Opinión

Transparencia y acceso a la información

Actualizado el 16 de mayo de 2016 a las 12:00 am

La Contraloría seguirá insistiendo en la necesidad de acceder a información pública

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Transparencia y acceso a la información

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La transparencia, la calidad de la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana desempeñan un papel preponderante en las democracias modernas.

La transparencia que exige la ciudadanía es fundamental para dar paso a la confianza en las instituciones y su credibilidad, así como para prevenir la corrupción e incentivar la eficiencia y el control ciudadano y político. Es luz que debe existir en todo rincón de nuestra democracia.

Por medio de una encuesta de opinión sobre información y transparencia en las instituciones públicas (www.cgr.go.cr), la Contraloría General de la República ha podido recoger valiosos insumos que, además de ser útiles para los tomadores de decisiones, permiten establecer una clara relación entre el desencanto ciudadano, la urgencia por contar con mejor información y una mayor transparencia en la gestión de las instituciones públicas.

Por otra parte, es necesario reconocer que en los tiempos actuales persiste el debate ideológico en relación con la apertura comercial, donde la información y su manejo, así como la plena transparencia, se convierten en asuntos espinosos del debate público. Esto por cuanto diversos grupos de interés han venido sosteniendo posiciones que tienden a privilegiar su visión particular, sin que obedezca necesariamente a los intereses del país.

El acceso a la información pública es concebido en nuestra Constitución Política como uno de los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Es pilar de una sociedad libre y democrática, porque es condición ineludible para posibilitar y fomentar la participación activa, consciente e informada de los ciudadanos y otros actores interesados en el examen de los fundamentos de las decisiones administrativas y la gestión de los asuntos en que se involucren fondos públicos.

Persistencia. La Contraloría seguirá insistiendo en la necesidad de acceder y compartir información pública de calidad con la ciudadanía y, asimismo, en procurar la mayor transparencia posible sobre la información financiera, contable y presupuestaria de las instituciones públicas, cuyos recursos pertenecen a la colectividad y no a un grupo en particular.

Sabemos que en esto hay excepciones, como lo es la información que pueda exponer el negocio público a la competencia por razones comerciales, industriales o económicas. Lo que la Contraloría no considera aceptable, tal como lo ha reiterado en diversas ocasiones, es que la excepción se convierta en la norma, haciendo prevalecer la opacidad sobre la transparencia.

Es indispensable que las instituciones se sometan de una vez por todas a modelos contables basados en normas aceptadas internacionalmente, tal como se ha venido insistiendo ante la Contabilidad Nacional desde hace varios años (proceso con avance limitado), de modo que la información sea estandarizada y veraz, lo cual es tan importante como tener acceso a los datos, en momentos en que se demanda mayor transparencia.

Practicar esas normas permite determinar la situación real de las finanzas de toda institución pública. La exigencia ciudadana debe conducirnos hacia este nuevo estado deseable de cosas.

Claridad. El debate nacional en materia de transparencia, información y rendición de cuentas debe ser resuelto en favor de la ciudadanía, no a sus espaldas; debe resolverse en aras del interés público, no de intereses particulares.

El Estado debe armonizar esta urgencia de los tiempos con la posición de un sector de opinión que considera, en forma razonable, el riesgo de brindar información de forma abierta en un marco de amplia competencia, donde los entes privados pueden tomar ventaja que puede afectar algunas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Deben establecerse, entonces, de forma clara, las fronteras entre la exigencia colectiva por transparencia y el interés específico de preservar y proteger esas áreas que el Estado considera fundamentales.

Atender esta contradicción con la brevedad posible es indispensable, no solo para evitar innecesarias confrontaciones institucionales e incluso sociales, sino también para proteger y fortalecer nuestro sistema democrático.

Esto es tan importante y urgente como garantizar la información de calidad necesaria para revelar la salud de las finanzas institucionales. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, y tal es el caso del acceso a la información de calidad a la que tiene derecho la ciudadanía respecto de las instituciones públicas.

Interpretación errónea. Paradójicamente, alguna legislación actual ha posibilitado que, de forma unilateral, en algunos casos, llegue a interpretarse que gran parte de la información institucional es confidencial. O bien, que la información, aunque abundante, no conduce a resultados certeros sobre la salud financiera de las entidades.

Esta confidencialidad, como prerrogativa, no debe entrar en conflicto con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. Más bien, debe buscarse la armonía.

Es cuestionable una manifiesta inconsistencia estatal de que unas entidades apelen a la casi absoluta confidencialidad, mientras otras, igualmente en competencia, no lo hacen.

Este es, en esencia, el sentido de la perspectiva y la lucha que, sobre este asunto, mantiene y habrá de mantener la Contraloría General de la República en el debate público.

La autora es contralora general de la República.

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