EscucharActualmente, hay dos problemas que aquejan el funcionamiento efectivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El primero es que no atiende a un sector importante de nuestra economía: no incluye a las familias de clase media baja y jóvenes profesionales que contraen matrimonio, cuyos ingresos mancomunados no superan los ¢900.000.
En segundo lugar, el sistema está desfinanciado, producto de su dependencia del presupuesto porcentual de diferentes instituciones del Estado. Esto ha generado una paralización absoluta en algunos momentos de su recorrido histórico y, consecuentemente, la dilación en la búsqueda de soluciones habitacionales para los sectores necesitados del país.
Por otra parte, las leyes y reglamentos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda ofrecen una gran gama de posibilidades de financiamiento. No obstante, una opción que suena con más fuerza cada vez es la posibilidad de crear préstamos con tasas de interés subsidiadas, que respondan a las necesidades de los grupos excluidos en otros préstamos. En este orden de ideas, y con fundamento en lo actualmente establecido por dichas leyes y reglamentos, lo necesario sería reorientar las políticas del Sistema hacia este tipo de financiación.
Techo para todos. En la Administración Arias Sánchez (1986 – 1990), se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a través de la Ley 7052, con el objetivo de promover y propiciar la construcción de los hogares necesarios para disminuir el déficit habitacional y, también, hacer frente a la demanda del crecimiento de la población, a un precio acorde con la capacidad de pago de los diferentes estratos sociales.
Posteriormente, surgió el bono familiar de vivienda totalmente gratuito. Esto fue en la Administración Calderón Fournier (1990 -1994). El bono, que inicialmente era un crédito hipotecario, pasó a ser un subsidio y, es ese momento, el Sistema perdió la capacidad de recuperación financiera y pasó a depender, de manera exclusiva, de los aportes presupuestarios de las instituciones estatales.
A mediados de la administración Pacheco de la Espriella (2002 – 2006), el sector construcción se paralizó, producto de la también paralización del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda pues las instituciones encargadas legalmente de hacerlo, no habían cubierto los presupuestos porcentuales necesarios para el financiamiento del Sistema.
Esta parálisis trajo incertidumbre y un importante perjuicio económico a un amplio sector de nuestra economía: desde el vendedor de copos que se solía ofrecer sus productos frente a una construcción, pasando por el depósito de materiales, hasta llegar al constructor y desarrollador, se vieron seriamente afectados.
La clase media. A lo largo de la historia de nuestro país, la clase media ha sido la forjadora de las bases de nuestro sistema productivo y, por ende, de nuestra democracia. Es la que ha venido a sufrir las consecuencias de los cambios en las políticas de inversión de nuestro sistema económico. Hoy por hoy, esta clase media trabajadora no tiene la posibilidad de acceder a los mismos bienes y servicios de otrora. Las entidades autorizadas no la financian por cuanto no califican dentro de los parámetros establecidos y, a la vez, no son sujetos del subsidio estatal toda vez que sus ingresos superan los rangos más altos establecidos para el otorgamiento de ayuda social de la clase baja.
Hoy por hoy, para poder calificar para un crédito de treinta millones de colones, es requisito indispensable que la familia tenga un ingreso superior a un millón colones mensuales. Este hecho, aunado a diferentes factores, tales como el alquiler de una vivienda, un promedio de familia de cuatro miembros, la necesidad de traslado hacia los centros laborales, el costo de la educación, la salud, el incremento en la canasta básica, entre otros, impiden optar por una vivienda propia.
Por otro lado, y en vista de la situación anteriormente comentada, el sector constructivo ha volcado sus ojos hacia otro segmento poblacional del país, con mayores y mejores ingresos económicos, y se abstrae de construir soluciones habitaciones de veinte o treinta millones de colones, ya que este mercado es hoy muy reducido.
El subsidio. Las leyes y reglamentos vigentes para el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, reflejan varios defectos y su estructuración es desordenada y poco consecuente. Situaciones propias de la ley son tocadas muy reglamentariamente, y los reglamentos, por su parte, vienen a dar la base legal de las diferentes actuaciones. No obstante, la intención de los legisladores tiene un claro destino y es procurar programas de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito.
Las reformas hechas a las leyes y reglamentos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, más que transformar su esquema inicial, vinieron a cambiar las políticas de aplicación de la facultad conferida para la promoción, estructuración y constitución de créditos preferenciales. Los cambios en estas leyes y reglamentos todavía mantienen la posibilidad de este financiamiento subsidiado a los sectores no cubiertos de nuestra economía. Lo que habría que variar es la miopía administrativa que solo permite orientar recursos hacia la clase extremadamente pobre de nuestro país, haciendo más ancha la brecha social en Costa Rica.
No es la falta de legislación lo que impide brindar ayuda económica subsidiada a los cuartos, quintos, y sextos estratos sino, más bien, la falta de un compromiso político que se arriesgue a cambiar los esquemas actuales de regalo absoluto, por otros que signifiquen un esfuerzo adicional para aquellas familias que sí quieren prosperar pero que, hoy por hoy, se han convertido en la población realmente necesitada de nuestro país, que no cuenta con los mecanismos necesarios para surgir y obtener un techo digno. Podríamos decir una clase pobre-alta.
