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Una aclaración necesaria sobre el proyecto Crucitas

Actualizado el 08 de junio de 2013 a las 12:00 am

Todo lo actuado en relación con el proyecto Crucitas estuvo apegado a derecho

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Una aclaración necesaria sobre el proyecto Crucitas - 1
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Una aclaración necesaria sobre el proyecto Crucitas - 1

Considero necesario aclarar lo ocurrido con el proyecto minero Crucitas, pues constantemente se hacen afirmaciones reñidas con la realidad y que solo sirven para lanzar lodo contra exfuncionarios públicos que actuaron apegados al ordenamiento jurídico.

El proyecto Crucitas se inició en el año 1993. Desde esa época, el proyecto avanzó en sus diversas etapas y, de conformidad con la normativa legal entonces vigente, recibió las aprobaciones respectivas requeridas por la ley por parte de los entes y órganos competentes, avance que continuó durante todos los Gobiernos sucesivos.

Permiso de exploración. El primer acto importante del proyecto se encuentra en el expediente administrativo minero N.° 7521 de la Dirección de Geología y Minas, donde consta el otorgamiento del permiso de exploración minera que el Poder Ejecutivo de entonces hizo a favor de la empresa Placer Dome. En efecto, en La Gaceta N.° 118, del 19 de junio de 1998, aparece publicada la resolución N.° 374-98-MINAE de las 8:20 horas del 16 de abril de 1998, firmada por don René Castro, a la sazón ministro de Ambiente y Energía, mediante la cual se otorgó el permiso de exploración minera a cielo abierto a favor de Placer Dome.

El permiso era para explorar en la región llamada Crucitas. Posteriormente, esta empresa cedió el permiso a Industrias Infinito S.A., la cual, una vez realizados los trabajos de campo respectivos, comprobó que existía una buena cantidad de oro en esa región, por lo que procedió a solicitar la concesión de explotación minera.

La actividad minera en Costa Rica es una actividad que se ha realizado desde la época precolombina. El Código de Minería establece en su artículo 6: “Sedeclara de utilidad pública toda la actividad minera (...)”, y la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (N.° 7152), señala en su artículo 2 que el Ministerio debe: “b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros”.

Durante la tramitación del expediente del proyecto Crucitas, nadie señaló algún problema legal para la continuación del procedimiento.

Todo lo actuado fue aprobado por los órganos competentes por ley del Minae. Al gobierno Arias Sánchez le tocó la última etapa. No se cambió ningún proceso ni se le dio ninguna prioridad. El viceministro del Minae, don Jorge Rodríguez, coordinó una comisión interinstitucional integrada por los jerarcas y funcionarios de la Setena (Secretaria Técnica Nacional Ambiental), la Dirección de Geología y Minas (DGM), el Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), el ACAHN (Área de Conservación Arenal Huetar Norte) y el Departamento Legal del Ministerio.

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Esta comisión fue la que recomendó que se promulgara el decreto de conveniencia nacional, el cual fue propuesto y promovido por el ACAHN desde el 2002.

Luego de las aprobaciones finales por los órganos competentes de ley en el Minaet, el proyecto Crucitas fue impugnado ante la Sala Constitucional. Para mejor resolver, los magistrados de la Sala Constitucional realizaron también una visita (inspección judicial) al sitio de la mina Crucitas en San Carlos, en setiembre del 2009, y una vista pública los días 12, 13 y 17 de noviembre del 2009, con la participación de todas las partes.

Proyecto válido. La Sala ratificó la constitucionalidad y la legalidad de la totalidad del proyecto Crucitas mediante resolución N.º 2010-006922, del 16 de abril del 2010. Esta resolución tiene efectos vinculantes erga omnes y pasó en autoridad de cosa juzgada.

Es decir, la Sala Constitucional aprobó la validez de todo lo actuado por los órganos competentes por ley del Minaet y por el Poder Ejecutivo, incluyendo el decreto de conveniencia nacional elaborado por el Departamento Legal del Minaet.

La Procuraduría General de la República, que defendió el proyecto Crucitas en el juicio contencioso-administrativo y ante la Sala Primera, determinó, clara y contundentemente, al igual que lo hizo la Sala Constitucional, que todas las actuaciones de los órganos competentes del Minaet y del Poder Ejecutivo relacionadas con el proyecto Crucitas estuvieron conforme a derecho, incluyendo el decreto de conveniencia nacional. Inclusive, señaló en uno de sus oficios que “La conformidad con el Ordenamiento Jurídico de las actuaciones administrativas impugnadas, impide considerar que se ha comprometido la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios”.

En la resolución N.º 2010-006922, del 16 de abril del 2010, la Sala IV afirmó que “la declaración de conveniencia nacional del proyecto minero se encuentra ajustada a derecho, pues (...) es el resultado de la comprobación de que los beneficios socio-económicos resultan mayores al costo ambiental, costo que tiene la particularidad de no generar un daño ambiental en los términos dichos”.

En este momento existe un conflicto jurisdiccional entre el fallo de la Sala Constitucional que determinó la constitucionalidad y legalidad del proyecto Crucitas y el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo, ratificado por la Sala I. Ambos están vigentes y son totalmente contradictorios.

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Esta situación inédita deberá resolverse, tarde o temprano, a favor de la Sala Constitucional, pues sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, por ser el tribunal de más alto rango en nuestro sistema judicial.

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