El transporte remunerado de personas, en todos sus alcances, es en Costa Rica un servicio público. En el 2011, por medio de la Ley 8.955 se eliminó del Código de Comercio la figura del porteo de personas.
Durante el proceso de aprobación de la enmienda, se le consultó a la Sala Constitucional, y esta afirmó en la sentencia 2011-04778 : “Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado servicio público por el legislador”.
Desde ese momento, se entiende que para transportar personas de manera remunerada es preciso contar con una autorización del Estado, en este caso, del Consejo de Transporte Público (CTP).
En cumplimiento de nuestra normativa, el CTP ha otorgado casi 15.000 autorizaciones para taxis y servicio especial estable de taxi.
La tecnología evoluciona y nos brinda nuevas posibilidades. De primera mano, he visto cómo nuevas herramientas tecnológicas mejoran la eficiencia de un servicio.
Esta innovación tiene que promoverse. Uber, como plataforma tecnológica, podría brindar una oportunidad para mejorar el servicio a los usuarios; sin embargo, toda innovación debe respetar el ordenamiento jurídico.
Si la innovación tiene tantas ventajas para la sociedad, que justifique un cambio en la ley, le corresponde a la Asamblea Legislativa hacerlo y adaptarse a la nueva realidad.
Mientras Uber no cambie su forma de operar o la Asamblea Legislativa no reforme la ley, todo vehículo que se dedique al transporte remunerado de personas sin contar con la autorización debe ser sancionado por infringir la ley de tránsito y la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
Como aplicación, Uber tiene opciones para operar legalmente en el país, como limitar los automóviles que contrata a aquellos que portan autorizaciones del CTP. Sin embargo, inició operaciones con vehículos que no cuentan con la autorización y esto viola la normativa vigente.
La violencia y el vandalismo son actos intolerables. Deploro los acontecimientos ocurridos el viernes anterior. No he hecho ningún llamado a los taxis rojos para que informen sobre los choferes de Uber y mucho menos para que tomen la justicia en sus manos.
Las declaraciones que se me atribuyen nunca se dieron y el titular erróneo fue rectificado rápidamente. Incluso, el viernes pasado, cuando temporalmente se publicó la nota en Twitter, yo aclaré en el mismo medio mi posición. La potestad de hacer respetar la ley es exclusiva del Estado. Espero que este proceso genere una mejora en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Todo esto debidamente apegado a las leyes.
Sebastián Urbina
Viceministro de Transportes
Sebastián Urbina es viceministro de Transporte Público.