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Uniones civiles

Actualizado el 13 de julio de 2013 a las 12:00 am

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El pasado 1 de julio la Asamblea Legislativa aprobó de manera sorpresiva y con una votación unánime, en el segundo debate, una reforma a la Ley General de la Persona Joven. El proyecto no trascendería al debate público si no fuese por una polémica moción incorporada por el diputado José María Villalta.

Dicha moción establece el reconocimiento legal de los efectos sociales y patrimoniales derivados de las uniones de hecho que constituyan las personas jóvenes de forma pública, notoria, única y estable, por más de tres años y con aptitud legal para contraer matrimonio, sin discriminación por orientación sexual de parejas homosexuales que cumplan los requisitos contenidos en el inciso m) de la ley. Dicha norma excluiría de forma expresa la aplicación a estos casos del artículo 242 del Código de Familia, el cual limita el reconocimiento de las uniones de hecho a las relaciones “ entre un hombre y una mujer ” y tampoco sería necesario esperar que tales uniones terminen para declarar sus efectos jurídicos, sociales y patrimoniales, similares a los que actualmente se confieren a las uniones de hecho y al matrimonio.

Una aclaración requiere la frase “ con aptitud legal para contraer matrimonio ”, la cual debe entenderse referida a requisitos no mencionados, como contar con la edad mínima y capacidad jurídica para contraer matrimonio y no estar casado previamente, pero no debe interpretarse como referida al requisito de que el matrimonio sea entre hombre y mujer, puesto que dicha restricción está siendo superada de manera explícita por la reforma. Además, el requisito de la heterosexualidad de los cónyuges (Código de Familia, artículo 14.6) se referiría a una limitante física y no a una aptitud o capacidad legal para contraer matrimonio.

Así, esta nueva figura jurídica se distingue de la unión de hecho, al poder ser declarada y surtir efecto incluso antes del momento de la disolución del vínculo afectivo y al ser aplicable, en principio, solo a jóvenes. Dista también del matrimonio, con más requisitos, formalidades y derechos, como el de la adopción como pareja, no incluidos en la reforma aprobada por el Congreso.

Esta innovación normativa sería concordante con la jurisprudencia de la Sala Constitucional que señaló: “esta Sala descarta que haya impedimento de alguna naturaleza para la existencia de uniones homosexuales. Más bien, hay una constatación empírica para indicar que han incrementado. Con ello, se presenta un problema que no radica en la norma aquí impugnada sino, más bien, en la ausencia de una regulación normativa apropiada, para regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario.” (Voto Nº 2006-7262). También armoniza con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Atala Riffo, que proscribe cualquier norma, acto, práctica o interpretación discriminatoria basada en la orientación sexual y con el marco jurídico de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que igualmente exige legislar erradicando situaciones discriminatorias por motivos de orientación sexual, como sucede con la reciente reforma.

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Finalmente, cabe señalar que las manifestaciones de arrepentimiento de varios legisladores como Jorge Rojas, Justo Orozco o Manrique Oviedo por haber votado afirmativamente este controversial proyecto, que ampliaría derechos a las parejas jóvenes, tienen poca relevancia en el proceso legislativo, pues la reforma ya fue firmada por la señora Presidenta.

Una vez publicada en la Gaceta, se debe esperar la decisión de los tribunales de familia sobre los primeros casos de parejas jóvenes que acudan a ellos para declarar formalmente sus relaciones. No se debe olvidar que la nueva ley afectaría potencialmente a millón y medio de jóvenes, muchos de ellos homosexuales.

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