15 agosto, 2014

CLAREMONT, CALIFORNIA – En la medida más osada desde que el presidente, Xi Jinping, lanzara su campaña anticorrupción, China ha anunciado el inicio de una investigación formal sobre “violaciones disciplinarias graves” a Zhou Yongkang, uno de los más altos funcionarios del Partido Comunista de China (PPC). Aunque hace cerca de un año habían circulado rumores sobre su caída en desgracia, cualquiera que estuviese familiarizado con las intrigas políticas chinas sabía que, hasta el anuncio del PPC, los muchos protectores y protegidos de Zhou todavía podían salvarlo. Ahora es oficial: han derribado a un pez de los gordos (o un “tigre grande”, para usar el término local). Pero ¿es eso lo que China necesita realmente?

Desde el 2012, cuando Xi comenzó a “cazar tigres”, han caído más de 30 ministros de gobierno, gobernadores provinciales y otros funcionarios de alto nivel. Pero Zhou no es un tigre cualquiera: como exmiembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del PCC, era visto como un intocable.

Desde el fin de la Revolución cultural, el PCC había seguido la regla no escrita de que los miembros del Comité Permanente del Politburó, en ejercicio o retirados, gozaban de inmunidad ante posibles investigaciones judiciales. Por supuesto, algunos han sido objeto de purgas en luchas de poder, como la que condujo a la caída de Hua Guofeng, el sucesor inmediato de Mao, a principios de los 80, pero, por lo general, los derrotados han salido de escena en silencio y sin enfrentar nunca cargos de corrupción formales.

Considerando este historial, el juicio a Zhou es un caso que cambia las reglas del juego, mucho más significativo que el fascinante proceso del año pasado contra Bo Xilai, ex secretario general caído en desgracia del Partido Comunista de Chongqing. Muestra sin ambages la autoridad personal y la decisión política de Xi, pero sigue en el aire la pregunta: ¿qué es lo que quiere obtener realmente con la campaña anticorrupción más impresionante en más de tres décadas?

Parece ser que la amenaza de un proceso judicial sirve a Xi para consolidar su poder y obligar a la burocracia a implementar reformas económicas que van en dirección contraria a sus intereses. Así, los dos pilares de la estrategia política de Xi (limpiar el Partido y revigorizar la economía china) son complementarios e interdependientes.

Esta estrategia tiene un mérito importante, pero incluso la máxima maquiavélica de que un gobernante debe alimentar el temor de sus ciudadanos, en lugar de su afecto, tiene ciertos límites. Los líderes políticos más exitosos son consumados expertos en la formación de coaliciones.

Un ejemplo es Deng Xiaoping, el más exitoso reformador de China (a pesar de la masacre de la plaza de Tiananment de 1989). La gran coalición que, contra todas las probabilidades, forjó tras su regreso al poder en 1979 fue esencial para que se produjera la transformación económica de los años siguientes.

La pregunta no es si Xi ha reunido suficiente autoridad para dar impulso al cambio en China (algo que ya ha logrado), sino si ha creado una coalición capaz de avanzar su objetivo declarado de reimpulsar las reformas en pro de los mercados. Hasta ahora, la respuesta parece ser que no.

Desde que asumió la presidencia, las medidas de Xi han sido al mismo tiempo resueltas y contradictorias. Por una parte, ha perseguido con decisión a “tigres” y “moscas” (funcionarios de menor nivel) y limitado, al menos temporalmente, los privilegios de los dirigentes chinos. Por otra parte, ha lanzado una campaña igual de enérgica para reprimir la liberalización política, arrestando y encarcelando a prominentes activistas de los derechos humanos y aplicando estrictas limitaciones a los medios sociales chinos, otrora llenos de actividad.

Son evidentes los riesgos de librar una guerra en ambos frentes. Si la lucha de Xi contra la corrupción es genuina, va a generar temor y resentimiento en las filas de la burocracia china. Aunque manifiesten cumplir los planes de reforma económica, los funcionarios buscarán cualquier oportunidad de obstaculizarlos. La falta de avances significativos reales desde que Xi anunciara su plan económico maestro en noviembre sugiere que esto ya está ocurriendo.

Al mismo tiempo, la actitud de mano dura de Xi frente a las reformas políticas está desesperanzando a los liberales. Es claro que este grupo, que comprende intelectuales, activistas sociales, periodistas y empresarios privados progresistas, tiene escaso poder institucional. Lo que sí posee es la capacidad de influir sobre los ciudadanos chinos comunes y corrientes, convirtiéndola en un valioso aporte a una potencial coalición pro reformista. Deng reconoció este potencial en los 80: a menos que Xi le imite, le será cada vez más difícil concitar el apoyo público para su visión del futuro de China.

No quiero decir con esto que no haya sido un buen paso encarcelar a Zhou, pero ahora Xi debe buscar aliados nuevos, y quizás inesperados, en lugar de enfrentarse a más oponentes. Su éxito a largo plazo, y el de China, depende de ello.

Minxin Pei es profesor de Gobierno del Claremont McKenna College e investigador sénior no residente del Fondo German Marshall de los Estados Unidos. © Project Syndicate.

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