El juicio contra la red acusada de tráfico de órganos deja muy desacreditados a quienes gobiernan en la CCSS y, sobre todo, al Calderón Guardia. Los testimonios de un investigador del OIJ, y de una mujer que vendió un riñón, revelan cómo ese hospital fue tomado como un bien particular y nadie, nadie, nadie, solo una enfermera, hizo algo por parar los abusos.
Todo empezó la noche del 10 de agosto del 2012 cuando entró a cirugía urgente un joven baleado. Para detener la hemorragia en una arteria cerca de la ingle, se requería una “canasta de abdomen” que contiene pinzas y otros instrumentos. No apareció en ninguno de los 19 quirófanos con lo cual se puso en riesgo la vida del muchacho.
Preocupada, la enfermera jefa de turno, una interina, comenzó a investigar.
“Me fui a preguntarles a los compañeros de Arsenal Quirúrgico y me dijeron que la canasta no estaba (...); luego veo que hay órdenes de salida firmadas por tres funcionarios”, dijo en su relato en el 2012. Precisamente, en esos documentos, en el espacio de “destino”, se indicaba que la canasta iría al centro privado Hospital La Católica.
El trámite lo firmaron un médico, la jefa de las salas de cirugías y una enfermera.
Si estos funcionarios pusieron su nombre en ese papel es porque había tolerancia a sacar equipos hacia centros privados. Y de seguro esa permisividad venía de mandos superiores, los únicos que tienen poder para que un guarda se haga de la vista gorda.
En su momento, con el escándalo en prensa, la CCSS y el director anunciaron sanciones. ¿Hubo despidos o hubo total tolerancia?
Lo que ocurrió en ese momento era para castigar y lo que se debate ahora en el juicio, de que la canasta fue usada para un trasplante de riñón vendido, es para cero condescendencia: despidos.
En el juicio se ha citado, además, que un consultorio y teléfonos del hospital, y hasta equipos para exámenes previos al trasplante fueron usados por la red de imputados.
Nunca es tarde para que la CCSS siente el precedente.
La Junta Directiva, la Gerencia Médica y la Auditoría deben abrir los ojos —no cerrarlos— ante este tipo de corrupción y dar una esperanza decidiendo sanciones.
Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.
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