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Tarea pendiente en aguas residuales

Actualizado el 11 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Tarea pendiente en aguas residuales

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Desde la década del 70, el país dejó de lado el saneamiento ambiental básico, específicamente la recolección, el tratamiento y la disposición adecuada de las aguas residuales.

El rezago genera una situación crítica que los diferentes gobiernos soslayan y que poco a poco nos hunde en el fecalismo.

La cobertura en el servicio de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales alcanza hoy en día en Costa Rica un exiguo 3,6%. Los sistemas de mayor capacidad pertenecen al AyA, de tecnología antigua y en desuso en países desarrollados.

En la mayoría de ellos, según los informes del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), el proceso no cumple con la legislación actual y dichas aguas se vierten en cuerpos receptores, lo que genera degradación y contaminación. Excepción interesante es el sistema de emisario submarino de Limón, que sí cumple con la normativa existente.

Entre el 70% y el 75% de la población costarricense sigue utilizando el método de tanque séptico y drenaje, incluso en terrenos no aptos por sus condiciones. Peor aún, hay sitios donde la fuente que abastece de agua potable está en las inmediaciones de los campos de infiltración, y se quiera o no los “usuarios” de esos caseríos terminan reciclando el agua residual para consumo.

Privado y público. En Costa Rica, en el sector privado hay algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales que cuentan con tecnologías de última generación (GEM, DAF, BCR, MBBR), con operación manual o completamente automatizada, telemetría, etc.

Esto contrasta con la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, proyecto del AyA que, con un costo calculado en $344 millones, plantea únicamente un tratamiento primario (remoción de sólidos) y digestión de lodos, cuando ya en el país la mayoría de los sistemas contemplan tratamiento secundario (estabilización de la materia orgánica disuelta), y, en el sector privado, hay algunos casos donde no solo se llega a tratamiento terciario (pulimento, filtración y desinfección), sino también a la reutilización del agua tratada.

La efectividad del proyecto del AyA depende de que las aguas residuales efectivamente lleguen a la planta de tratamiento; sin embargo, las condiciones de la red colectora solamente permitirán que llegue una fracción del caudal, con lo cual quedará una gran cantidad en las cuencas del área metropolitana y alrededores.

Es el sector privado, el que cuenta con la capacidad económica y la factibilidad técnica para tratar sus aguas residuales de manera eficiente; no obstante, es donde se generan los mayores vacíos.

Gran parte de este problema viene de la ausencia de voluntad política para hacer cumplir las leyes y reglamentos.

Según la legislación, todo ente generador, es decir, toda aquella persona física o jurídica que vierte sus aguas residuales a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario (no se incluyen casas de habitación), como, talleres, panaderías, curtiembres, autolavados, laboratorios, hospitales, clínicas, industrias, colegios, escuelas, restaurantes, centros comerciales, industrias, etc., deben presentar periódicamente informes sobre las características de su vertido, de modo que se cumpla lo establecido para cada caso.

Sin embargo, de acuerdo con datos del 2013 del Ministerio de Salud, solamente hay registrados 5.028 entes generadores, de los cuales únicamente un 30% presentan informes (es decir, 1.509), y de ellos no se sabe cuáles cumplen o no. Además, no hay ninguna consecuencia o acción a raíz de este incumplimiento.

¿Cuántos entes generadores con plantas de tratamiento o sin ellas descargan aguas directamente a cuerpos receptores? ¿Cuántos las vierten al alcantarillado sanitario excediendo los límites? ¿Cuántas plantas no cuentan con permisos y operan?

Muchas preguntas y pocas respuestas. Es necesario realizar esfuerzos para lograr el cumplimiento de la legislación y que esta no sea simplemente letra muerta.

Los esfuerzos los deben liderar el Gobierno y las instituciones de control, con la participación del sector privado y los entes técnicos, como universidades y colegios profesionales. Para ello, deben coordinarse y así evitar duplicidades, generar alianzas estratégicas, establecer políticas y, muy importante, agilizar los trámites. No podemos esperar más la resolución de esta tarea pendiente.

El autor es microbiólogo.

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