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¿Tiempo de cierre fiscal?

Actualizado el 04 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

El compromisocon la sostenibilidadde las finanzaspúblicas

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BRUSELAS –¿Es hora de consolidación fiscal o de estímulo? ¿Deberían los Gobiernos reducir o aumentar su gasto? Nuevamente esta es cuestión de disputa entre los responsables de políticas y economistas. Los ciudadanos están comprensiblemente confundidos. En 2008-2009 se les dijo que lo imperativo era estimular la economía y en 2010-2011, que había llegado el momento de reducir el gasto. ¿Deben revertirse una vez más las prioridades?

En octubre, durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, el economista en jefe, Olivier Blanchard echó leña al fuego de la controversia al resaltar que recientemente los Gobiernos han tendido a subestimar las consecuencias negativas para el crecimiento producidas por la consolidación fiscal. Generalmente han asumido que limitar el gasto público en un dólar produciría una reducción del PBI de 50 centavos en el corto plazo; según Blanchard, el verdadero resultado en las condiciones actuales es una disminución de entre $0,90 y 1,70. Se trata de una gran brecha, pero también de un hallazgo desconcertante: ¿cómo es posible tal nivel de incertidumbre?

Efectos de la política fiscal. A diferencia de lo que pueden sugerir esas disparidades en los pronósticos, los economistas conocen mucho sobre las consecuencias de la política fiscal, al menos, mucho más de lo que solían. Hasta la década de 1980 se suponía que el «multiplicador» –la tasa de cambio del PBI ante cambios en el gasto gubernamental– era estable y mayor que uno. Se pensaba que un recorte de un dólar reduciría el PBI en más de un dólar, en forma tal que las reducciones en el gasto tenían un costo económico (y, por contrapartida, los estímulos eran eficaces).

Luego llegó la contrarrevolución, que presentó una larga lista de motivos por los cuales el multiplicador probablemente fuese mucho menor. Recortar el gasto, se dijo, reduciría la inflación. El banco central reduciría las tasas de interés, los hogares gastarían anticipando menores impuestos; y la confianza empresarial aumentaría. Al final, los impactos sobre la producción serían mínimos, o incluso inexistentes.

Recorte del gasto público. Los economistas son un grupo bastante rebelde, pero son también tenaces investigadores, por lo que la controversia impulsó nuevas investigaciones sobre los efectos de las reducciones presupuestarias. Se desarrollaron nuevos métodos para medir su impacto; se introdujeron nuevos enfoques para considerar la posibilidad de variaciones en el multiplicador en el tiempo; y se compilaron nuevos datos para incorporar mejores decisiones presupuestarias reales.

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Todo este esfuerzo produjo resultados. Ahora sí contamos con evidencia convincente que indica que la misma decisión de recortar el gasto público puede producir consecuencias muy diferentes según la situación económica. Esto puede ser un paraíso para los especialistas en políticas, pero también presenta implicaciones significativas para las decisiones gubernamentales.

Estimular era lo correcto. Los efectos adversos de corto plazo sobre el crecimiento producidos por un recorte en el gasto probablemente serán mayores cuando la economía ya está en recesión, los socios comerciales también recortan el gasto o aumentan los impuestos, la tasa de interés del banco central es ya cercana a cero, y los mercados no están especialmente preocupados por la capacidad gubernamental de repago de la deuda. En esas condiciones, como las de 2009, el valor del multiplicador puede ser cercano a dos. Por lo tanto, hubiera sido letal embarcarse en una consolidación fiscal en ese momento. Estimular era lo correcto.

Pero, cuando la economía florece, es improbable que los efectos de un recorte fiscal sean nocivos. Por lo tanto, era correcto comenzar a planificar un cambio cuando la recuperación comenzó a materializarse.

Las cosas son más complicadas cuando las finanzas públicas se ven sometidas a agudas tensiones y los mercados muestran preocupación sobre la solvencia soberana, como en el caso del sur de Europa. La evidencia empírica para este tipo de situación es escasa, ya que esas situaciones eran infrecuentes hasta hace poco. Pero es lógico considerar que restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas puede tener efectos fuertemente positivos sobre la confianza y el interés de los bonos. Simultáneamente, si la economía ya está experimentando una fuerte contracción, como suele suceder en estas situaciones, un recorte en el gasto tendrá graves efectos negativos sobre la demanda interna.

La mejor forma de solucionar este dilema es tomar medidas que mejoren las finanzas públicas en el largo plazo sin producir efectos negativos en el corto, como una reforma del sistema público de jubilaciones. Aumentar la edad jubilatoria, por ejemplo, mejora la perspectiva de las finanzas públicas, pero no impacta sobre la demanda en el corto plazo.

Como en Grecia. En términos más generales, las medidas que señalan de manera creíble que las finanzas públicas serán más sólidas en el futuro son deseables –asumiendo, obviamente, que los Gobiernos aún cuenten con cierta credibilidad–. Cuando esta se dilapida, como en Grecia, las promesas pierden su valor y los gobiernos no tienen otra alternativa que recortar el gasto inmediatamente.

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Entender las condiciones prevalecientes ayuda a fijar la agenda actual. La economía mundial actualmente está desacelerándose; muchos países europeos –y la zona del euro en su conjunto– sufren una recesión; las tasas de interés de los bancos centrales son excepcionalmente bajas y es poco probable que aumenten pronto; y la mayoría de los países desarrollados están recortando su gasto público. Esto sugiere precaución en los esfuerzos de consolidación. Al mismo tiempo, los niveles de deuda pública continúan aumentando, y muchos países han perdido acceso a los mercados o corren el riesgo de perderlo debido a la precaria situación de sus finanzas públicas. Esto, como contrapartida, implica la necesidad de reducir el gasto.

La receta. La receta para los responsables de políticas incluye entonces cuatro partes:

Siempre que la sostenibilidad de las finanzas públicas esté en riesgo (y así es en casi todo el mundo desarrollado, excepto en Australia, Canadá y unos pocos países del norte de Europa, incluida Alemania) los Gobiernos deberían continuar consolidando, pero a un ritmo moderado.

Los Gobiernos no deberían aumentar la consolidación solo porque la desaceleración reduce los ingresos fiscales, y no deberían fijar metas extremas para sus déficits del año próximo.

En situaciones fiscales extremadamente problemáticas, los gobiernos no pueden darse el lujo de desacelerar la consolidación. Pero deberían enfatizar todo lo posible las reformas del gasto que mejoren creíblemente las perspectivas y limiten los efectos adversos en el corto plazo.

Finalmente, los funcionarios en todas partes deben invertir en instituciones que ayuden a convencer a los mercados de su compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En situaciones difíciles, los funcionarios no deben confiar en escenarios optimistas y esperar que se les crea. Al contrario, deben comunicar claramente su forma de pensar y sus intenciones a mercados y ciudadanos.

Jean Pisani-Ferry es director de Bruegel, un grupo de expertos en economía internacional, profesor de Economía en la Universidad Paris-Dauphine, y miembro del Consejo de Análisis Económicos del primer ministro de Francia.

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