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Víctimas de leyes procesales obsoletas

Actualizado el 09 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

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Víctimas de leyes procesales obsoletas

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La actividad del Poder Judicial es tan compleja que asuntos de gran trascendencia permanecen ocultos o no son suficientemente divulgados.

El desconocimiento y la falta de conciencia sobre ciertos temas impide juzgar objetivamente toda la actividad de la justicia.

No me refiero únicamente a los jueces, también a los abogados litigantes, quienes deben estar informando constantemente a sus clientes las razones por las cuales un proceso se prolonga.

Costa Rica tiene una gran deuda desde la perspectiva jurídico-procesal. La mayoría de las jurisdicciones no penales (civil, comercial, laboral, familia y agraria), trabajamos con una legislación procesal que no se ajusta a las necesidades de la sociedad moderna.

El alto nivel de educación de los costarricenses ha propiciado que las personas sean más conscientes de sus derechos. Esta realidad y la crisis que enfrenta el país, en todo nivel – economía, valores, etc.– propicia un aumento de demandas.

En el caso concreto de los tribunales civiles, el Código Procesal Civil data de 1990 y no permite una justicia pronta y cumplida porque contiene soluciones antiguas a problemas de la vida actual.

Y como si eso fuera poco, el Código es de aplicación supletoria en todas las otras materias (incluida la penal en la acción civil resarcitoria).

Muchas razones se podrían dar para justificar la inoperancia de la legislación procesal actual en las materias señaladas; sin embargo, basta con dar un solo ejemplo. En el proceso civil actual, un abogado puede presentar recursos contra prácticamente todas las resoluciones que se dicten.

Si cada recurso implica revisar lo resuelto, casi siempre por una instancia superior, no es difícil comprender por qué muchos procesos civiles tardan 10 años, y en ocasiones más, para que se resuelvan.

Proyecto de ley. Precisamente para acabar con ese estado de cosas, el 21 de setiembre del 2010 el Poder Judicial presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto que lleva el número 15.979, que viene trabajándose desde 1998.

Lo que se propone es tramitar los procesos judiciales en un plazo muy breve, eliminar los abusos de los abogados y que la discusión se lleve a cabo en una o dos audiencias consecutivas. Al final de estas se dictará inmediatamente la sentencia. Además, en el texto nuevo se introducen novedosos mecanismos para que la sentencia dictada sea ejecutada inmediatamente.

El proyecto fue aprobado en primer debate, por unanimidad, en el 2014; sin embargo, no ha sido posible que se convierta en ley.

La realidad es, entonces, que tanto los abogados como los jueces debemos trabajar con una legislación procesal que, además de multiplicar el trabajo, impide concretar el ideal de justicia pronta y cumplida.

Las víctimas directas de ese estado de cosas son los ciudadanos, pero no dejan de serlo también los tribunales y los abogados.

Con ello se perjudica nuestra economía, pues uno de los aspectos determinantes de la inversión extranjera es la capacidad de respuesta de los tribunales, y en ello dejamos mucho que desear.

Jorge Alberto López es magistrado de la Sala I.

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