Opinión

Universidades públicas y el próximo gobierno

Actualizado el 10 de marzo de 2014 a las 12:00 am

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El desarrollo futuro de las universidades públicas costarricenses depende en gran medida de su capacidad para mantenerse fieles a sus objetivos sin perder el norte por el cual fueron creadas. También depende de la forma en que logren articularse entre ellas y de la concreción de proyectos orientados a la construcción de una sociedad que aspira permanentemente a elevar el nivel de vida de todos los habitantes.

Del mismo modo, dependen de los planes que pueda impulsar el próximo gobierno, si pretende ejecutarlos con éxito, deberán estar estrechamente ligados al aporte que las universidades públicas puedan ofrecer en el ámbito científico, cultural, social, educativo, deportivo, artístico y económico, entre otros.

Las universidades públicas deben continuar con la formación de profesionales que el país requiere en este momento, y para el futuro, impulsando carreras innovadoras, tanto de índole científica como cultural. Junto a ello, deben preocuparse por la inserción de los nuevos profesionales en la dinámica social y por dotarlos de las mejores herramientas para que puedan incidir con responsabilidad social en un verdadero desarrollo humano.

Cooperación. Las universidades están llamadas, también, a definir políticas para un fortalecimiento de la acción social y de la investigación, concediéndoles mayor importancia curricular a ambas y apoyando la labor que en estos campos realiza su profesorado. Todo ello se realiza en aras de continuar manteniendo su liderazgo y consolidar el trabajo que efectúan unidades de altísima credibilidad a nivel nacional e internacional, como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) o el Instituto Clodomiro Picado, solo para citar un par de ejemplos.

Por su parte, el próximo gobierno debe proyectarse a todo el país, con políticas públicas concretas y con los respectivos recursos. Debe crear, además, políticas públicas de regionalización. Su núcleo de acción debe ser el desarrollo humano en toda su complejidad, lo que no implica desatender el tema de infraestructura y equipamiento.

Para ello requiere plantear proyectos y reformas en áreas tan críticas como la salud y la educación, poniendo especial énfasis en la niñez, la juventud y la vejez, sin descuidar ningún grupo etario. Así mismo, debe ser inclusivo, capaz de escuchar las múltiples voces de la ciudadanía y generar espacios para atender debidamente la diversidad cultural en sus diversas expresiones.

En el marco de la responsabilidad que tanto las universidades públicas como el próximo gobierno tienen con el pueblo costarricense, es conveniente que se establezcan las mejores relaciones de cooperación entre ambas partes. Debe quedar explícito el deber del Gobierno de cumplir con lo que constitucionalmente está definido en materia de financiamiento de las universidades públicas, así como el compromiso de éstas con la excelencia académica.

Lo anterior será determinante para la negociación exitosa del siguiente Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una delicada tarea que conlleva el derecho a una educación superior de calidad.

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