Opinión

Voracidad fiscal, Estado de derecho y turismo

Actualizado el 11 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Voracidad fiscal, Estado de derecho y turismo

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Ningún Estado puede sostener su economía sin ponerle coto al gasto público. Si el crecimiento del gasto público es continuo, ni sustrayéndose la totalidad de la riqueza de los ciudadanos podría llegar a mantenerse; por ende, el gasto público debe tener un límite (no un tope), máxime si ese gasto representa en una porción importante el pago de salarios a un aparato burocrático ineficiente, y no inversiones en infraestructura, educación o tecnología.

No obstante, la potestad de imperio faculta al Estado de imponer tributos a sus ciudadanos a través de los medios que la Constitución y las leyes han establecido, medios que tienen su origen en un largo desarrollo normativo y social, y que permiten mantener bajo reglas claras la relación entre el poder y el pueblo. En consecuencia, los principios constitucionales, y específicamente la legislación tributaria, han establecido que únicamente mediante ley, debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa en ejercicio pleno y exclusivo de sus potestades legales, se pueden crear impuestos.

Una afrenta. Violentar tal marco normativo a través de reglamentos o mediante simples interpretaciones de dependencias del Estado representa una afrenta contra el Estado de derecho y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Ejemplo de esto es la cruzada poco afortunada que ha iniciado Tributación en un intento para incrementar los ingresos del Estado, arrogándose, mediante meras interpretaciones, la facultad de ampliar la base de servicios que se encuentran sujetos al impuesto sobre las ventas.

Mal procedimiento. En un país donde las actividades turísticas representan entre un 5% y un 8% del producto interno bruto, resulta casi impensable que de la noche a la mañana se “interprete” que la Ley de Ventas grava actividades turísticas que nunca han estado gravadas ni se encuentran así estipuladas en la ley. Tributación pretende gravar actividades bastante disímiles entre sí, desde los servicios de spa, la caminata por senderos, hasta el salto de bungee (actividad que normalmente se realiza en un puente), fundándose en que la norma grava los servicios de recreo, cuando expresamente la norma se refiere a centros de recreo y no a actividades en sí, las cuales, conforme a la ley, deben ser expresamente señaladas en la norma.

La Ley de Ventas no necesita otra ley que venga a realizar una interpretación auténtica de esta, dado que todo el marco legal costarricense señala la prohibición de establecer tributos mediante interpretación o analogías, como lo está haciendo Tributación.

La mala técnica legislativa al momento de promulgarse la Ley de Ventas no puede utilizarse en detrimento del Estado de derecho ni las garantías constitucionales. Si Tributación quiere ampliar la base de servicios gravados con el impuesto de ventas, deberá hacerlo mediante la promoción de una ley que así lo establezca, y no mediante sus propias interpretaciones de lo que cree quiso gravar el legislador.

La Ley es clara, y no admite que se impongan tributos sin ley habilitante.

El (sub)sector turismo ya cuenta con muchísimos problemas por el alto costo que implica vacacionar en nuestro país, como para tener que abocarse en luchar contra otra carga que no ha sido discutida ni aprobada por el Asamblea Legislativa, como corresponde.

La problemática fiscal no es excusa para que mediante este tipo de actuaciones se ponga en tela de duda la seguridad jurídica de nuestro país; el diálogo social previo y la posterior reforma fiscal deben ser la ruta que tiene que trazar el Gobierno para abordar el tema fiscal, no medidas arbitrarias y cuestionables.

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