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Tiempos de cambio

Actualizado el 22 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

Como decía Kirchmann, “una sentencia audaz convierte en polvo bibliotecas enteras”

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Me enteré por la prensa que dos recursos de amparo que presenté a la Sala Constitucional fueron rechazados. En el Poder judicial de nuevo cuño, el recurrente es el último que se entera. Estamos ante la crisis de la notificación y el Poder Judicial es noticia.

Sin conocer el razonamiento del juez y su análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, como se estilaba antes, pero con pleno conocimiento de las graves consecuencias que tiene no reaccionar a tiempo frente a circunstancias adversas, procedo a compartir las siguientes observaciones:

En el siglo pasado, en las escuelas de leyes se enseñaba que el artículo 30 de la Constitución Política, que se ocupa del acceso y conocimiento público de los asuntos oficiales, ubicado en el capítulo de derechos y garantías individuales, le otorgaba a las personas un derecho que se hace valer de forma inmediata frente a las autoridades públicas. Se decía que esos derechos se traducen en una exigencia imperativa que el gobernado reclama a los gobernantes.

Nos repetían que los derechos fundamentales solamente podrían ser regulados por medio de una ley, que sus limitaciones solo podían ser establecidas por la Asamblea Legislativa, porque únicamente los ciudadanos, por medio de sus representantes en el Parlamento, pueden consentir normar el régimen jurídico de sus libertades. Que al Poder Ejecutivo le estaba vedado ordenar autónomamente las libertades fundamentales, por medio de reglamento o de otro instrumento.

Derechos y garantías. También nos enseñaban que los derechos fundamentales son reconocidos como una fórmula para crear espacios de libertad del individuo, porque son inherentes e indispensables para el desarrollo de su personalidad.

Por tal motivo, los artículos de la Constitución que los establecen están diseñados para promover y apoyar la libertad de los particulares y nunca pueden ser aplicados de manera directa o indirecta para limitarlas o desconocerlas.

Aprendimos que los derechos fundamentales tenían métodos interpretativos propios, el principio pro libertatis y el principio pro homine, en virtud de los cuales la interpretación de los textos que los enuncian debe hacerse en forma extensiva, reconociendo todo aquello que los favorezca y restringiendo su limitación, porque los derechos y garantías que contiene la Constitución se establecen para proteger la libertad y no para limitarla o reducirla.

Nos enseñaron que tales normas deben aplicarse siempre de manera que favorezcan a la persona humana porque es la titular de los derechos y garantías individuales y no el Estado o la sociedad.

Limitación. En los recursos que me fueron rechazados, según lo señalan las noticias, el artículo 30 constitucional se utilizó de manera directa en contra de mis garantías individuales, negándome el derecho que me asiste de tener acceso a documentos de interés nacional y personal. Se aplicó como una limitación y no desde una visión amplia, propia del régimen de libertades.

La Sala Constitucional lo usó para otorgarle al Poder Ejecutivo potestades que la Constitución no le concedió. A partir de ahora, por simple acuerdo administrativo, el presidente y el canciller tienen la capacidad de decidir cuáles son los documentos que pueden mantenerse alejados del conocimiento público argumentando un impreciso secreto de Estado.

Repasando textos del Dr. Rubén Hernández, claros, sencillos y contundentes, recordé sus sabias enseñanzas sobre las prerrogativas y las garantías, y de como decía Kirchmann, “una sentencia audaz convierte en polvo bibliotecas enteras”.

Un último reconocimiento a los suecos, oportunos y proféticos, cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan y nos recordaron aquella canción de tan renombrado artista The times they are changing.

Realmente los tiempos y la jurisprudencia “están cambiando” y esta última seguirá variando a la sombra de las circunstancias.

Sí al cambio, pero no atropellando nuestra Carta Magna, sino protegiendo y potenciando los derechos fundamentales.

El autor es diputado del PLN.

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