Opinión

Transparencia sobre convenciones colectivas

Actualizado el 21 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Antes de una convención colectiva con sindicato y ente público, la opinión pública debe conocerla

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Transparencia sobre convenciones colectivas

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Las pretensiones del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) que, por la vía de la convención colectiva, le han planteado al Ministerio de Educación Pública y de la cual la ciudadanía se ha podido enterar porque el periódico LaNación nos ha informado, nos tiene impactados. Solo así se explica que la opinión pública no haya reaccionado airadamente contra ese planteamiento desproporcionado, irracional y absolutamente injusto.

El planteamiento sindical es preocupante en grado superlativo, porque sabemos que el Estado no tiene capacidad económica suficiente para hacerle frente a esa clase de planteamientos, que ponen en peligro la estabilidad económica y social del país. En años pasados, algunos jerarcas de instituciones estatales, olvidando que son simples depositarios del cargo que transitoriamente desempeñan y que administran fondos públicos, aprobaron convenciones colectivas con sindicatos, acordando privilegios desproporcionados a favor de estos últimos, y siempre lo han hecho sin informar al pueblo, por debajo de la mesa, olvidando que la ciudadanía es la que paga los impuestos y que tienen el deber, y el pueblo, el derecho, de estar enterado de en qué se emplean los recursos públicos.

Por esa razón, es oportuno y conveniente plantear la iniciativa que ojalá pueda recoger algún diputado o diputada para que se convierta en ley de la República, a fin de que se instaure como requisito obligatorio, bajo pena de nulidad, que antes de suscribirse una convención colectiva con un sindicato y un ente público, sea puesta en conocimiento de la opinión pública, haciéndose profusa publicación en varios medios informativos escritos. Asimismo, una vez alcanzados los acuerdos, se le dé amplia publicidad, a efecto de que las convenciones colectivas con el Estado no se tramiten bajo la mesa, sino con base en los principios éticos de claridad y transparencia, como debe ser en una democracia participativa como la nuestra, y garantizar de esa forma a cualquier ciudadano la posibilidad de interponer contra esos acuerdos los recursos legales que la ley acuerda ante los tribunales contenciosos, o bien ante la Sala Constitucional.

Solo así podemos los costarricenses tener la garantía de que los sindicalistas no obtengan con fondos públicos beneficios odiosos y privilegios que atentan contra los principios de igualdad y de justicia social, a espaldas de los ciudadanos que pagamos los impuestos de que se nutre el Estado.

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