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Actualizado el 17 de junio de 2013 a las 12:00 am

Lo normal y razonable es que el Gobierno y los políticos sean objeto de las críticas

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Lo normal y razonable es que el Gobierno y los políticos sean objeto de las críticas –también razonables y respetuosas– de los ciudadanos y de los políticos de otras tiendas. Así se ha desenvuelto siempre el sistema democrático, dado el valor inobjetable de la crítica como factor de rectificación y de revisión.

Esta, sin embargo, es una vía de dos carriles en la que cabe lo contrario: no hay razón alguna para que los gobernantes no puedan, por su parte, ejercer el derecho a la crítica en defensa de sus proyectos, cuando se ha procedido en el marco de la ley. Si así no fuese, todo se distorsiona. Nuestra política ha preferido lo primero, en desmedro de lo segundo. Y si el gobernante o los políticos de su bando salen en defensa de sus puntos de vista –precedidos por lo razonable y respetuoso– se levantan voces aduciendo una ofensa contra la democracia. Este desbalance no conviene al sistema democrático por ser antinatural e injusto.

¿A qué viene esta reflexión? Al enojo proveniente de algunos dirigentes y empresarios por haber la presidenta Chinchilla fustigado, la semana pasada, a algunas empresas por su exceso de apelaciones que, por carecer de fundamentación, han obstaculizado el avance de algunos proyectos de infraestructura. Extraña crítica por cuanto deja al Gobierno en la indefensión, en menoscabo del interés público.

La presidenta Chinchilla aprovechó la coyuntura del proyecto vial entre Villarreal y Veintisiete de Abril, en Santa Cruz, para poner en su lugar a algunos empresarios abusivos, cuyo fin no ha sido la utilización del recurso democrático de la crítica para corregir y mejorar, sino para atrasar. Esta táctica ha sido, lamentablemente, moneda de curso corriente en el orden vial por debilidad de los Gobiernos y prepotencia de algunos empresarios.

Dijo la presidenta Chinchilla: “Se ha entronizado en el país una cultura de bloquear y no permitir que las cosas avancen. Aquí no solo tiene responsabilidad una burocracia que se encuentra amarrada por una legislación absurda, sino también la misma empresa privada. En este caso, acudían, una y otra vez, a las apelaciones por el solo hecho de no haber ganado ellos la licitación”. Así, Conavi tuvo que abrir, en cuatro ocasiones, un mismo proceso de contratación, debido a que en las tres primeras apelaciones los perdedores se basaron en aspectos “absurdos” para oponerse. Si la presidenta Chinchilla no hubiese instado a unos empresarios para que cediesen, en vez de “matarse entre ellos” en el caso de una expropiación, algunos proyectos se hubieran estancado. Estas tácticas contra el interés nacional han sido corrientes en Costa Rica. Una forma execrable de corrupción.

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