Opinión

Transparencia en el combate del hacinamiento

Actualizado el 24 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Transparencia en el combate del hacinamiento

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Tuve el privilegio, hace unos meses, de poner en común con Luis Guillermo Solís la situación del Ministerio de Justicia y Paz y, en especial, del sistema penitenciario nacional. En esa oportunidad, comenté dos aspectos especialmente importantes y vulnerables: el hacinamiento carcelario y la gestión del préstamo del BID para el sistema penal. Para ambos, sostuve que era impostergable generar acciones, así como una estrategia mediática cuidadosa.

Partir de la transparencia como un paradigma irrenunciable es una necesidad imperiosa. La Constitución Política, los principios democráticos y las recomendaciones internacionales exigen la mayor transparencia ante el permanente escrutinio del control jurisdiccional y, por supuesto, ante la opinión ciudadana, máxime cuando se trata de acciones del aparato represivo del Estado.

Seguridad nacional. En la formación de los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social, en la Escuela de Capacitación Penitenciaria, enseñamos el principio de apertura como un valor irrenunciable de los funcionarios penitenciarios. Por ello, ocultar o disfrazar datos de nuestra institución es una práctica indeseable, sobre todo si se argumentan razones sagradas como la seguridad nacional.

Recordemos que el criterio de “seguridad nacional” tiene en América Latina el peor de los antecedentes. Ha sido esgrimido por gobiernos de facto para violar derechos fundamentales. Pues bien, la Sala Constitucional determinó que, en el caso que nos convoca, se violó el derecho a la información al utilizar el lamentable argumento de que estaba en peligro la seguridad nacional de Costa Rica. No es tampoco el único caso. En algunos momentos, hemos tenido que interrumpir los cursos de formación de la Policía Penitenciaria por la misma razón: la seguridad nacional.

En los años de servicio penitenciario, he tenido que lidiar con los medios de información nacional, los cuales se presentan como los paladines de la libertad de expresión, pese a que sabemos que están alimentados por la insaciable necesidad de lucro y fuertemente determinados por grupos económicamente poderosos; sin embargo, vivir en una democracia gobernada por estas determinantes es un asunto con el que tenemos que batallar, y ello no autoriza a ningún ciudadano, y menos a un empleado público, a negar o deformar información.

Hacinamiento. En nuestro país, democracia ejemplar de América, tenemos más de un 50% de sobrepoblación penitenciaria. En la oportunidad en que conversé con Solís, le documenté la aceleración positiva de las cifras de hacinamiento, las proyecciones estadísticas y la imperiosa necesidad de reforzar significativamente el presupuesto para infraestructura y recursos humanos. Incluso, me atreví a entregar cifras de costos de acuerdo con el cálculo hecho por el equipo de trabajo del viceministerio de Justicia y Paz.

En dos artículos publicados en La Nación, intitulados “Brisa fresca entre rejas” ( 3/12/2013) y “Sobrepoblación penitenciaria alcanza el 38%” (31/7/2013), expuse las tendencias y proyecciones en el crecimiento de la sobrepoblación penitenciaria. En aquel momento, aseguré que dilatar una respuesta vigorosa atentaría contra la seguridad ciudadana y que el fortalecimiento presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública y los renovados mecanismos para justicia pronta, así como el abuso en la prisión preventiva, serían determinantes para el crecimiento de la población penitenciaria.

De igual manera, escribí que, de no revertirse el proceso con inversión fresca, el efecto rebote que se produciría en la seguridad ciudadana sería grave, y que los efectos concretos se mostrarían con mayor fuerza a partir del tercer año del actual gobierno.

Los datos entregados por el despacho ministerial, de la presente administración, no son ninguna sorpresa: confirman las tendencias establecidas años atrás por los investigadores del Instituto Nacional de Criminología.

El planteamiento, ahora, es la forma de impactar el problema de la mejor manera y con la mayor fuerza. Es aquí donde los penitenciaristas y cientistas sociales de la Dirección General de Adaptación Social tenemos la obligación de opinar.

Considerando la aceleración de las cifras de crecimiento de la población reclusa y la política de encierro del Estado, es indispensable invertir en infraestructura para alojamiento con mucha mayor intensidad de lo hecho en los últimos años.

Hace unos meses, con participación de arquitectos de la institución, proyectamos la construcción de nuevos espacios utilizando construcciones livianas, de un costo menor al 50% con respecto a la infraestructura pesada. Este tipo de alojamiento albergaría a varios miles de prisioneros de perfiles de mínima custodia y llevaría el hacinamiento a cifras cercanas al 20% al finalizar este gobierno.

Mención especial tendrían los prisioneros por la Ley Penal Juvenil y las mujeres, quienes requieren más programas laborales y educativos, pero actualmente falta la infraestructura necesaria para esto.

El proyecto de atención técnica tendrá que virar y centrar las acciones en educación y trabajo. Con el INA y el ministerio respectivo, se pueden multiplicar las intervenciones actuales, y los profesionales en psicología, trabajo social, derecho y orientación continuarían haciendo estudios y pericias para el Instituto Nacional de Criminología y el Poder Judicial. Las intervenciones propiamente de tratamiento deben redimensionarse con miras a que los recursos de que se dispone amplíen su cobertura.

Reiteramos una vez más que la seguridad penitenciaria debe estar dirigida por expertos penitenciaristas con un concepto claro de “seguridad dinámica”, como recomienda Naciones Unidas, y no modelos importados de otros servicios policiales o centrados en esquemas autoritarios pensados para otros escenarios.

Recordemos las enseñanzas de Elías Carranza, director general del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), con sede en Costa Rica, quien afirma que las prisiones no son fundamentalmente un asunto policíaco: es, ante todo, de atención de necesidades de la población reclusa, como hospedaje digno y generación de oportunidades para combatir la reincidencia. Así también lo dicta nuestra legislación.

Cierto es que necesitamos más y mejores policías penitenciarios, que son importantísimos, pero Costa Rica apuesta –tanto en la sociedad civil como en el sistema carcelario– por el trabajo digno, la educación y la salud, que en la población en las cárceles hace énfasis en la terapéutica personal, familiar y de combate a las adicciones, así como contra la ofensa física y sexual. Tenemos también en esto la experticia requerida.

Unir esfuerzos. El norte, fundamente, debe ser pasar de la eficiencia estatal a la eficacia en el impacto al problema. De poco sirve afirmar que estamos haciendo mucho cuando en la práctica ese “mucho” es insuficiente. De poco o nada le servirán a la ciudadanía nuestros discursos centrados en “lo posible” cuando la realidad dicta, día a día, lo insuficiente del esfuerzo. La historia nos juzgará por la capacidad de resolver el problema y no porque hicimos lo que pudimos.

En el nivel superior del Ministerio de Justicia y Paz, se requiere una conducción gerencial que, sobre todo, conozca el tema, escuche con empatía, sea transparente y esté capacitada para intercambiar opiniones y críticas con los diferentes actores dentro y fuera de la organización.

Los recursos financieros básicos para construir lo necesario son imprescindibles, así como una seguridad penitenciaria consonante con las recomendaciones internacionales del manejo de prisiones.

Debe seguirse el modelo de derechos y obligaciones promovido por Naciones Unidas, en el que trabajan enlazadas la gerencia institucional, el sector administrativo, la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el aparato técnico criminológico y la seguridad de las prisiones.

En Costa Rica, hace un tiempo, esa era la praxis y fue modelo para reformas penitenciarias exitosas, como la que se practica en República Dominicana desde hace unos diez años, donde el Gobierno invierte permanentemente en el sistema penitenciario, construye nuevas instalaciones o reconstruye con vigor las deterioradas; además, capacita su recurso humano en concordancia con un proyecto de atención técnica para los prisioneros.

Así ha dejado poco a poco en el pasado un servicio carcelario centrado en la función policial y caracterizado por la permanente violación de los derechos fundamentales de los prisioneros y los operadores del servicio. Ellos lo están logrando; nosotros también podemos.

Señor presidente, las condiciones heredadas por su gobierno son especialmente desfavorables en muchos aspectos, pero unir esfuerzos guiados por un norte claro permitirá a su gestión enderezar la nave nacional y tomar rumbo en la dirección correcta, pese a los fuertes vientos de la tormenta.

El autor es exviceministro de Justicia y Paz.

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