Urge optimizar el uso de la infraestructura vial

Para mí, la figura óptima es la concesión al sector privado de obra pública con servicios. La administración Solís parece haber apostado por la del fideicomiso, a mi juicio, un pobrísimo sustituto de aquella, y creo que arriesgamos perder valioso tiempo en esta materia tan principal.

A diario leemos que las ferias ofrecen más y más vehículos nuevos para los ticos; que las importaciones de vehículos usados continúan. Las entidades financieras ponen a la disposición crédito para que ellos puedan ser adquiridos por jóvenes y viejos.

Más, muchos más, vehículos ingresan al mercado que los que se retiran. La pila se llena. Y las calles, puentes y carreteras siguen igual. Eso ha llevado, en las ciudades, a la formación de embotellamientos prácticamente a toda hora, con excepción quizá de las 11 p. m. a las 5 a. m. del día siguiente. La pérdida de energía, tiempo y calidad de vida del tico promedio va en aumento.

¿Quién podrá defendernos? Como no podemos ya recurrir al Chapulín Colorado, tenemos que buscar otra salida al creciente problema de circulación. Encuentro que lo que procede es administrar racionalmente lo que se tiene. Y al respecto me permito hacer un par de sugerencias, para su consideración por parte de expertos y autoridades públicas.

Circulación normal. Sugiero acabar con la restricción vehicular, que no es claro que haya logrado ningún propósito de interés nacional (pues la gente que tiene que trasladarse al trabajo tiene que hacerlo de cualquier forma: en taxi, cambiando vehículo con otro miembro de la familia, etc.).

Eso liberará gran cantidad de inspectores de tránsito, quienes podrían ser asignados a verificar que nadie se estacione en los sitios en que ello está prohibido.

Las multas que eso produzca no solo llevarán recursos al fisco, sino que harán que las calles –aun las angostas– permitan una circulación expedita.

Dictadura blanda. La carga y descarga de mercaderías en sitios de alto tránsito deberá ser programada para horas de la noche, como opera en los países que van a la vanguardia en esta materia. También la recolección de basura.

Todas las rutas de buses tendrán bahías de uso obligatorio por parte de estos, para recoger y dejar pasajeros. Operará la regla de que cuando el bus hace señal para salir, él tendrá prioridad. Habrá multas severas para quienes no respeten esta regla.

En vías anchas y de alto tráfico, como la calle principal de La Uruca, la vía Lindora, las de San Pedro y Escazú, deberán reducirse muchos de los giros a la izquierda, que dan origen a enormes presas y accidentes.

Cuando se ingresa a una de esas vías de alto tráfico, deberá hacerse siempre doblando a la derecha, no a la izquierda, y habrá semáforos y espacios para, ordenadamente, dar vuelta en U cada cierta distancia (por ejemplo, cada kilómetro).

Como la mayoría de la gente no le hace caso a la doble raya amarilla, procede adoptar una solución como la que se dio en la calle al costado sur del Parque Metropolitano La Sabana, en San José, que consiste en colocar, entre la o las vías que van y las que vienen, pequeños y hasta decorativos obstáculos de cemento que impiden doblar donde no se debe.

Decisión práctica. Hay que obligar a que, ante una colisión donde no haya heridos, las partes involucradas se muevan de inmediato hacia donde estorben el mínimo. El no hacerlo aparejará multa.

No es posible que el raspón de dos vehículos se traduzca en una pérdida de tiempo (de una hora o más) para miles de otros conductores inocentes.

Una solución como la propuesta, que cae dentro de lo que se conoce como dictadura blanda, no exige gran erogación por parte del Gobierno, es de rápida puesta en práctica y en poquísimo tiempo mostrará urbi et orbi sus buenos resultados.

No es lógico que la inactividad del Estado en esta materia nos acerque cada vez más a la esclerosis colectiva.

El autor es economista y escritor.