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Actualizado el 23 de marzo de 2017 a las 12:00 am

Cuando uno es contratado, entre lo primero que se pacta está el salario

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Mientras más leo las justificaciones a sus “errores” menos las considero de recibo. Puede ser que en la empresa privada sea diferente, pero cuando uno es contratado, de las primeras condiciones que se pactan es la composición del salario y sí hay beneficios como automóvil, viáticos, estudios, etc.

Es obvio que en esto se ponen de acuerdo empleador y empleado en el primer momento, y es cuando se mide su nivel de escolaridad y requisitos para el ejercicio de una profesión. Asimismo debió ser en el caso de las viceministras, por lo que no veo cómo ellas pudieron pasarlo por alto y achacar, ahora, toda la responsabilidad a la unidad de Recursos Humanos. Entonces, ¿dónde está la falla?

Incluso una de ellas aceptó el rebajo al 45% cuando ha estado cobrando el 65% con el argumento de que en menor medida tiene el derecho a la prohibición, según la ley de enriquecimiento ilícito (que ella misma cita).

La pregunta es ¿cuál prohibición, si al contratarla estaba impedida del ejercicio profesional, lo está aún y lo seguirá estando hasta tanto no se incorpore al colegio respectivo y, para ello, tendrá que graduarse? Así, le corresponde 0% y, en buena ley, debe devolver todo sin esperar pronunciamientos de ninguna entidad.

Otra, en su descargo (copio textualmente de una comunicación oficial) dice: “Fueron ellos quienes calcularon el monto correspondiente a mi salario, incluyendo pluses y demás componentes. En ningún momento de lo que llevamos de esta administración, los funcionarios responsables de estos temas me indicaron que existía un error. Reiteradamente se me fundamentó que el monto establecido era el correcto, lo cual consta por escrito en comunicaciones formales, en las que se me indicó que el 30% de prohibición era inherente al cargo y en razón de mis atestados, afirmando incluso que dicha asignación no dependía de la voluntad del funcionario y era irrenunciable”.

Contradicción. Resulta inaceptable que ambas viceministras ignoren que en la profesión en la que se preparan no se puede ejercer con el nivel de bachillerato.

La última (de lo que sabemos), dice (copio textual): “Fue clara en indicar que ella no había solicitado el pago de dicho incentivo y que luego de un año de recibirlo a través de una publicación, entró en duda y consultó, a lo que encontró que había sido un error de dicho departamento”. ¿Por qué no consultó cuando recibió el primer pago, si sabía que no tenía requisitos?

En fin, si esto no es corrupción, sí tiene visos de “pandemia” y habría que quitar a las unidades de Recursos Humanos de esos ministerios, pero, más allá de sus “errores”, como sugerencia, hay que pedirles una rendición de cuentas para saber si no solo esos pluses es lo que no se han merecido.

El autor es extesorero del PAC.

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