EscucharHONG KONG – El 12 de noviembre, la Tercera Sesión Plenaria del 18.° Comité Central del Partido Comunista Chino (PCC) anunció un importante giro hacia políticas con orientación de mercado: liberalización de las tasas de interés y la moneda, reforma de los bancos y las empresas estatales, un régimen de propiedad más claro para los habitantes rurales y una mejor situación para los migrantes urbanos.
Detrás de esta decisión histórica hubo una crisis potencial. El éxito de China fue impulsado por exportaciones baratas basadas en mano de obra barata, infraestructura construida por empresas estatales con financiamiento bancario de bajo costo y presupuestos gubernamentales financiados por la venta de tierras. Pero la mano de obra ya no es barata, las construcciones de caminos para conectar a las ciudades más importantes han cedido lugar a la construcción de grandes centros de compras en pequeños pueblos y las ventas de tierras basadas en la rezonificación están alcanzando tanto sus límites económicos como los de tolerancia de los vecinos.
El dinero barato y la limitada capacidad para canalizar inversiones generan el riesgo de alimentar burbujas inmobiliarias y capacidad excedente en la industria. De no mediar cambios fundamentales, China enfrenta un menor crecimiento económico, una inadecuada creación de empleos e innovación, y estallidos de burbujas.
La solución es un rápido cambio del modelo chino de crecimiento, basado en exportaciones, a uno sostenido por la demanda interna; de la infraestructura al consumo; del dominio de las grandes empresas estatales (EE) al de las pequeñas y medianas empresas privadas; de la industria a los servicios, y, en términos más generales, del control burocrático al control de mercado.
Todos los países asiáticos exitosos han logrado este cambio. Corea del Sur y Taiwán son modelos de ello. Pero los cambios rápidos implican descomunales dolores. Las EE perderán sus créditos con bajas tasas, la tierra subsidiada, la protección de sus monopolios y la vivienda privilegiada. Las burocracias partidarias y estatales perderán poder e ingresos.
Los gobiernos locales están en una situación especialmente desesperada. Tienen deudas enormes, que amortizarán a través de rezonificaciones y ventas de tierras. Oprimidos ya por los exorbitantes precios de los inmuebles y la resistencia popular a las tomas de tierras, enfrentan ahora mayores tasas de interés, impuestos a la propiedad, vecinos con mayores derechos y onerosas nuevas demandas de provisión de servicios sociales a los migrantes. La desesperación de los potentados locales y los ejecutivos de las EE han creado una poderosa resistencia a la reforma.
En una sesión plenaria –según se informa– marcada por la acritud, los líderes políticos chinos se pusieron del lado de la reforma. En palabras de un planificador económico, a quien se le preguntó por la resistencia antes de la reunión decisiva: “A fin de cuentas, todos nuestros líderes entienden los números. Las implicaciones de los números son claras”.
El anuncio de la decisión de la Tercera Sesión Plenaria asumió la forma de una declaración de principios amplios, que preocupó a muchos observadores por su falta de detalles. Pero el rol del PCC es fijar la dirección de las políticas, pues ejecutar las decisiones del Partido es trabajo del Gobierno. Y la Sesión Plenaria estableció un grupo de alto nivel para coordinar y hacer cumplir la implementación de sus decisiones.
Si bien la implementación implicará una larga lucha con una resistencia ocasionalmente feroz, las reformas claves ya están en camino. El actual 12.° Plan Quinquenal requiere aumentos salariales anuales promedio de, al menos, el 13,4%. Este año, los salarios están aumentando a una tasa promedio del 18%, que asfixiará a las industrias caracterizadas por la obsolescencia o la capacidad excedente. Además, la campaña anticorrupción del Gobierno está enfocada en algunos de los grupos industriales más poderosos, como el del petróleo, debilitando así su resistencia a la reforma.
Lo más importante es que los resultados económicos cada vez están más alineados con las metas de las autoridades. Los servicios ya producen más valor agregado y empleo que la industria –la empresa de Internet Alibaba, por ejemplo, está otorgando poder tanto a los consumidores como a las empresas más pequeñas en una escala antes inimaginable– y el crecimiento reciente ha estado impulsado por la demanda interna más que por las exportaciones netas. La reforma no es solo un plan, está ocurriendo.
La apertura económica hacia Asia Central y la Asean (específicamente, Vietnam) ya ha avanzado mucho y la reforma incluirá una mayor apertura internacional. Las decisiones de la Tercera Sesión Plenaria siguen al lanzamiento, en septiembre, de la zona de libre comercio de Shanghái, que abrirá nuevos sectores a la inversión extranjera y permitirá transacciones financieras y flujos de capital basados, en gran medida, en el mercado. Se busca que la liberalización de los flujos de capital se convierta en una política nacional gradual, canalizada a través de instituciones leales en Shanghái.
Para el comercio de bienes, la idea es que la nueva zona de libre comercio compita directamente con Singapur y Hong Kong. China teme la dependencia de esos centros de distribución en caso de conflicto. Para los inversores externos, la política será ampliar en gran medida el abanico de oportunidades, restringiendo simultáneamente el control extranjero. Las empresas extranjeras, por ejemplo, podrán mantener participaciones minoritarias en el sector de las telecomunicaciones, excepto ciertas empresas extranjeras dominantes, como Monsanto, que sufrirán restricciones.
El presidente, Xi Jinping, enfrenta la políticamente riesgosa tarea de impulsar la agenda de reformas del PCC contra una feroz oposición en tiempos de desaceleración económica. Al enfatizar el control del Partido –a través de una ofensiva contra las EE, los oponentes del Gobierno y los críticos en los medios y la academia–, Xi busca maximizar su capacidad para imponer reformas económicas y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de un desafío por parte de las fuerzas conservadoras.
Por encima de todo, está decidido a evitar la suerte de líderes chinos previos como Hu Yaobang y Zhao Ziyang, quienes perdieron sus puestos luego de que una masa crítica de sus oponentes comenzara a creer que la reforma económica y política ponía en peligro el control del Partido. Al menos por ahora, China se centrará en otra gran ola de reformas económicas, mientras que la reforma política se verá limitada en gran medida a la reorganización de las agencias gubernamentales para impulsar la eficiencia y fortalecer los esfuerzos para reducir la corrupción. (Ha habido algunos pasos hacia la reforma, incluida la decisión de retirar a jueces del control político local).
Sin embargo, será cada vez más difícil para China posponer medidas más profundas que aplaquen las demandas populares de justicia, incluido el establecimiento de un poder judicial independiente, que podría resultar un imperativo no menor que las reformas económicas estructurales. De igual manera, los líderes deben aceptar gran parte de las limitaciones a los controles que implica la revolución informática, o insistir con una represión mucho más costosa.
La esperanza de la reforma política descansa en la posibilidad de que el segundo período de Xi logre el acceso a las máximas posiciones de liderazgo de reformadores como el miembro del Politburó Wang Yang y el vicepresidente, Li Yuanchao. Por ahora, sin embargo, las metas de China se centrarán en otra gran ola de reformas económicas.
William H. Overholt es investigador superior en el Fung Global Institute y el Asia Center de la Universidad de Harvard. © Project Syndicate.
