21 septiembre, 2015

Desde hace más de 20 años el Hospital Nacional de Geriatría alerta a la población sobre el flagelo que representa el abuso, la marginación, la negligencia y el abandono de las personas adultas mayores.

En este centro médico se ha documentado que parte de las patología que presentan las personas mayores son los padecimientos sociales como las descritas anteriormente, por lo cual en 1995 se tomó la decisión de conformar una comisión para el estudio, el manejo y el seguimiento de este creciente problema social.

Cientos de casos han sido observados, algunos en condiciones infrahumanas, en los cuales la intervención de este grupo ha hecho la diferencia en su calidad de vida.

Recuerdo en los años 80 que, buscando estadísticas de denuncias, no existía ninguna información al respecto. Estas denuncias fueron publicadas por primera vez en la Gran Bretaña de los años 70 y casi de seguido en Escandinavia y Europa central, y una década más tarde en los Estados Unidos de América.

Me interesa destacar que nuestro país cuenta con el respaldo jurídico del artículo 51 de la Constitución Política, del Código de Familia –Ley 5.476 (21/2/1973)–, la Ley contra la Violencia Domestica No. 7.586 (25/3/1996) y la Ley Integral para la persona adulta mayor (1/10/1999), las cuales se constituyen en la jurisprudencia local que significa un paso adelante de lo que debe ser la protección social de la persona adulta mayor.

Debe contemplarse también la recién aprobada (15/6/2015) Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; sin embargo, muchas veces nos quedamos cortos por ignorancia de su existencia y a veces por la desidia de aplicar estos instrumentos jurídicos.

He llegado al convencimiento, como geriatra y gerontólogo, que además de tener este engranaje jurídico así como algún complemento adicional que lo pueda innovar, es necesario poner en marcha programas educativos como los puentes intergeneracionales en los niveles preescolar, escolar, colegial, universitario, tecnológico y parauniversitario, que sean programas de carácter obligatorio que destaquen la figura de la persona adulta mayor en el marco de la familia.

De esta forma edificaremos la necesaria cultura de integración, dignificación y respeto que urge en nuestra sociedad.

El Ministerio de Educación Pública en los años 80 tuvo programas importantes de formación contra este tipo de abusos, pero no continuaron con la rigurosidad y suficiente divulgación como amerita en lo público y lo privado, y con carácter de obligatoriedad.

Ciertamente, la formación básica en el marco familiar resulta fundamental para inculcar valores en nuestra juventud, si queremos revertir estas situaciones de violencia contra las personas adultas mayores, pero, como me insistía el Dr. Rappin, profesor de la Universidad de Ginebra, “la negligencia se constituye en el mayor flagelo para las personas adultas mayores”.

Si permaneciéramos estáticos ante esta creciente problemática tendríamos que seguir enterándonos en los medios de comunicación colectiva de más casos desagradables y espectaculares como los que suceden hoy, sin poder hacer mayor intervención.

Lo lógico es que estas situaciones no se presenten, y la respuesta definitiva para combatir este mal es de la educación y la formación dentro del núcleo familiar.

Queda entonces una enorme tarea para ejecutar de parte de los grupos sociales dentro del marco costarricense, a fin de erradicar el riesgo de que estas conductas sigan presentándose y afectando al creciente grupo de adultos mayores de nuestro país.

Fernando Morales-Martínez es médico geriatra y gerontólogo, director generaldel Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.