proceso que finalizó por conciliación”.

Otras razones. El Tribunal de Ética del PAC me sancionó por otras razones: primero, porque tomé “la decisión de ignorar” el pedido de renuncia que se me hizo por presiones de Ottón Solís, y, segundo, porque, a su juicio, “faltó transparencia” en mis explicaciones sobre aquella conciliación judicial, con lo cual habría lesionado la imagen del Partido.

“Lo que cuestiona el Tribunal es la falta de transparencia en sus explicaciones, de tal manera que, si al momento de darse los cuestionamientos, el señor Morales Zapata hubiese reconocido la existencia del mencionado proceso y su conciliación inmediatamente, dando explicaciones transparentes, es probable que este Tribunal no hubiese encontrado vulneración alguna a la normativa y/o principios éticos del Partido”, dice, literalmente, el fallo que La Nación tergiversa, acaso por no haber tenido copia del pronunciamiento completo.

Ottón Solís alegó ante el Tribunal de Ética del PAC que ejercer el derecho constitucional de conciliar ante un juez de la República constituye un reprochable acto de corrupción y, por tanto, debía ser expulsado del Partido. Además, me acusó de tener un crédito hipotecario en un banco público, lo cual, a juicio suyo, me convierte en un potencial corrupto, pues podría subastar mi voto en la Asamblea para pagar esa deuda. Así lo dijo en una carta a don Luis Guillermo Solís en diciembre del 2013.

Frente a tanto argumento irracional, la sanción impuesta por el Tribunal de Ética la recibo con cierto alivio y, sobre todo, con mucho respeto y humildad, aun cuando la estimo desproporcionada y, por ello, la he apelado. Eso no significa ni indisciplina ni irrespeto: mis compañeros de fracción lo saben y mis electores lo comprenden.

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