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Voto electrónico en el sector público

Actualizado el 27 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Voto electrónico en el sector público

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La responsabilidad personal es inherente al desempeño de la función pública. En razón de ello, el oportuno, eficiente y confiable registro de las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos es una necesidad de primer orden que ahora se resuelve mediante tecnologías digitales.

Al respecto, es conveniente destacar la información divulgada por La Nación , en su edición del 29 de agosto anterior, sobre la aprobación de reformas legislativas para regular los debates e introducir el voto electrónico en la Asamblea Legislativa ( La Nación , 29-08-2013, pág. 12).

Para funcionar y tomar decisiones, tanto la Asamblea Legislativa como los restantes órganos colegiados del Estado y de los entes públicos no estatales (el Consejo de Gobierno, los concejos municipales, los consejos universitarios y las juntas directivas de estos entes) realizan votaciones constantes, mediante las cuales sus miembros ejercen sus deberes y definen el sentido de sus actuaciones.

Por su naturaleza e implicaciones, la sana administración dicta que el resultado de esas votaciones debe registrarse, y actualmente se hace en actas que se conservan en medios digitales y/o impresos.

Esos registros no siempre detallan, nominalmente, el sentido del voto de cada uno de los miembros del órgano y aunque se hiciera se registraría dentro de miles de archivos digitales o folios de papel, cuya consulta resulta difícil o imposible. Esta práctica reduce la calidad del funcionamiento de esos órganos, limita su transparencia, permite impunidad y hasta el ocultamiento o infiltración de intereses e interesados.

Práctica vigilancia. Propongo que la iniciativa legal de introducir la votación electrónica en la Asamblea Legislativa sea extendida a todos los órganos colegiados del sector público para registrar y archivar correctamente las votaciones, con total transparencia y vigilancia de los procesos de toma de decisiones en el sector público, y el establecimiento de las responsabilidades personales de sus miembros.

El funcionamiento de este sistema de votación se sustentaría en una plataforma computacional para ejecutar y registrar las votaciones que operarían en tiempo real. El voto se debería emitir desde un dispositivo digital (computadora o teléfono celular) con autenticación digital y las medidas de seguridad razonables.

Quien conduce la votación leería su resultado del mismo sistema y no con el conteo físico de papelitos, manos levantadas o personas de pie.

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Así se tendría la información de cómo vota cada miembro del órgano y se almacenaría para consultarla por cualquier persona y en cualquier momento, vía Internet. Se crearía una base de datos con el historial de votación de cada órgano, pudiendo consultarse por periodo, por tema, por participante, etc. La tecnología y los recursos no son limitación. La restricción podría ser de conveniencia o, más bien, de inconveniencia.

En estas épocas, en las cuales la sociedad reclama, con total derecho y justa razón, una mayor transparencia en la gestión pública y un más efectivo establecimiento de las responsabilidades de sus funcionarios, una propuesta como esta sería de mucha ayuda para lograr tales propósitos.

Alexander Mora Delgado, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

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