27 julio, 2015

En mi condición de director del Consejo Universitario, ejerzo el derecho de respuesta ante el editorial del periódico La Nación del pasado 21 de julio, el cual reacciona al pronunciamiento del Consejo Universitario, publicado el 19 de julio en este mismo medio de comunicación, y cuyo propósito era exponer a la opinión pública los ataques que vienen sufriendo no solo la Universidad de Costa Rica, sino diversas instituciones públicas por motivo de sus sistemas salariales.

En primer lugar, debo señalar que, lamentablemente, el editorial, en lugar de rebatir con argumentos fehacientes lo expresado en el pronunciamiento del Consejo Universitario, lo que hace es desacreditar y desautorizar la opinión del Órgano recurriendo a una serie de calificativos desafortunados, que rayan en lo ofensivo y que en nada contribuyen a un debate respetuoso, propio de la altura que debe caracterizar una discusión pública sobre el tema en cuestión. Es, entonces, este editorial, un ejemplo clásico de la falacia ad hominem (y para ser más exacto y no sexista, diría ad Consilium ) en virtud de la cual, en lugar de argumentar en contra de las ideas, se desacredita a quien las emite.

Y es que una lectura básica del Estatuto Orgánico resulta muy esclarecedora de la naturaleza y funciones del Consejo Universitario en nuestra casa de enseñanza. Es el órgano inmediato en jerarquía a la Asamblea Universitaria y su composición, además de ser representativa de todos los estamentos universitarios, resulta de procesos democráticos de elección.

Así que sus acuerdos son oficiales en la Institución y con ello no pretendo decir que sean necesariamente representativos de toda la comunidad universitaria, la cual se caracteriza, afortunadamente, por una diversidad de criterios y posiciones que coexisten en un ambiente de mutuo respeto y que son esenciales para el desarrollo de la vida institucional.

Así que venir ahora a declararlo como el enemigo número uno de la Universidad es lo más alejado de la realidad y de las concepciones universitarias.

Afirmar que los únicos criterios que puede emitir el Consejo son aquellos relacionados con proyectos de ley, es desconocer la normativa universitaria y el papel fundamental y trascendental que este órgano colegiado ha cumplido y cumple tanto dentro como fuera de la Institución. Bastaría con solo traer a colación los numerosos pronunciamientos emitidos respecto de asuntos medulares de la historia nacional en los últimos 75 años.

No puede el Consejo Universitario callar ante los embates que sufren la Universidad de Costa Rica y diversas instituciones públicas por parte de algunos diputados y medios de comunicación, como La Nación.

Y afirmo que son embates porque la cadena de reportajes sobre los salarios públicos en nada refleja el ejercicio de un periodismo objetivo y responsable con la ciudadanía.

Es incomprensible que en esos reportajes se presente información sesgada, que magnifica sensacionalistamente aquello que no constituye la norma o promedio del salario en la función pública. Sesgada también porque no hay contrapunto, ni información de fuentes cruzadas y no se aceptan aclaraciones y rectificaciones que ha hecho, por ejemplo en nuestro caso, la Rectoría. Nunca un periodista de este medio de comunicación se ha acercado al Consejo Universitario a preguntar por las políticas salariales de la Institución, asunto que es de competencia nuestra.

Si lo hubiera hecho, no solo habría cumplido con el ejercicio de un periodismo ejemplar, sino que habría informado a la población de que, desde hace más de un año, hemos venido analizando, en el seno del Consejo, la estructura salarial de la Institución con el objetivo de tomar todas las medidas necesarias, en el ámbito de nuestra competencia, para garantizar en el futuro la estabilidad financiera de la Institución.

Si la información brindada por la Rectoría de la Universidad sobre los salarios de la Institución se consideró omisa o no comprensible, era deber de quien escribía el reportaje solicitar todas las aclaraciones del caso para poder brindar información fidedigna a la ciudadanía. No se vale ahora argumentar que, como la información brindada no era clara ni completa y so pretexto de no dejar “al público en ascuas”, se recurriera a solo una fuente, la del Sicere, como si se tratara de una noticia de última hora y no de un reportaje supuestamente investigativo.

El pronunciamiento del Consejo Universitario viene a plantear un asunto fundamental: no puede satanizarse el sistema salarial del sector público como si este fuera el culpable único de los problemas fiscales del país.

No se puede implicar que el sistema salarial del sector privado deba ser el rasero aplicable a todas las personas trabajadoras de este país y menos desconocer todas las luchas sociales que se han dado en Costa Rica para lograr una institucionalidad pública que, con muchos elementos por corregir, es ejemplar en la región.

Esta contraposición entre los dos sistemas está llevando a una polarización social peligrosa, que se evidencia en la animadversión expresada en redes sociales, por ejemplo, de personas que trabajan en el sector privado y que califican de ladrones y pillos a los que trabajamos en el sector público. Toda esta discusión sobre los sistemas salariales del sector público y del privado responde también a posicionamientos políticos e ideológicos; sería ingenuo considerarlo de otra manera.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en un ejercicio responsable de sus funciones y respondiendo a la confianza que le ha depositado la comunidad universitaria, se pronuncia y emite criterios fundamentados sobre diversos aspectos de la vida institucional y nacional.

También dicta las políticas que sirven de derrotero a la Universidad de Costa Rica y aquellas relacionadas con el sistema salarial no son la excepción.

Estamos analizando la estructura salarial de la Universidad para tomar responsablemente las medidas que sean necesarias para salvaguardar el equilibrio financiero de la Institución, pero con fundamento en las normas y siempre respetando el principio de que a toda persona trabajadora se le debe remunerar dignamente. Y esa dignidad en la remuneración salarial la defenderemos no solo para las personas del sector público, sino también para las del sector privado.

Así que, de ningún modo, somos “intransigentes” ante los señalamientos que se nos hagan; como representantes de la Universidad de Costa Rica no podemos más que actuar con la transparencia y la independencia de criterio propias de una institución benemérita de la Patria.

Jorge Murillo Medrano es director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

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