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Vetos y Lázaros legislativos

Actualizado el 28 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Vetos y Lázaros legislativos

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La Sala Constitucional puede cometer errores, y graves; por eso, sabiamente, está autorizada por ley a cambiar de criterio. Sus sentencias son obligatorias, no sagradas.

En 1992, con el voto 3004, la Sala resolvió que el veto presidencial a una ley, por constituir un acto discrecional, puede ser retirado “en cualquier momento”. Que pueda retirarlo pareciera razonable, pero que le esté permitido hacerlo sin límite de plazo no resulta lógico.

El artículo 126 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para ejercer la facultad de veto. Si no lo hace dentro de ese término queda obligado a sancionar la ley.

Ergo, si existe un plazo constitucional para ejercer el poder discrecional de vetar una ley, la posibilidad de dar marcha atrás y retirar el veto también tendría que concretarse dentro de ese mismo plazo. Entender lo contrario implica ignorar lo que dispone la misma Constitución en su numeral 127.

En efecto, frente a un veto presidencial entra a regir el artículo 127 constitucional. Según esa norma, desarrollada por el Reglamento Legislativo (arts. 181-183), la Asamblea puede “resellar” la ley, en un solo debate, con votación de al menos 38 diputados. También puede acoger las reformas que hubiere propuesto el Ejecutivo; en tal caso, deberá aprobarlas en dos debates. Y tiene una tercera opción: ni resellar, ni modificar la ley, sino archivar el proyecto.

Inseguridad jurídica. Un proyecto de ley que ha sido archivado por la Asamblea Legislativa no puede ser revivido desde y por el Poder Ejecutivo para sancionarlo como ley cuando le parezca. Semejante tesis choca con los artículos 9 y 11 de la Constitución, para citar apenas dos, porque destroza la garantía de separación de poderes y rompe con el principio constitucional de legalidad.

De prevalecer ese criterio, la inseguridad jurídica sería absoluta. El Presidente de turno estaría facultado, sin límite de tiempo, a ejercer retroactivamente su poder de veto. Con tan ilimitadas competencias, podría hurgar en los archivos de la Asamblea Legislativa para “resucitar” las leyes que él quiera.

La Constitución prevé distintos tipos de veto presidencial. Unos pueden ser por simple criterio político; otros, por razones de constitucionalidad. Para ambos casos, el 127 constitucional dispone trámites diferenciados en la Asamblea, cada uno con plazos predeterminados. Sin embargo, en 1992 la Sala IV consideró que al Ejecutivo no le corren plazos para vetar o sancionar una ley.

Esto hay que decirlo así porque la facultad de vetar una ley va aparejada con la obligación de sancionarla si no se ejerce el veto. Es decir, ambas son manifestaciones de una misma competencia constitucional del Ejecutivo; las dos son caras de una sola moneda.

Ahora bien, quienes pregonan que el Ejecutivo puede cambiar de criterio cuando veta una ley, ¿aceptan que la misma prerrogativa tendría valor cuando no la veta? En concreto, ¿admiten que el Presidente podría revocar la sanción a una ley? ¿Por qué en un caso sí se vale cambiar de opinión y en otro no?

Porque en esta segunda hipótesis, la ley ya está publicada y quizá haya entrado a regir, responderán ellos.

Y si en el otro caso, el proyecto, que no ley, ha sido archivado en la Asamblea, ¿cómo puede salir directamente de ese panteón legislativo al diario La Gaceta , para integrarse al ordenamiento legal?, nos preguntamos otros.

Don Rubén Hernández ya advirtió que esta es “una discusión jurídica importante”. En mi opinión, además de eso, se trata de un debate urgente e insoslayable, en el que la Sala Constitucional deberá resolver si mantiene o modifica su fallo de 1992. Sólo falta quién le ponga la bola.

Al nuevo Gobierno le conviene que haya mayor claridad en cuanto a si el presidente está autorizado a resucitar modernos Lázaros legislativos, y el país entero necesita una respuesta puntual que garantice seguridad jurídica.

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